La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió una “orden de no innovar” presentada por comunidades indígenas diaguitas en contra del proyecto operado por Barrick por el incumplimiento de  medidas de mitigación.

La medida paraliza las obras mientras se resuelve el fondo de la acusación, que busca paralizar definitivamente el proyecto alegando daño ambiental irreversible. En la presentación de las comunidades diaguitas, una pequeña etnia asentada en el norte de Chile, se afirma que las obras del proyecto “han generado una situación de inminente daño ambiental sobre los recursos hídricos del río Estrecho”. Este río, que se alimenta de glaciares milenarios que también estarían siendo afectados por el proyecto según los denunciantes, es vital para la sobrevivencia de unos 500 indígenas diaguitas que utilizan su agua para beber, el pastoreo de su animales y la pequeña agricultura. “Afectándose el recurso hídrico y su fuente de abastecimiento que son los glaciares, se pone en riesgo la permanencia de su propia cultura”, explicó a radio Cooperativa el abogado de las comunidades, Lorenzo Soto.

El gobierno chileno afirmó que no tolerará proyectos que no cumplan con la regulación ambiental. “No nos extraña para nada y nos parece bien que se haya podido, a través de un organismo judicial, suspender faenas mientras Pascua Lama cumpla efectivamente con todos los cargos que la Superintendencia de Medioambiente ya le había hecho”, dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a radio Cooperativa. El gobierno no está dispuesto a “aceptar proyectos que no cumplan con las Resoluciones de Calificación Ambiental y con los compromisos que ahí se han adquirido”, señaló de su lado la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.

Fuente: AFP