De esta manera, el Estado se desprenderá del 50% de Citelec, controlante a su vez del 51% de las acciones de Transener, en una sociedad que comparte con Pampa Energía. A través de Transener, también controla Transba, que posee la red de transmisión de energía eléctrica de toda la provincia de Buenos Aires.
Pampa Energía, el grupo liderado por Marcelo Mindlin, controla el 50% de las acciones de Cíteles.
Transener es concesionaria de 15.408 kilómetros de líneas de transmisión y 60 estaciones transformadoras, lo que le permite operar en forma directa el 86% de las líneas de alta tensión del país. Durante la última audiencia pública para la revisión del régimen tarifario, la empresa admitió que el crecimiento de la demanda ha superado ampliamente la capacidad del sistema de transporte.
La conformación del actual grupo societario data de 2007, cuando la brasileña Petrobras fue obligada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a deshacerse de su participación accionaria en Citelec. El restante 50% estaba en poder del entonces Grupo Dolphin, actual Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin. En ese momento, Enarsa se asoció con la empresa Electroingeniería para quedarse con las acciones de Petrobras.
Ya en 2016, el gobierno de Mauricio Macri intentó avanzar en la privatización de las acciones de Enarsa en Transener.
Posteriormente, en septiembre de 2016, Enarsa se quedó con las acciones de Electroingeniería. En 2018, el entonces ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, intentó, sin éxito, desprenderse de la participación estatal en Transener. Hubo una fuerte oposición de sus socios de la Unión Cívica Radical (UCR)a la operación; y, con la llegada al poder de Alberto Fernández, el decreto de privatización de la empresa quedó derogado.
Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump relanzó una de sus propuestas más ambiciosas en materia de defensa: la creación de un escudo antimisiles llamado “Golden Dome”.
Inspirado en el “Iron Dome” israelí pero con una escala y enfoque mucho más amplio, este sistema busca proteger a Estados Unidos de potenciales ataques balísticos, utilizando tecnologías avanzadas y, en particular, capacidades espaciales. SpaceX, la compañía aeroespacial liderada por Elon Musk, aparece como uno de los actores clave para materializar esta visión.
El “Golden Dome” se basa en una constelación de satélites que operarían en la órbita baja terrestre, diseñados para detectar lanzamientos de misiles enemigos en tiempo real. Una parte de estos satélites, aproximadamente 200, estaría armada con proyectiles cinéticos o incluso tecnología láser, lo que permitiría interceptar los misiles en su fase de ascenso, es decir, apenas despegan. Esto representa un cambio radical respecto a los sistemas tradicionales que suelen operar en fases más avanzadas del vuelo del misil.
La idea de Donald Trump es tener satélites que intercepten misiles.
SpaceX fue señalada como la favorita para liderar este proyecto. Su experiencia en el despliegue masivo de satélites, como se ve con Starlink, y su capacidad para lanzar misiones reutilizables con los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy, la convierten en una opción lógica para el gobierno de Trump.
Además, su división Starshield, orientada específicamente a soluciones de defensa y comunicaciones seguras, ya se encuentra trabajando en tecnologías de uso dual que podrían encajar en este tipo de proyectos. De hecho, según reportes de medios como Fox Business y Reuters, SpaceX no solo ofrecería la infraestructura tecnológica sino que propuso un modelo innovador: el gobierno no adquiriría los sistemas directamente, sino que pagaría por su uso como un “servicio por suscripción”.
El objetivo estratégico detrás del Golden Dome es claro: evitar que misiles lanzados por potencias como China, Rusia o Corea del Norte puedan alcanzar suelo estadounidense. Según Trump, este sistema podría “hacer obsoletos los misiles enemigos”, fortaleciendo la seguridad nacional y reforzando la posición geopolítica de Estados Unidos. La administración también presentó este proyecto como un símbolo de disuasión tecnológica, capaz de proteger no solo el territorio continental, sino también a aliados clave en Europa y Asia.
Las polémicas detrás del Golden Dome
Sin embargo, la iniciativa no está exenta de críticas. Especialistas en seguridad y relaciones internacionales advierten que un sistema como este podría desatar una nueva carrera armamentista, ya que otras naciones se verían presionadas a desarrollar tecnologías capaces de evadir o sobrepasar dicho escudo. También se plantean dudas sobre la viabilidad técnica de interceptar misiles en la fase de ascenso, una maniobra extremadamente compleja debido a su velocidad y al corto margen de tiempo disponible.
SpaceX ofrece cobrarle al gobierno a modo de suscripción, una manera innovadora de negociar con el gobierno.
Por otro lado, existen objeciones legales: desplegar armas en el espacio podría violar el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe el uso militar del espacio ultraterrestre con fines ofensivos. La propuesta de SpaceX de ofrecer este sistema bajo un modelo de “defensa como servicio” también generó debate, ya que implica que la seguridad nacional dependa de una empresa privada, lo cual no tiene precedentes en este nivel.
Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase preliminar. A comienzos de 2025, el gobierno de Trump firmó acuerdos iniciales con SpaceX para el modelo defensivo, así como con otras compañías como Palantir y Anduril para el modelo ofensivo, para avanzar en el diseño y testeo del sistema.
Se espera que los primeros satélites prototipo se lancen en algún momento de 2026. Si bien aún queda mucho camino por recorrer, el hecho de que SpaceX esté involucrada aceleró notablemente los tiempos de desarrollo y colocó a Estados Unidos al frente de una nueva frontera tecnológica en materia de defensa.
En una era llena de replanteos para la Argentina, María Jimena Molina y Diana Cohen Agrest obraron como compiladoras de un libro que pretende sentar las bases para una necesaria discusión sobre la justicia penal en el país. Principalmente, centrada en el cumplimiento de las condenas, la imputabilidad de los menores y las ideologías que convergen y enfrentan a víctimas y victimarios a la hora del juicio.
