El excandidato a presidente, Flávio Bolsonaro, quien fue derrotado por Lula da Silva en la segunda vuelta de las recientes elecciones generales en Brasil, enfrentaba una orden judicial que le prohibía salir del país y lo obligaba a entregar sus pasaportes. Pese a esto, el senador se fugó a Estados Unidos.
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De esta manera, el hecho reavivó interrogantes sobre si se trata de una persecución política contra la oposición o si existen causas penales de fondo que respalden el inicio de un proceso legal.
Como se supo poco después, el excandidato del Partido Liberal (PL) dejó el país junto a su esposa y sus dos hijas. Pasó primero por Argentina, luego por Ecuador y aterrizó en Miami. Allí, el gobierno de Donald Trump aseguró que les otorgará visas a él y a su familia.
Flávio Bolsonaro: por qué lo quiso retener la Justicia de Brasil
La orden fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), minutos después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmara la victoria de Lula. Moraes dispuso que el senador no podía abandonar el país y debía entregar el pasaporte común y el diplomático, además de cualquier documento de otra nacionalidad, ya que Flávio tiene ciudadanía italiana.
No se trató de una orden de detención. Era una medida cautelar dentro de una investigación en curso, y la Policía Federal advirtió que existía un riesgo concreto de fuga. El propio tribunal aclaró que no había ordenado allanamientos. También se le prohibió comunicarse con un abogado amigo suyo, investigado en la misma causa.

El expediente principal indaga un presunto lavado de dinero y evasión de divisas a través de casas de apuestas, plataformas de pago y empresas vinculadas al abogado Willer Tomaz. Ambos negaron las acusaciones y el caso llegó al STF, porque Flávio tiene fueros por su cargo de senador.
Según los reportes, los investigadores hallaron en los correos del abogado que Flávio figuraba con facultades sobre una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, una empresa de Tomaz. El análisis del teléfono del letrado también habría revelado reuniones y viajes con el senador, quienes usaban mensajes que se borraban solos.
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Un segundo frente gira en torno a Dark Horse, la película sobre Jair Bolsonaro, su padre y expresidente brasileño. La Policía Federal analiza si los fondos aportados por Daniel Vorcaro, dueño del quebrado Banco Master y hoy preso, implican lavado, corrupción y salida irregular de divisas. Según distintas versiones, los montos van de 13 a 24 millones de dólares.
A esto se suma una causa por presunta calumnia contra Lula que se originó en una publicación del senador donde insinuó que Nicolás Maduro revelaría supuestos delitos del presidente, como narcotráfico y lavado. La Policía Federal consideró que configuraba calumnia, pero la decisión final corresponde a los jueces.
¿Persecución política o causas reales? El debate que divide a Brasil
En este escenario, Flávio Bolsonaro siempre aseguró que es víctima de una persecución. Cuestionó que la Policía Federal lo citara a las pocas horas de perder y se preguntó si habría ocurrido lo mismo de haber ganado. Primero dijo que entregaría los documentos y que se defendería, pero a las horas abandonó el país.
Sus críticos responden que las investigaciones son anteriores a la elección. La causa de las apuestas se abrió pocos días antes del balotaje y lo relacionado con la película ya se analizaba desde antes. Además, el senador había denunciado un fraude que verificaciones periodísticas y la OEA descartaron, aunque luego reconoció el resultado.

Los cuestionamientos también apuntan a Moraes. Fue el juez que llevó el proceso en el que Jair Bolsonaro recibió una condena de 27 años por intento de golpe, y el estudio jurídico de su esposa firmó un contrato millonario con el Banco Master. El estudio sostiene que nunca litigó causas del banco en el Supremo.
En paralelo, el juez Flávio Dino ordenó investigar posibles aportes extranjeros a la campaña del senador, canalizados mediante la organización Rockbridge Network, cofundada por el vicepresidente estadounidense J. D. Vance.
Ninguna de las causas terminó en condena. Los pasaportes de Flávio fueron anulados al vencer el plazo y su salida podría sumar consecuencias legales por desobedecer una orden judicial, mientras la justicia brasileña define cómo sigue cada expediente.




