Antonio Guterres, actual secretario general de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que la organización se encuentra en “carrera hacia la bancarrota” por la insostenible situación financiera en la que se encuentra. En respuesta, el organismo redujo dotaciones de personal, así como también su presupuesto para el año 2026.
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Además de la notoria crisis de legitimidad que golpea al organismo internacional, el colapso financiero surge de dos factores: el impago de cuotas por parte de varios Estados miembro y la obligación normativa de devolver fondos no utilizados, aunque estos no fueron cobrados.
Crisis financiera en la ONU: impago de tasas y cumplimiento de obligaciones normativas
La ONU cerró el año 2025 con una cifra récord de 1.560 millones de dólares en cuotas impagas, más del doble que en el 2024. El mayor deudor es Estados Unidos, responsable de aproximadamente el 95% de esa deuda, unos 2.200 millones de dólares si se suman las cuotas no pagadas de 2025 y las acumuladas en los primeros meses del 2026. A EE. UU. le siguen China, Rusia, Venezuela, Brasil, Argentina, México e Irán.
Asimismo, se suma una normativa que agrava el cuadro. La ONU está obligada a devolver en 2027 unos 1.300 millones de dólares en fondos no utilizados, de los cuales casi 900 millones provienen de recortes en Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). En la práctica, la institución debe reembolsar dinero que nunca llegó a recibir en su totalidad.
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En ese contexto, y como parte del plan de ajuste denominado ONU80, el organismo anunció la eliminación de casi 2700 puestos de trabajo y recortes superiores al 21% en misiones políticas especiales para el corriente año. La crisis ya es visible en su sede en Ginebra, donde se apagaron escaleras mecánicas, se colocaron diversos carteles de advertencia y se redujo la calefacción para ahorrar energía.
Consecuencias y soluciones de la crisis
De no revertirse la situación, las consecuencias serían inmediatas y de alcance global. La ONU se vería forzada a cerrar su sede central en Nueva York hacia agosto de 2026, cancelar la Asamblea General de líderes mundiales prevista para septiembre y clausurar la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que coordina la respuesta a emergencias en todo el mundo.
El trasfondo político es inseparable de la crisis. La administración de Donald Trump redujo la financiación a varias agencias del organismo, rechazó y demoró contribuciones obligatorias y lanzó el “Consejo de la Paz”, que buscaría posicionarse como una organización rival de la ONU.
Ante este escenario, Guterres planteó dos caminos posibles. El primero es que los Estados morosos paguen lo adeudado. El segundo es reformar el reglamento financiero de la organización, un proceso que requiere el acuerdo de dos tercios de la Asamblea General y la aprobación de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China).