De esta manera, “Nuevos paradigmas para la Justicia Penal”, de editorial TAEDA, compila la visión de diversos expertos en la materia y, en DEF, dialogamos con María Jimena Molina, abogada egresada de la Universidad Católica de la Plata, Magíster en Ética y diplomada en Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas en el Instituto Bonavero de Derechos Humanos de la Universidad de Oxford.
-¿Por qué surgió la idea de escribir este libro y cómo fue el proceso para llevarlo a cabo?
-La Usina de Justicia viene trabajando desde su nacimiento, en el año 2014, en la publicación de artículos periodísticos y académicos, escritos tanto por los profesionales que conforman la asociación, como por los familiares de víctimas. Hace unos años habíamos publicado en nuestro sitio web una serie de artículos sobre algunos temas puntuales que previamente habíamos trabajado en conversatorios, audiencias públicas y debates virtuales.
“Nuevos paradigmas para la Justicia Penal”, el nuevo libro de editorial TAEDA que se lanzará este jueves.
Con todo ese material que teníamos, pensamos con Diana Cohen Agrest, presidente de la asociación, en el armado de una compilación de esos trabajos para plasmarla en un libro. Así fue que comenzamos con Diana una selección de artículos, basándonos en los temas más importantes y que más preocupan a la ciudadanía: la inseguridad y los entramados de la justicia penal argentina; el abolicionismo penal convertido en dogma imperante; lo que no se dice sobre las penas de prisión y la prisión perpetua; la minoridad como el gran tabú del que no se hablaba hasta hace poco; el problema de la actual ley de salud mental y su repercusión en los delitos graves, entre otros.
-De entrada, el libro apunta a poner el foco en la perspectiva de la víctima, ¿qué aspectos considerás que contribuyeron a centrar la atención en el victimario?
-Fundamentalmente, los promotores del abolicionismo penal han sido los grandes responsables. Se trata de una ideología que surgió en países escandinavos, fue exportada a Argentina por Zaffaroni y ha significado la destrucción del sistema penal. Porque a partir de esta ideología, que pregona que los delincuentes son víctimas de una sociedad capitalista que los ha excluido, se realizan todo tipo de artilugios jurídicos para intentar salvar al delincuente, ya sea durante el transcurso del proceso penal, como en el dictado y cumplimiento de una pena de prisión.
María Jimena Molina: “Mientras el Estado se ocupaba de brindarle un abogado gratuito al delincuente, de ver cómo hacer para salvarlo del cumplimiento de una pena, la víctima ni siquiera era notificada de las resoluciones”.
Esta ideología, que hoy se ha vuelto anacrónica y kitsch, y que se ha reflejado no sólo en el ámbito de la justicia, sino también en la academia (y lamentablemente en las facultades de derecho), implicó el ostracismo de la víctima. Es decir, mientras el Estado se ocupaba de brindarle un abogado gratuito al delincuente, de ver cómo hacer para salvarlo del cumplimiento de una pena, la víctima ni siquiera era notificada de las resoluciones, de los juicios abreviados que se celebraban entre el imputado, el defensor y el fiscal, no se le suministraba asistencia jurídica y mucho menos psicológica y económica tras haber sufrido un hecho delictivo grave, en forma directa o indirecta.
Menciono esto en tiempo pasado porque las leyes de víctimas 27.372 (nacional) y 15.232 (provincia de Buenos Aires), de las cuales la Usina de Justicia participó en los debates parlamentarios y aportó varias de las cuestiones que surgen de las mismas, han venido a sanear, en parte, el mal trago por el que tuvieron que pasar tantas víctimas durante tanto tiempo.
Muchas de las cuestiones que se prevén en esas leyes todavía no están cien por ciento implementadas, como el patrocinio jurídico gratuito, así que es necesario continuar en esta senda favorable que se inició para las víctimas y lograr que los derechos y garantías que se pregonan en su favor no queden en palabras, sino que se plasmen en hechos reales y tangibles para ellas.
-¿De qué forma esto llevó a los distintos autores a considerar que Argentina padece una “justicia injusta”?
-La justicia resulta injusta en la medida en que se piensa en la contienda judicial únicamente en función del victimario. Durante muchísimos años, la víctima sólo fue un convidado de piedra cuando, en realidad, es también una protagonista porque es quien sufrió el delito. La víctima se encuentra en una posición en la que nunca quiso estar y, encima de ello, se encuentra con una justicia que solamente piensa cómo paliar las penas de quien delinquió, con funcionarios y empleados que, en la generalidad de los casos, la tratan de manera descortés e intentan sacársela de encima porque, en el fondo, les molesta.
También es injusta la justicia cuando, en función de lo que el propio abolicionismo penal ha ido gestando en materia legal, impone penas irrisorias frente a delitos graves, por ejemplo, o establece límites perentorios luego de los cuales la víctima ya no puede constituirse formalmente en el proceso penal.
-¿A partir de qué momento la justicia penal argentina derivó en una aplicación ineficiente? ¿Quiénes considerás que son los responsables del actual momento?
-Como mencioné anteriormente, la justicia penal argentina comenzó a decaer desde que se abrazaron las ideas del abolicionismo penal. Ha sido un proceso largo, paulatino, de adoctrinamiento, incluso en las universidades en las que sólo se enseñaba conforme a los libros de Zaffaroni, dejándose de lado muchísimo material bibliográfico valioso.
