Keiko Fujimori, Jorge Nieto, Rafael Belaunde y otros postulantes protagonizaron el debate presidencial en Perú de cara a las elecciones presidenciales fijadas para el 12 de abril. Los candidatos fueron consultados por sus planes de seguridad para enfrentar la criminalidad en un país atravesado por un nivel de violencia en aumento.
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Seguridad: el eje central del debate presidencial en Perú 2026
En 2025, Perú registró su año más violento con 2.213 homicidios, lo que supone un promedio de 6,07 muertes violentas por día. El año anterior se registraron 2.083 casos, y en 2023 la cifra fue de 1.511, lo que implica un aceleramiento de la violencia criminal en las ciudades de Lima y Callao.
En ese sentido, el debate presidencial de cara a las elecciones de 2026 en Perú tuvo como uno de sus ejes principales la seguridad ciudadana, en un contexto marcado por el crecimiento del crimen organizado, el sicariato y la extorsión.
Durante la tercera jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), más de una decena de candidatos presentaron sus propuestas para enfrentar la delincuencia, con énfasis en políticas de control, reformas institucionales y endurecimiento de penas.
Las exposiciones evidenciaron un consenso general sobre la gravedad de la crisis de seguridad, aunque con diferencias en los métodos para combatirla.
Keiko Fujimori y la apuesta por la “mano dura”
Una de las posturas más contundentes fue la de Keiko Fujimori, quien reafirmó su enfoque de “mano dura” contra la criminalidad.
La candidata propuso endurecer las acciones del Estado frente al delito, con mayor respaldo a las fuerzas de seguridad y políticas más estrictas contra el crimen organizado. Su línea se identifica con un discurso de autoridad y control frente a la violencia creciente en el país.
“Hoy nuestro país vive al revés: los ciudadanos de bien están con miedo en sus casas, tras las rejas, mientras los delincuentes están en las calles, y bien, gracias. Nuestro país no aguanta más improvisación. Toda nuestra energía estará centrada en lo que sabemos hacer: mano dura contra la delincuencia”, dijo Fujimori en su exposición.
En su plan de gobierno, Fujimori propone programas sociales para niños y adolescentes en zonas de alta vulnerabilidad juvenil, así como mayor inversión en cámaras, iluminación, equipamiento y recursos para el patrullaje de las calles.
Además, promete impulsar una reforma integral del sistema de justicia, la ampliación de la infraestructura carcelaria, y la integración de las fuerzas armadas en la seguridad interior y en un penal de jóvenes infractores.
Su meta para el 2031 es reducir en 20% la tasa nacional de homicidios mediante patrullaje integrado, prevención juvenil y recuperación de espacios públicos.
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Jorge Nieto: críticas al corrupción y a las “leyes procrimen”
El candidato Jorge Nieto adoptó un enfoque crítico, señalando fallas estructurales del Estado en la lucha contra la delincuencia. El candidato vinculó el fracaso de la lucha contra la delincuencia con lo que denominó una “coalición por la impunidad” enquistada en las instituciones del Estado.
Durante el debate, cuestionó la modificación de la tipificación del crimen organizado y los allanamientos, lo que terminó por favorecer a los delincuentes según la apuesta del partido Buen Gobierno. También apuntó contra la clase política, a la que acusó de permitir el avance del crimen por falta de decisión.
Si se convierte en presidente, Nieto promete volver al marco legal anterior mientras se trabaja en “una política normativa integral en materia de seguridad ciudadana”.
Por otro lado, una medida clave es el fortalecimiento de la coordinación con INTERPOL, Comunidad Andina y OEA para el combate al Tren de Aragua y otras redes transnacionales.
Su plan de gobierno prevé incrementar en 100% los operativos conjuntos de lucha contra economías ilegales (minería, tráfico de personas, drogas) y establecer convenios de cooperación con al menos cinco países vecinos para acciones conjuntas de seguridad fronteriza y crimen transnacional.
Rafael Belaunde y la infraestructura carcelaria
Por su parte, Rafael Belaunde centró su propuesta en el fortalecimiento del sistema penitenciario. Entre sus iniciativas se destaca la construcción de penales de máxima seguridad, como parte de una estrategia para aislar a los líderes criminales y reducir la operación de bandas desde las cárceles.
Su enfoque apunta a atacar uno de los principales problemas del sistema peruano: la sobrepoblación carcelaria y el control del delito desde los centros de detención. Sobre la sobrepoblación, de acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), actualmente hay más de 100.000 presos distribuidos en 69 establecimientos penitenciarios, cuando la capacidad total del sistema apenas alcanza los 41.000 cupos.
En este apartado también propone la “Desconexión Total”, con la construcción de cárceles en zonas remotas y la implementación del “contacto cero” para los condenados en penales de alta peligrosidad.
Adicionalmente, su propuesta de seguridad plasmada en el plan de gobierno de Libertad Popular identifica las raíces del problema en debilidad estructural del Estado para combatir al crimen organizado.
Para ello, creará un Comando Unificado de Seguridad y Justicia, que articule a la Policía Nacional, las tres Fuerzas Armadas, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial bajo un sistema de inteligencia conjunta y protocolos operativos comunes.
El resto de los candidatos también se refirieron a la necesidad de reformas estructurales en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, el abordaje de los vínculos estatales respecto al crimen organizado y otras políticas para frenar el avance del narcotráfico.
En general, el debate presidencial en Perú 2026 mostró una combinación de enfoques entre políticas de prevención y medidas punitivas más duras respecto a Seguridad, aunque el futuro del país requiere de una serie de consensos para reducir la violencia criminal que el año anterior llegó a su pico de mortalidad.
