La Universidad de Harvard rechazó las exigencias impuestas por la administración de Donald Trump para mantener su financiación federal. En respuesta, el gobierno estadounidense congeló una suma millonaria en subvenciones y contratos destinados a la institución.
Las demandas del gobierno incluían reformas en los sistemas de admisión y contratación de profesorado, control de temarios sensibles, eliminación de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), y la denuncia de estudiantes internacionales supuestamente vinculados con conductas antisemitas o apoyo al terrorismo. Harvard consideró estas imposiciones como ilegales y una amenaza a la libertad académica, negándose a cumplirlas.
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Sin embargo, esta idea no es nueva. En su momento, el partido republicano buscaba poder cobrar un impuesto a aquellas universidades que no cumplieran con los criterios suficientes respecto a libertad de expresión, intentando detener las ideas “woke”.
Por ejemplo, en su tiempo como senador en 2013, el actual vicepresidente J.D. Vance propuso elevar este impuesto al 35% para instituciones privadas con activos superiores a los 10 mil millones de dólares, como Harvard. Si se aplicara esta tasa, Harvard, que generó 5.1 mil millones de dólares en rendimientos de su dotación en el último año fiscal, tendría que pagar aproximadamente 1.79 mil millones en impuestos, lo que representa el 27.9% de sus ingresos operativos anuales.
Otra propuesta, presentada por el representante Mike Lawler, sugería un aumento del impuesto al 10%. Bajo esta tasa, Harvard pagaría alrededor de 510 millones de dólares anuales, una cifra significativamente superior a los 71.5 millones que abonaría con la tasa actual del 1.4%.
El costo de Harvard por rechazar las ideas de Donald Trump
En esta ocasión, la administración Trump congeló más de 2.2 mil millones en fondos federales destinados a Harvard, alegando que la universidad no abordó adecuadamente el antisemitismo en su campus, especialmente tras recientes protestas propalestinas.
Estas acciones incluyen demandas para que Harvard desmantele sus programas DEI, prohíba grupos estudiantiles propalestinos y coopere con autoridades migratorias. La universidad rechazó estas exigencias, calificándolas de injerencia gubernamental sin precedentes en la autonomía académica.
A diferencia de otras universidades como Columbia, que accedieron parcialmente a las demandas gubernamentales, Harvard se enfrenta al riesgo de perder hasta 9.000 millones en fondos federales. La postura firme de la universidad generó un amplio debate sobre la autonomía institucional y la libertad de expresión en el ámbito académico.