Considero que este desmejoramiento de la justicia ha ido de la mano con el advenimiento de la democracia en el año 1983, momento a partir del cual, como rebeldía a tiempos pasados oscuros, la sociedad comenzó a relajarse culturalmente, se fueron perdiendo algunos valores como el de la autoridad y se alzaron las voces a favor de lo que se consideró como las verdaderas víctimas: las de la década del ‘70-’80, las únicas válidas a quienes se les suministró toda clase de ayudas y reconocimientos.
En cambio, para las víctimas de delito común, más puntualmente para las de homicidio (que es el tipo de delito por el que trabaja Usina), sólo les ha quedado la posibilidad de tener suerte en el proceso penal o bien mendigar justicia.
-En el libro se hace una crítica hacia la ideología de reinserción o resocialización y también al “garantismo penal”, ¿es un modelo que fracasó o tiene aspectos positivos fuera de la utopía que plantea?
Advertimos que ese ideal de la reinserción o resocialización es una quimera porque la realidad ha demostrado que, en la mayoría de los casos, quienes cometen delitos graves poseen un prontuario importante en materia delictiva y han estado previamente en prisión.
La ideología de la reinserción social forma parte de lo que en derecho se conoce como teoría de la prevención especial, que se encuentra a su vez, dentro de las teorías relativas de la pena. Hay quienes se adscriben únicamente a esta visión, estimando que las penas sólo deben consistir en un tratamiento o educación del infractor en la prisión, dejando de lado la idea de la pena como un castigo. Seguramente, estarán quienes defienden con convicción esta teoría pero también están quienes la proclaman porque es políticamente correcta.
“Para las víctimas de delito común, más puntualmente para las de homicidio (que es el tipo de delito por el que trabaja Usina), sólo les ha quedado la posibilidad de tener suerte en el proceso penal o bien mendigar justicia”, destaca Molina.
En realidad, en la teoría penal existen varias teorías de la pena, además de la señalada. En Usina de Justicia, siguiendo un ideal kantiano y, por sobre todo, ético, se promueve el retribucionismo penal, que forma parte de las teorías absolutas y, básicamente, plantea que quien delinque debe recibir un castigo. Ahora bien, eso no significa que, encontrándose en sede penitenciaria, no se aspire a resocializar al delincuente.
Es importante esta pregunta porque hace poco, justamente, la cámara federal de casación penal, en un plenario, subrayó que la resocialización se puede hacer dentro de los establecimientos carcelarios y, alejándose un poco de ese mantra que solo dice que “las penas son para la resocialización del condenado”, recordó que las “Reglas de Mandela” (las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos) establecen en su apartado cuarto que los objetivos de las penas y las medidas privativas de la libertad son, principalmente, proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia.
-Durante este año se dio la discusión para bajar la edad de imputabilidad, ¿creés que es un punto de partida para reeducar a las generaciones venideras?
-Sin dudas. La creencia de que por ser menor de edad se puede delinquir y no van a haber consecuencias, debe erradicarse. Es hasta, incluso, antinatural en una sociedad civilizada: ¿qué padre no regaña a su hijo si se comporta mal o no cumple con sus deberes?
En buena hora, es un tema que se ha visibilizado, analizado y sobre el que se está trabajando, dejándose de lado miradas paternalistas o sentimentalistas que no han hecho hasta ahora más que esconder debajo de la alfombra un tema tan crucial como lo es la delincuencia en los menores de edad. La realidad ha demostrado que los adolescentes e, incluso, los preadolescentes, cometen delitos gravísimos, como robos agravados, abusos sexuales y hasta homicidios. Es imperioso que se sancione una ley que baje la edad de imputabilidad, tal como sucede en otros países de la región y en otros continentes.
-¿Qué opinión te merece el endurecimiento de las penas y su cumplimiento efectivo, dejando de lado las salidas anticipadas por conducta?
Considero que constituye una solución justa cuando se trata de delitos graves, en función de ese valor retributivo antes mencionado. Si a quien no paga la luz le cortan el servicio, si a quien estaciona mal el vehículo la grúa municipal se lo lleva hasta que se abone la multa, ¿por qué a quien comete un homicidio, por ejemplo, al poco tiempo de estar en prisión se le conceden beneficios para que pueda salir sin cumplir la totalidad de la pena impuesta y sin haber demostrado que está listo para convivir en sociedad y respetar las normas?
A veces no se trata solamente de endurecer las penas, sino de aplicar las que ya están previstas en el código penal que, para muchos delitos, establece penas considerables y que los jueces no se atreven a imponer.
-¿El código procesal penal debe atravesar una reforma? ¿Cuáles son los principales puntos que consideras que deben cambiarse?
-En materia de víctimas, el código procesal nacional necesita aggionarse mucho más que el bonaerense, que prevé, por ejemplo, que la víctima tiene derecho a participar y a expresarse durante la audiencia de juicio abreviado, así como también en la de suspensión de juicio a prueba y en la etapa de ejecución, previo al otorgamiento de algún beneficio para el condenado. En provincia de Buenos Aires, en la que desde hace muchos años viene rigiendo un sistema de corte acusatorio, la ley de víctimas 15.232 introdujo incorporaciones novedosas, como las que mencioné, que mejoraron la legislación procesal que ya existía.
Esto demuestra que la ley 27.372 nacional, si bien fue importante por ser la primera y demostrar que el timón en la justicia se puede girar, bien pudo haber modificado o agregado artículos al código procesal para mejorar la posición de la víctima en el proceso. Es una ley que ha sido insuficiente en muchos aspectos y necesita una reforma.
Por otro lado, no quedan dudas que los resabios inquisitivos que puedan persistir en los sistemas judiciales, sobre todo en el nacional, tampoco cooperan a favor de las víctimas. El acusatorio es notablemente superior y es el que permite que se le pueda dar lugar a todas las partes en el proceso sin que la participación de una signifique un detrimento de los derechos y garantías de otra.
