La emergencia energética, vigente desde diciembre de 2023, acaba de ser prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027. Afecta los segmentos de generación, transporte y distribución que estén bajo la jurisdicción federal.
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“Durante los años 2024 y 2026 se adoptaron medidas relevantes orientadas a recomponer la sostenibilidad del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM), mejorar la cadena de pagos, adecuar los precios estacionales, reducir subsidios generalizados, fortalecer la seguridad de abastecimiento, incorporar herramientas de confiabilidad, impulsar mecanismos de gestión de la demanda y avanzar en la normalización progresiva del mercado“, señala el Decreto 585/2026, firmado por Javier Milei y refrendado por nuevo ministros.
La reestructuación del mercado mayorista
En los considerandos del decreto, el Gobierno hace referencia a la situación de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), cuya tasa de cobrabilidad de los pasivos con las generadoras era del 48% en diciembre de 2023. Tras una serie de medidas, que incluyeron una recomposición tarifaria, la focalización de subsidios y medidas de desregulación, hoy según indica el decreto, “la tasa de cobrabilidad en el MEM alcanzó niveles cercanos al 97%“.
También se hace referencia a un informe técnico que indica que durante 2025 se hizo frente a un pico de demanda de 30.257 megavatios, registrado en febrero del año pasado, y que dejó un margen de energía disponible de apenas 4,4%. Ese nivel resulta “insuficiente para garantizar adecuados márgenes de reserva operativa frente a contingencias, afectando las condiciones de seguridad de abastecimiento y confiabilidad del sistema”.
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“La prórroga que se impulsa debe ser analizada no como una mera extensión temporal del régimen excepcional vigente, sino como una herramienta necesaria para evitar una discontinuidad normativa, operativa, contractual y financiera de transición sectorial, que aún se encuentra en plena ejecución”, señala el texto de la norma publicada en el Boletín Oficial.
