El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido en París, anunció este jueves que Argentina no sería sindicada en la “lista gris” en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. Se trata de una noticia de primera magnitud para el país, tanto en el plano internacional como en el interno, ya que una calificación desfavorable hubiera tenido consecuencias económicas negativas bastante concretas.
Así lo señaló Ignacio Yacobucci, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Argentina, en diálogo con DEF desde París: “Estar en la lista gris implica que el país sea catalogado como no confiable en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Eso implica consecuencias en el plano económico y financiero, pues la comunidad global tiene que reforzar sus controles cuando se vincula con el Estado argentino o con personas físicas y jurídicas del país”.
Para poner en datos concretos el impacto de esta calificación, el titular de la UIF señaló: “Un estudio del FMI analizó que, en promedio, un país que entra en lista gris pierde un flujo de fondos equivalente a 7,6 PBI. Al día de hoy, eso serían aproximadamente 45.000 millones de dólares. El eventual enlistamiento hubiese dificultado la integración global, la posibilidad de obtener financiamiento y perjudicaría el comercio exterior”, advirtió.
El rol de Yacobucci fue fundamental, ya que desde marzo a julio tuvo a cargo la coordinación de la evaluación ante el GAFI, a la que luego se sumó el embajador Eugenio Curia, coordinador nacional del Programa para el Combate de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Las claves para superar la evaluación ante el GAFI
Al consultarle sobre las acciones que se llevaron a cabo para alcanzar la calificación favorable, Yacobucci señaló como “esencial” el trabajo en equipo y coordinado de los múltiples actores que componen el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
“También la implementación rápida de cambios normativos y regulatorios, junto con una política agresiva de participación en foros internacionales para demostrar el compromiso del gobierno con las recomendaciones y los estándares internacionales”, agregó el funcionario.
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Entre las medidas que se tomaron, destaca la reforma a la Ley 25.246 de lavado de activos y cambios en el Código Penal –donde se incluyó a los abogados como sujetos obligados y se incorporaron los delitos de terrorismo, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento–; la modificación de los plazos de presentación de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS); la redefinición a “operaciones inusuales” y la incorporación del ROS de proliferación de armas de destrucción masiva. También se creó un Registro Único de Beneficiarios Finales, bajo la órbita de la ex AFIP, y del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Recomendaciones para no caer en la lista gris
“La próxima evaluación será en aproximadamente tres o cuatro años, y el desafío será el de implementar los cambios necesarios para que el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva demuestre efectividad”, dice Yacobucci. En ese sentido, el reporte de evaluación de la Argentina será un documento fundamental para esa tarea.
“Los objetivos deberán alinearse a las acciones recomendadas contenidas en el informe de evaluación mutua de GAFI, que será dado a conocer en el corto plazo y que será una herramienta muy útil”, señala el titular de la UIF.
En cuanto al funcionamiento de su organismo, Yacobucci destacó que “la UIF tiene estructura, algo que quedó demostrado en el proceso de evaluación”. Pero también señaló que, en el corto plazo, “habrá que reforzarla y mejorarla, ampliar su capacidad operativa y actualizar sus recursos tecnológicos, porque en esta materia constantemente surgen nuevos desafíos”.

La palabra del Gobierno argentino
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, encabezó la comitiva argentina en París y celebró el anuncio como un gran logro.
“Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, manifestó el ministro de Justicia apenas se conoció el resultado.
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En declaraciones ante los medios en un agasajo posterior en la Embajada argentina en Francia, el ministro completó la idea: “Heredamos una situación con muchos cuestionamientos. Formamos un dream team, fuimos dando exámenes, y ganamos la batalla. Este resultado no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de los distintos organismos públicos que trabajaron para subsanar las falencias heredadas”.

Uno por uno, los 21 países que integran la “lista gris” de GAFI
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Camerún
- Croacia
- República Democrática del Congo
- Filipinas
- Haití
- Kenia
- Mali
- Mónaco
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- Senegal
- Siria
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
Las tres naciones que están en la “lista negra”
- Corea del Norte
- Birmania
- Irán