-Finalmente, ¿cuál es el principal desafío a la hora de revertir la situación actual y qué expectativas tenés para los próximos años?
-Creo que, afortunadamente, estamos viviendo la era de las víctimas. Por supuesto que resta mucho trabajo por hacer y para eso es necesario el esfuerzo de quienes integran la justicia, mejorando el servicio y capacitándose, como también de la sociedad y de organizaciones como la nuestra, que con su grano de arena ha contribuido a estos cambios copernicanos. Es evidente que dejar atrás ideologías anacrónicas y dañinas como el abolicionismo penal va a traer aparejados beneficios para las víctimas y para la ciudadanía en general en cuanto se pueda brindar un servicio de justicia acorde con valores y principios morales que hasta hace poco estuvieron adormecidos.
Tampoco debe quedar al margen de este cambio al que se aspira y por el que se está trabajando, la necesidad de que los jueces en Argentina sean elegidos por sus méritos académicos, profesionales y por sus cualidades en general, y no por los lazos políticos que tengan con los funcionarios de turno. De lo contrario, sin jueces preparados y honorables no será posible alcanzar una justicia justa.
En medio de los preparativos para el funeral del Papa Francisco y la incertidumbre por el futuro en el Vaticano, se instaló la polémica antes de que el Cónclave cierre sus puertas. Angelo Becciu, un cardenal condenado a prisión que fue destituido por el último pontífice, buscó acceder a la votación del próximo líder de la Iglesia Católica, a pesar de tenerlo prohibido.
Angelo Becciu, el cardenal que desafía al Papa Francisco tras su muerte
Nacido en la pequeña localidad de Pattada, en la isla italiana de Cerdeña, Becciu recibió la ordenación sacerdotal el 27 de agosto de 1972 y participó de numerosas misiones diplomáticas de la Santa Sede en países como República Centroafricana, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia y Estados Unidos.
Tras una extensa carrera al servicio del catolicismo, el papa Juan Pablo II lo nombró en 2001 nuncio apostólico en Angola -luego lo fue en São Tomé e Príncipe y Cuba- y arzobispo titular de Roselle, donde aumentó su cercanía con Roma. El 10 de mayo de 2011, el papa Benedicto XVI lo ascendió a secretario para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
Reconocido por Juan Pablo II y Benedicto XVI, Angelo Becciu ocupó cargos relevantes a nivel internacional para la Santa Sede.
Bajo el papado de Francisco, en 2017 fue nombrado Delegado Pontificio ante la Orden de Malta, un proceso de actualización de las normas y leyes de este Estado, y venció a Raymond Leo Burke, un candidato estadounidense a ser el sucesor del difunto papa argentino. Años más tarde, fue ascendido a cardenal por Francisco en un consistorio, el máximo título que otorga la Iglesia Católica.
Sin embargo, el 24 de septiembre de 2020 le fue impuesta la renuncia a los derechos relacionados con el cardenalato tras conocerse una controvertida operación inmobiliaria en Londres gestionada por él con fondos del Vaticano. Esta acusación se sumó a otras de apropiación indebida por las que habría favorecido económicamente a sus hermanos.
Caída en desgracia y condena a prisión
El 3 de julio de 2021, un juez del Vaticano acusó a Angelo Becciu de múltiples cargos, entre ellos malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder. El 27 del mismo mes se abrió el proceso penal interno de la Santa Sede, aprobado por el Papa Francisco, quien brindó como pruebas la correspondencia entre él y Becciu, donde se confirmaba la negativa a autorizar ciertas operaciones como contratar a una mujer para ayudar a conseguir la liberación de una monja secuestrada en Mali o a invertir dinero del Vaticano en un negocio en Londres.
A pesar de haberlo nombrado cardenal, el Papa Francisco presentó pruebas contra la corrupción de Angelo Becciu y logró su que sea condenado ante un tribunal civil del Vaticano.
Tras un largo proceso con aplazamientos que duró dos años y medio, finalmente fue castigado a cinco años y seis meses de cárcel, y la prohibición del ejercicio de cargos públicos. De esta forma, fue el primer cardenal condenado por un tribunal civil del Estado del Vaticano, aunque actualmente la sentencia se encuentra en etapa de apelación.
Tras la muerte de Francisco, el Cónclave fue citado a la residencia de Santa Marta para comenzar con la votación del próximo papa de la Iglesia Católica. Como cardenal, Angelo Becciu tiene el pleno derecho de asistir a la votación, pero sigue vigente la suspensión impuesta en 2020, en la que renunciaba a sus derechos relacionados con el cardelanato, entre ellos la potestad de participar del órgano electoral.
Becciu desafió una de las directrices vigentes de Francisco y se presentó en la asamblea de purpurados y exigió votar. Con la declaración de la Sede Vacante, algunos poderes de la figura del papa recaen ahora en el camarlengo Kevin Farrell, el soberano interino del Vaticano.
Como máxima autoridad administrativa de la Santa Sede, el cardenal irlandés-estadounidense de 77 años tiene la potestad de decidir si Angelo Becciu, condenado por malversación de fondos y abuso de poder, puede participar de la elección del nuevo Sumo Pontífice, tras 12 años de mandato del Papa Francisco.
El Kremlin no se quedará de brazos cruzados frente a la decisión de rearme de los principales gobiernos de Europa. En este sentido, Rusia anunció que modernizará un avión desarrollado en la década del 70. Se trata del bombardero nuclearTu-160, también conocido como “Cisne Blanco”, con el que pretende recuperar su poder de disuasión a nivel global.
