El referente del género RKT, Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, fue detenido en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, tras ser interceptado por la Policía Bonaerense en un control vehicular. El hecho ocurrió mientras circulaba a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok que no poseía chapas patentes visibles.
Durante la inspección del vehículo, en el que viajaba acompañado por un joven de 27 años, los efectivos de la Comisaría 4° de Benavídez hallaron una pistola Glock calibre .40 con la numeración de serie limada, cargada con una docena de proyectiles y lista para disparar.
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La situación judicial de Callejero Fino y la reacción de su entorno
La causa quedó radicada en la UFI de Benavídez, bajo la supervisión del fiscal Cosme Iribarren. En principio, el cantante fue imputado por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, la fiscalía evalúa agravar la calificación a portación ilegal, dado que el armamento se encontraba en el habitáculo de un vehículo en la vía pública, en condiciones inmediatas de uso.
Uno de los puntos de mayor preocupación para su defensa letrada es la condena previa a seis años de prisión por robo a mano armada que cumplió el artista. Esta situación procesal anterior resulta determinante, ya que el fiscal debe evaluar si concede o deniega la excarcelación en función del riesgo de reincidencia.
A través de las redes sociales de su entorno y la discográfica que lo representa, se emitió un comunicado oficial en el que se indicó que Callejero Fino “se encuentra atendiendo un requerimiento y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”, solicitando al público y a los medios mantener la cautela hasta que existan novedades oficiales.
Qué diferencia hay entre tener y portar armas en Argentina
En el marco del derecho penal y la normativa regulada por la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex RENAR) en la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, existen marcadas diferencias entre la tenencia y la portación.
Por un lado, la tenencia consiste en el derecho a poseer legalmente un arma, mantenerla en el domicilio verificado y usarla en polígonos o predios autorizados. En cuanto a su traslado, debe estar descargada en su funda o caja, con el cargador separado y separada de las municiones.
En cuánto a la definición legal de portación se faculta al legítimo usuario a disponer del arma cargada y en condiciones de uso inmediato en el espacio público o dentro de un vehículo. Es una condición de carácter restrictivo y excepcional ya que requiere acreditación de razones de seguridad de extrema necesidad.
El Código Penal argentino sanciona severamente la falta de autorización legal para ambos casos:
- Tenencia ilegal de arma de guerra: Tipificada en el artículo 189 bis, prevé penas que van de 2 a 6 años de prisión. Si el número de serie se encuentra suprimido o limado, constituye un agravante directo.
- Portación ilegal de arma de guerra: Contempla penas de 3 a 8 años y seis meses de prisión efectiva.
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Cuáles son los requisitos para portar armas en Argentina
Para que una persona pueda portar legalmente un arma de fuego en el territorio argentino, debe cumplir con un exhaustivo proceso de habilitación estatal que consta de dos etapas obligatorias.
En primer lugar, la persona debe obtener la Credencial de Legítimo Usuario (CLU). Entre los requisitos figura que debe ser mayor de 21 años y poseer DNI argentino y acreditar medios de vida legítimos. Además, debe someterse a evaluaciones médicas y psicológicas firmadas por profesionales matriculados autorizados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), al igual que un certificado de idoneidad tiro-técnica expedido por un instructor de tiro habilitado.
A diferencia de la tenencia, la credencial de portación se concede de forma extraordinaria y discrecional. Además de contar con la CLU vigente y el arma registrada a nombre del solicitante, se exige:
- Justificación de riesgo real e inminente: Presentar documentación objetiva que demuestre una amenaza concreta a la vida o integridad física que no pueda ser resguardada por las fuerzas de seguridad públicas.
- Aprobación de exámenes psicofísicos de mayor rigurosidad.
- Dictamen favorable de las autoridades de la ANMaC, renovable en plazos breves, habitualmente un año.
