La Justicia de Estados Unidos presentó una acusación ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que vincula a la embajada de Venezuela en México con el traslado de ganancias del narcotráfico. El escrito judicial sostiene que el esquema se habría montado durante la gestión de Nicolás Maduro como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela (2006-2012), con el objetivo de evitar controles y facilitar el movimiento de fondos ilícitos.
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Esta acusación se inscribe en un proceso más amplio impulsado por el Departamento de Justicia estadounidense, que apunta a desarticular redes transnacionales de narcotráfico y lavado de dinero.
En detalle, la acusación de EE. UU.
El documento presentado por el Departamento de Justicia sostiene que la sede diplomática venezolana ubicada en México fue utilizada como pieza operativa dentro de un esquema destinado a mover ganancias del narcotráfico. Según la acusación, el mecanismo se apoyaba en el uso de vuelos privados declarados como misiones oficiales, lo que les otorgaba inmunidad frente a controles aduaneros y de seguridad.
La fiscalía afirma que estos vuelos se realizaban con conocimiento previo de funcionarios de la cartera, quienes eran notificados antes de la llegada y salida de las aeronaves. Esa coordinación habría permitido que los aviones transportaran grandes sumas de dinero en efectivo sin ser inspeccionados, amparados en la protección que otorga el estatus diplomático.
El escrito judicial ubica el origen del esquema entre 2006 y 2008, cuando Nicolás Maduro se desempeñaba como canciller. En ese período, según la acusación, también se habrían emitido pasaportes diplomáticos a personas vinculadas al narcotráfico, facilitando su movilidad internacional y el manejo de fondos ilícitos.
La causa no se limita a hechos aislados, sino que describe una estructura sostenida en el tiempo, en la que altos funcionarios habrían brindado cobertura política e institucional a organizaciones criminales. Para los fiscales estadounidenses, este punto resulta central para demostrar la existencia de una red organizada y no de episodios puntuales.
El caso forma parte de una acusación más amplia por narcotráfico y lavado de dinero, que incluye presuntos vínculos con cárteles mexicanos y otras organizaciones regionales, y que busca probar la utilización de recursos estatales con fines criminales.
México: ¿el próximo objetivo de Estados Unidos?
Las acusaciones sobre el uso de la sede diplomática venezolana se conocen en un contexto de endurecimiento del discurso de Donald Trump contra los cárteles que operan desde México.
Tras la detención de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense sostuvo públicamente que “habrá que hacer algo” frente al narcotráfico, al advertir que las organizaciones criminales ejercen un control significativo y representan una amenaza para la seguridad.
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Trump no anunció medidas concretas ni acciones inmediatas, pero sus declaraciones reavivaron el debate sobre el alcance de la respuesta estadounidense frente al narcotráfico transnacional. Desde el Gobierno mexicano rechazaron cualquier posibilidad de intervención externa y remarcaron que la cooperación en seguridad debe respetar la soberanía nacional.