Cómo es el Tu-160, el avión supersónico de la era soviética
El desgaste de la guerra en Ucrania en el ejército ruso es notable, pero la industria armamentística se había resentido aún más. La capacidad de fabricación e innovación había mermado frente a los desafíos que presentó el campo de batalla y sobre todo a la colaboración de Occidente y Kiev.
Con cautela, Rusia informó que reutilizará un viejo desarrollo de la Unión Soviética en un intento por recuperar la supremacía aérea, una estrategia que debe estar acompañada de una clara intención de neutralizar el sistema de defensa aérea ucraniano, que en el último tiempo solo fue puesto a prueba con drones, misiles y cohetes.
El Tu-160 volverá a tener protagonismo en el ejército de Rusia. Se trata de un bombardero pesado supersónico de geometría variable desarrollado en la década del 70 por Túpolev, el último diseño de la Unión Soviética que tuvo su primer vuelo en 1981. Es considerado el avión bombardero más pesado y el mayor avión supersónico construido del mundo.
El Tu-160 es un bombardero pesado supersónico de geometría variable desarrollado en la década del 70 por Túpolev.
Por su color blanco y la suavidad de su diseño fue denominado el “Cisne Blanco” y tiene varios récords mundiales. Además de romper 44 marcas de velocidad, logró volar 1.000 kilómetros con 30 toneladas de carga útil a una velocidad promedio de 1.720 km/h, y 2.000 kilómetros con 275 toneladas de peso a una velocidad media de 1.700 km/h a 15.250 metros de altura.
A pesar de sus éxitos solo se fabricaron 35 unidades, de las cuales 19 fueron destinadas a la República Socialista Soviética de Ucrania. Cuando cayó la Unión Soviética, Ucrania devolvió ocho para solventar la deuda energética con Rusia y, producto del acuerdo de desarme nuclear con Estados Unidos, destruyó los restantes.
Rusia busca que el Tupolev Tu-160 sea la solución ante la falta de efectividad de la campaña aérea en Ucrania, pero para ello necesita recuperar la capacidad de fabricación de este tipo de aeronaves.
El director general de Rostec, Serguéi Chemizov, confirmó que el país pudo digitalizar la documentación técnica, recuperó la tecnología de soldadura al vacío de piezas de titanio y reactivó la producción de componentes clave del fuselaje.
Rusia busca que el bombardero nuclear Tu-160 sea el realzamiento de la fuerza aérea y tenga un peso estratégico no solo en Ucrania, sino en la disuasión de un conflicto masivo con Occidente.
El plan del Kremlin es desbloquear su potencial de uso hasta 2040, para lo que fabricará dos modelos modernizados Tu-160M por año hasta llegar a las 50 unidades y renovará otras 16 antiguas. Tal es la fe que tiene Vladímir Putin en este proyecto de resurrección que se subió al bombardero llamado “Iliá Múromets” como copiloto durante la campaña electoral de 2024.
Sin embargo, la situación económica rusa en el marco de las sanciones internacionales y las amenazas de Donald Trump de imponer nuevas medidas si no se alcanza la paz puede ser un obstáculo para el regreso del viejo desarrollo soviético.
Si lo consigue, el bombardero nuclear supersónico de Rusia será una nueva amenaza para Ucrania y un considerable componente de disuasión frente al rearme de Europa y las intenciones de Francia y Reino Unido de conformar un paraguas nuclear en la región.
Elon Musk anunció esta semana que reducirá drásticamente su participación en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la polémica oficina federal creada por Donald Trump para desmantelar lo que él considera el “gasto público innecesario”.
El anuncio no fue casual: llegó apenas horas después de que Tesla reportara una caída del 71% en sus beneficios netos durante el primer trimestre de 2025, arrastrada por una pérdida de reputación ligada directamente a la creciente politización de su figura.
Cómo fue el distanciamiento entre Elon Musk y el gobierno de Estados Unidos
Creado a inicios del 2025, el DOGE se presentó como una iniciativa estrella de la segunda administración de Trump. En teoría, su función era simplificar la estructura del Estado y reducir el gasto público.
Elon Musk encabeza DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, en donde tomó un papel protagonico en la administración de Trump.
En la práctica, fue escenario de despidos masivos, cierre de agencias federales clave, como USAID y el National Endowment for the Arts, cancelación de contratos, y un sinfín de demandas judiciales que denuncian violaciones constitucionales y procedimientos arbitrarios. Elon Musk, nombrado por Trump como líder no electo de este nuevo “superdepartamento”, se convirtió en la cara visible de estos recortes.
Durante meses, el magnate no solo abrazó su rol gubernamental, sino que lo amplificó en redes sociales con el mismo entusiasmo con el que suele promocionar sus startups. Sin embargo, ese protagonismo político empezó a tener consecuencias.
El fuerte impacto en Tesla y, ¿el principio de la caída de un imperio?
Tesla, la joya de su imperio, empezó a sufrir boicots organizados, sobre todo en la costa oeste de EE.UU., y actos de vandalismo en concesionarios. La caída en ventas fue particularmente abrupta en California, donde el consumidor promedio rechazó la alianza explícita de Musk con Trump y su papel en la supresión de programas sociales y científicos.
Europa tampoco se quedó atrás. Las ventas en Alemania y Países Bajos, mercados clave para Tesla, también disminuyeron, en parte por la percepción de que Musk desatendió la innovación técnica por una agenda ideológica.
Tesla sufrió una caída en sus ventas y fue sede de varios boicots por la ideología de Elon Musk.
El daño a la marca fue tan severo que, según analistas de mercado, muchos inversores institucionales presionaron directamente a Musk para que se aparte del frente político. Entonces, en una conferencia con inversores, el empresario confirmó que “limitará su participación en DOGE a un día por semana” y que “volverá a enfocarse en Tesla”.
El impacto económico de la decisión de Elon Musk
La medida fue celebrada en Wall Street: las acciones de Tesla repuntaron un 5.5% en un solo día, aunque aún están un 40% por debajo de su valor a principios de año. Musk reafirmó sus planes para lanzar un modelo económico de auto eléctrico y un servicio de robotaxis en Austin este junio, pero los desafíos persisten. La competencia china en vehículos eléctricos se ha intensificado, y los fallos de producción en la planta de Berlín aún no se resuelven.
Desde la Casa Blanca, la reacción fue mesurada. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había pedido una “desescalada” de la guerra comercial con China. La administración busca salvar lo que pueda de DOGE, pero sin Musk como su rostro principal, el proyecto pierde uno de sus pilares de legitimidad ante la opinión pública conservadora.
A pesar de los rumores sobre su renuncia definitiva, Musk aclaró que seguirá colaborando con el gobierno “de forma estratégica”, aunque sin el protagonismo de los últimos meses.
El ataque de Rusia a la ciudad de Sumi -ubicada al norte de Ucrania– dejó un saldo de más de 35 muertos y 125 heridos, en otro capítulo de la guerra entre ambos países. Kiev acusó al Kremlin de ordenar una arremetida sobre objetivos civiles, pero Moscú justificó su decisión con una supuesta reunión militar en la región fronteriza que se habría filtrado momentos antes del ataque.
¿Ucrania filtró por error una reunión militar en Sumi?
Las versiones detrás del ataque ruso en la capital homónima de la región de Sumi son varias. Según fuentes rusas, se registró una alta concentración militar en la zona en los momentos previos al lanzamiento de dos misiles balísticos Iskander que causaron la muerte de 35 personas y más de un centenar de heridos.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había acusado inicialmente a Moscú de atacar objetivos civiles en uno de los óblast más afectados por la guerra.
Sin embargo, el gobernador de Sumi, Volodímir Artiuj, fue acusado por el alcalde de Konotop de organizar un acto militar y, días después, fue cesado por el primer ministro de Ucrania, Denís Shmigal, y reemplazado en el acto por Oleg Prigórov.
El gobernador de Sumi, Volodímir Artiuj, fue acusado de organizar un acto militar que motivó el ataque ruso en la capital y fue destituido por el gobierno nacional.
El cese del gobernador fue anunciado por el primer ministro de Ucrania, que no explicó el motivo del cese, aunque la sucesión de los hechos indicaría que está estrechamente ligado a la trágica muerte de civiles.
Se cree que fue responsable de haber pactado una entrega de medallas a la 117 Brigada de Defensa Territorial de Ucrania, que defiende la zona que se encuentra a 30 kilómetros del frente nororiental. Artiuj negó haber sido el artífice, pero admitió haber sido invitado al acto que finalmente se filtró y que, según el Ministerio de Defensa ruso, llevó a la muerte de 60 soldados del grupo operativo y táctico “Seversk” perteneciente al ejército ucraniano.
Tras el primer ataque con misiles balísticos, el ejército ruso mantiene todavía la presión sobre Sumi. Se registraron nuevos ataques sobre las posiciones de las fuerzas ucranianas en cinco localidades de la región, que habrían dejado un saldo adicional de 20 soldados muertos.
Rusia la ofensiva sobre Sumi y el saldo de soldados ucranianios muertos llegaría a 80.
El Ministerio de Defensa ruso indicó que busca crear una zona de seguridad, estrechamente ligada a la contraofensiva sobre el óblast de Kursk, capturado por Ucrania desde agosto de 2024, que ya retomó 330 kilómetros cuadrados y se acerca a expulsar la invasión.
En el último mes, Rusia capturó tres localidades en Sumi y avanza hacia la urbe principal que alberga aún a 250.000 ucranianos. Esto se produce en medio de los intentos de Estados Unidos y Ucrania de entablar negociaciones para una paz duradera, y la iniciativa de rearme en numerosos países de Europa, entre ellos Alemania, Reino Unido y Francia.
A lo largo de su pontificado, el papa Francisco mantuvo una mirada profundamente ética y crítica sobre los avances de la tecnología. Su preocupación no fue el desarrollo en sí de herramientas como la inteligencia artificial (IA), sino el rumbo que tomaban cuando no estaban guiadas por una visión centrada en la dignidad humana y el bien común. Lejos de rechazar el avance tecnológico, Francisco lo interpretó como una oportunidad que, sin embargo, exige discernimiento y responsabilidad.
La inteligencia artificial y la paz, según el papa Francisco
Una de las reflexiones más significativas del pontífice sobre el tema quedó plasmada en el mensaje para la 57ª Jornada Mundial de la Paz, celebrada el 1° de enero de 2024.
En ese documento, titulado La inteligencia artificial y la paz, Francisco abordó los desafíos éticos que plantea el avance de estas tecnologías. Allí pidió que el desarrollo de la IA se oriente “hacia el respeto de la dignidad humana y el bien común“, subrayando que “ninguna innovación tecnológica puede reemplazar la sabiduría del corazón humano”.
En ese mensaje, el papa hizo un llamado concreto a los gobiernos del mundo para que trabajen en una regulación internacional vinculante que limite los peligros asociados al mal uso de la IA, desde la desinformación hasta el control de la vida de las personas por algoritmos.
En varias oportunidades, Francisco advirtió sobre el riesgo de que la humanidad termine sometida a sus propias creaciones. El mandatario afirmó que la inteligencia artificial podría conducirnos a una “dictadura tecnológica”, si no se impone una mirada ética que ponga límites.
Para Francisco, el problema no está en los algoritmos en sí, sino en una cultura que pone lo cuantificable por encima de lo cualitativo. Es decir, una visión del mundo basada exclusivamente en datos y eficiencia, donde se pierde el vínculo humano, la compasión y la capacidad de discernimiento moral.
El papa insistió, tanto en sus documentos como en sus discursos, en que no todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable. Subrayó que las decisiones más importantes de la vida no deben delegarse a máquinas, por más sofisticadas que sean.
“La inteligencia artificial puede ayudar a tomar decisiones técnicas, pero las decisiones más humanas, las que implican juicio y sabiduría, deben seguir siendo responsabilidad de las personas”, advirtió en la Jornada Mundial de la Paz 2024. Para él, lo fundamental es que las nuevas tecnologías no desplacen la centralidad de la conciencia humana, que es capaz de distinguir entre el bien y el mal.
El papa Francisco tuvo muchas opiniones respecto a los avances tecnológicos en su último tiempo.
La encíclica de Francisco que alude a la tecnología
En octubre de 2024, el papa publicó su cuarta encíclica, Dilexit nos, una profunda reflexión sobre el rol del amor en tiempos de algoritmos. Allí propuso volver a “la experiencia del corazón” como antídoto ante una cultura cada vez más automatizada y deshumanizada.
Dilexit Nois es la cuarta encíclica del papa Francisco, en donde hable sobre el amor en tiempos de algoritmos.
En el texto, Francisco criticó cómo los sistemas algorítmicos, al priorizar la eficiencia y el rendimiento, dejan de lado dimensiones esenciales de la vida como el afecto, el sufrimiento y la compasión.
En ese sentido, su propuesta fue profundamente contracultural: frente al auge de tecnologías que prometen predecir y resolver todo, llamó a recuperar la complejidad del ser humano y la centralidad del amor como principio organizador de la vida social.
Francisco también fue claro en la necesidad de una respuesta política y global. En diversas ocasiones pidió a los líderes del mundo comprometerse con la elaboración de normas que regulen el uso de la IA, tanto en el ámbito civil como militar. “Es urgente promover un desarrollo ético de los algoritmos, que no excluya a nadie y que garantice justicia y equidad”, sostuvo.
La visión de Francisco frente a los avances tecnológicos
En diálogo con organizaciones internacionales como la ONU y la FAO, Francisco también instó a que se incluya a los países del sur global en las discusiones sobre el rumbo de la tecnología, para que no queden excluidos ni se profundicen las brechas digitales.
El papa Francisco siempre recibió bien los avances tecnológicos, pero advirtió que debían ser con cautela.
El papa Francisco nunca fue tecnófobo. En su visión, la tecnología puede y debe ser parte de un verdadero progreso humano, siempre que se ponga al servicio de la fraternidad, el diálogo, la equidad y el cuidado del planeta. Su llamado fue claro: no se trata de detener el avance, sino de hacerlo éticamente.
Como escribió enLaudato si’, su encíclica sobre el cuidado de la casa común: “La técnica ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. No se puede pensar en volver a la época de la caverna. Pero tampoco podemos ser ingenuos frente a su poder”.
La mirada del papa Francisco sobre la inteligencia artificial y la tecnología en general no fue apocalíptica, pero sí profundamente crítica. Su legado deja una pregunta abierta: ¿quién guía hoy las decisiones que están moldeando el futuro? Frente a un mundo que a menudo corre detrás de la innovación por la innovación misma, Francisco propuso poner al ser humano —con su fragilidad, su dignidad y su libertad— en el centro del desarrollo tecnológico.
La muerte del Papa Francisco acelera los preparativos del Vaticano para elegir a un sucesor. El Cónclave, responsable de seleccionar al próximo líder de la Iglesia Católica, tuvo modificaciones en su conformación durante los últimos 12 años y estos cambios serán un factor clave para la selección de los candidatos que podrían marcar un nuevo rumbo en la Santa Sede.
La elección del sumo pontífice es posiblemente una de las más abarcativas de las religiones, aunque con matices. Cualquier varón católico bautizado puede ser elegible al Papado. Sin embargo, desde 1378 el liderazgo de la Iglesia Católica lo circunscribió a aquellos con experiencia como cardenales y ratificó que las mujeres sigan excluidas tanto de las candidaturas como del Cónclave.
Los cardenales, que son elegidos por los papas para integrar el Cónclave, son los encargados de seleccionar al próximo jefe de Estado del Vaticano. Ante la muerte de Francisco, surgieron los primeros candidatos elegibles para la sucesión.
De la tierra de la Santa Sede, de donde provinieron el 78% de los Papas, hay dos posibles figuras: Matteo Zuppi, actual arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y Pietro Parolin, cardenal secretario de Estado del Vaticano, es decir, el número dos de la Santa Sede.
Pietro Parolin, cardenal secretario de Estado del Vaticano, es uno de los candidatos más importantes al Pontificado.
América podría tener a su segundo Papa de la historia si prospera alguna de sus dos candidaturas: la del cardenal canadiense Marc Ouellet y la del estadounidense Raymond Leo Burke.
Ouellet dirigió la oficina de obispos del Vaticano durante más de 10 años, despacho encargado del monitoreo de candidatos potenciales a encabezar diócesis a nivel mundial.
Por su parte, Burke ocupó el cargo de prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, la autoridad judicial más alta de la Iglesia Católica, desde 2008 a 2010, hasta que fue elevado al Colegio de Cardenales.
El filipino Luis Antonio Tagle es considerado el delfín del difunto Papa Francisco y es considerado su probable sucesor.
Entre los candidatos surgió el nombre de Luis Antonio Gokim Tagle. El arzobispo filipino fue denominado el “delfín” del último pontífice por su cercanía. Fue nombrado cardenal por el Papa Francisco, y es el Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, desde diciembre de 2019. Si su candidatura deviene en humo blanco, sería el primer Papa de Filipinas y del continente asiático.
Otros cardenales que se barajan son: Peter Heraldo de Hungría, Reinhard Marx de Alemania, Robert Sarah de Guinea, Christoph Schoenborn de Austria, y Mario Grech de Malta.
El cónclave que elegirá al nuevo Papa se desarrollará en la Capilla Sixtina entre los 15 y 20 días posteriores a la muerte del Papa. Del total de 252 cardenales, 135 de ellos, menores de 80 años de edad, tendrán la responsabilidad de seleccionar al nuevo Papa.
Procedentes de 71 países de todo el mundo, los acreedores del mayor título que otorga la Iglesia Católica provienen de distintos períodos papales. Por diversas cuestiones como la edad, la composición de los electores varió en los últimos años y podría inclinar la balanza a favor de un candidato u otro.
135 cardenales menores de 80 años de edad tendrán la responsabilidad de seleccionar al nuevo Papa en un Cónclave que durará de 15 a 20 días desde la muerte de Francisco I.
De los 135 cardenales, 108 fueron nombrados por Francisco I en sus 12 años al frente del Vaticano, 22 por Benedicto XVI y 5 por Juan Pablo II. Europa mantiene el protagonismo con 53 cardenales electores, mientras que el resto del cónclave se reparte de la siguiente manera: 37 de América en toda su extensión, 23 de Asia, 18 de África y 4 de Oceanía.
Entre los países con más poder en el órgano electoral, Italia lidera con 17 cardenales y lo sigue Estados Unidos con 11, Brasil con 7, Francia con 5 y Argentina, Canadá, India, Polonia y Portugal con 4.
Para ser elegido papa, un candidato debe recibir una mayoría de dos tercios de los votos, lo que equivale a 80 votos si participan 120 electores, como está previsto en Universi Dominici Gregis, la constitución apostólica de la Iglesia católica publicada por el papa Juan Pablo II que modificó el proceso electoral y el estatus de la Sede Vacante.
Con la muerte del papa Francisco, el primer Pontífice latinoamericano de la historia, se cierra un capítulo significativo en la vida de la Iglesia Católica y se abre un período cargado de simbolismo, tradición y decisiones clave: la Sede Vacante. Este tiempo de transición comienza en el preciso momento en que el trono de San Pedro queda vacío y se suspenden las funciones ordinarias del Vaticano. La pregunta es: ¿quién queda a cargo y cómo se sigue?
La Sede Vacante, conocida en latín como Sedes Vacans, es el período en el cual la Iglesia Católica se encuentra sin Papa. Esto ocurre cuando el Sumo Pontífice muere o renuncia a su cargo. En este caso, con el fallecimiento del Papa Francisco, la Iglesia ha entrado en Sede Vacante, un momento de transición cargado de simbolismo, normas precisas y un profundo sentido espiritual.
Desde el instante en que se confirma la muerte del Papa, se activan protocolos que datan de siglos de tradición. La verificación oficial recae sobre el camarlengo, actualmente el cardenal Kevin Farrell, quien constata el deceso y asume temporalmente la administración de las funciones más urgentes del Vaticano y de sus bienes.
Es él quien ordena sellar los aposentos del Papa fallecido, resguardar sus documentos y objetos personales, y destruir el anillo del pescador, símbolo del poder papal. Esta acción, rayar o desfigurar el anillo, tiene una carga fuerte: representa que la autoridad del Pontífice ha concluido, y evita que pueda ser utilizado de manera ilegítima.
Cómo será el cónclave tras la muerte del papa Francisco
Durante la Sede Vacante, el Vaticano entra en una especie de pausa institucional. El Papa, como jefe de Estado y guía espiritual, es insustituible en lo inmediato. Por eso, la Curia Romana, el conjunto de organismos que asisten al Papa en su tarea de gobierno, queda prácticamente suspendida, y sus integrantes deben cesar en sus funciones hasta que haya un nuevo Pontífice.
Entre el tiempo de fallecimiento y hasta que se elija al nuevo Papa, la Iglesia permanece en Sede Vacante.
Solo algunas oficinas esenciales continúan operando, siempre bajo supervisión del camarlengo y del Colegio de Cardenales, que asume un rol de administración limitada y no puede tomar decisiones trascendentales.
Al mismo tiempo, se inician los novemdiales, los nueve días de luto oficial y de misas fúnebres en memoria del Papa fallecido. Su cuerpo es expuesto en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan rendir homenaje y despedirse.
Pasados al menos quince días desde la muerte del Papa, y no más de veinte, comienza el proceso de elección del nuevo sucesor de San Pedro. El Cónclave, una reunión secreta de cardenales menores de ochenta años, se lleva a cabo en la Capilla Sixtina bajo estrictas normas de aislamiento y secreto. Allí se realizan hasta cuatro votaciones por día. Para que un cardenal sea elegido como nuevo Papa, debe obtener una mayoría de dos tercios de los votos.
La Sede Vacante es un momento de conmemoración y reflexión hasta elegir al nuevo Papa.
Cuando uno de los candidatos alcanza esa mayoría, el decano del Colegio Cardenalicio le pregunta si acepta la elección. Si lo hace, se le consulta qué nombre desea adoptar. A partir de ese momento, el nuevo Papa es anunciado al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro con la tradicional fórmula: Habemus Papam.
La Sede Vacante, entonces, no es solo un interludio entre un pontificado y otro. Es un tiempo cargado de solemnidad, reflexión y oración. Un momento en que la Iglesia se recoge, rinde homenaje al Papa que partió y se prepara para recibir a su nuevo pastor.
