Las dificultades para avanzar en la venta de energía paraguaya al mercado uruguayo, a través del sistema eléctrico argentino, han generado malestar en Asunción. Además se cuestiona que se haya realizado el llamado a licitación para la maquinización del brazo Aña Cuá, cuando aún queda por resolver la cuestión de la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá.
Al mismo tiempo, sectores de la oposición y de la propia coalición de gobierno paraguaya cuestionan que se haya realizado el llamado a licitación para la maquinización del brazo Aña Cuá, cuando aún queda por resolver la cuestión de la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá con el Tesoro argentino.
La elevación del embalse de Yacyretá a su cota definitiva de 83 metros sobre el nivel del mar, ocurrida el pasado 12 de febrero, puso fin a largos años de dilaciones y mala administración del emprendimiento hidroeléctrico binacional. El funcionamiento de la central a su máxima potencia (3100 MW) auguraba, entonces, el comienzo de una etapa de mayor integración energética entre Argentina y Paraguay. Sin embargo, a siete meses de la declaración firmada en Posadas por los directores argentino y paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Oscar Thomas y Miguel Fulgencio Rodríguez, donde se comprometían a resolver las cuestiones pendientes de la agenda bilateral, las soluciones aún tardan en llegar.
Los dos principales temas que hoy se encuentran en fase de negociación son la venta de energía paraguaya a terceros países a través de la red eléctrica argentina y el arreglo de la deuda que la Entidad Binacional Yacyretá mantiene con el Tesoro argentino. Otro de los puntos previstos en el documento de febrero era “la construcción y puesta en funcionamiento de la ampliación del parque generador de Yacyretá en el segundo brazo del río Paraná (Aña Cuá)”. Un grupo de referentes políticos y técnicos paraguayos cuestionan el llamado a licitación de esa obra, que aportaría una potencia adicional de 270 MW; discuten si estaba contemplada originalmente en el Tratado de Yacyretá y se preguntan si antes no debió darse un cierre definitivo al espinoso asunto de la deuda de la EBY.
¿LIBRE TRÁNSITO DE LA ENERGÍA PARAGUAYA?
El documento suscripto en febrero hacía referencia al compromiso de los dos socios de Yacyretá de permitir “el libre tránsito de la energía eléctrica procedente de la hidroeléctrica Acaray, así como excedentes disponibles en otras fuentes de generación del Paraguay, a través del sistema eléctrico argentino, bajo las mejores condiciones posibles, con vistas a ventas a terceros países”. Con ese objetivo, la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE) firmó este año una carta de intención con la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) del Uruguay. De hecho, el 22 de febrero se realizó exitosamente una prueba técnica para demostrar la factibilidad de la exportación de energía de la central Acaray -ubicada en el departamento paraguayo de Alto Paraná con una potencia instalada de 200 MW- hacia el territorio uruguayo a través de la red argentina. Hasta allí no se había presentado ningún inconveniente y todo parecía indicar una rápida concreción de la operación.
Los cortocircuitos comenzaron cuando los negociadores paraguayos entablaron conversaciones con su contraparte argentina para acordar la utilización de la red eléctrica de nuestro país. La principal traba fue el monto que la empresa argentina Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA), intermediaria en la operación, solicitó a la paraguaya ANDE. La cifra en cuestión fue de 48 dólares por MW/hora, compuesta por un peaje de 14 dólares por MW/hora y un resarcimiento de 34 dólares por MW/hora en virtud del “perjuicio ocasionado por la pérdida de la venta” al mercado uruguayo. El desacuerdo en torno al pago de esta última suma determinó el empantanamiento del diálogo a nivel de los equipos técnicos. La viceministra de Minas y Energía de Paraguay, Mercedes Canese, aclaró que su país podría ya estar vendiendo la energía al Uruguay si hubiese aceptado hacerse cargo de esa compensación que supone “una suerte de proteccionismo a las industrias eléctricas argentinas del sector privado”, pero la pretensión de EBISA fue rechazada porque se consideró que hubiese sido “un precedente muy negativo”. La delegación paraguaya ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur) también expresó su disconformidad por la “absurda medida” que priva al país de utilidades que rondan de 90 a 100 millones de dólares anuales. El diferendo se encuentra ahora en la órbita de las Cancillerías.
Consultado por DEF, el ingeniero Ricardo Canese, coordinador general de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH) de Paraguay y miembro del Parlasur, consideró que el cobro del peaje es legítimo, pero “la compensación por un supuesto perjuicio por la disponibilidad térmica ociosa en la Argentina es inaceptable desde todo punto de vista, particularmente en el marco del Tratado de Asunción”. Apuntó a los “intereses que defienden abiertamente las transnacionales radicadas en la Argentina, las cuales hacen negocios de importación y exportación de electricidad con Uruguay y Brasil, y pretenden hacerlo también con Chile”. Fuentes periodísticas paraguayas estimaron que, en el caso de prosperar la operación con el Uruguay, el precio de la energía suministrada por ANDE a UTE sería de entre 70 y 80 dólares por MW/hora, frente a los cerca de 300 dólares por MW/hora que hoy paga la estatal uruguaya por la energía importada desde Argentina.
Por su parte, el ingeniero Ernesto Samaniego, ex gerente de Planificación de ANDE y docente de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, consideró que Paraguay está enfocando la negociación por el lado equivocado. DEF tomó contacto con este experto en temas energéticos, quien aseguró que no hay una “figura normativa que permita o establezca la condición de tránsito” de la energía. Por lo tanto, para la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico argentino (CAMMESA) la transacción consistiría, en rigor, en una importación desde el Paraguay y una posterior exportación hacia el Uruguay. Por otro lado, aclaró que “no son los países quienes venden y compran la energía eléctrica, sino empresas del ámbito privado”. Y como la estatal paraguaya no es agente del mercado mayorista eléctrico de la Argentina, deberá necesariamente recurrir a los servicios de una comercializadora autorizada que tendrá “todo el derecho de cobrar por su gestión y darle la denominación y justificación que más le convenga”. Consideró que si las autoridades paraguayas estuviesen disconformes con las pretensiones de EBISA, tendrían la opción de recurrir a otras comercializadoras. “Indudablemente, habría que asegurarse de que no tuvieran compromisos o contratos pendientes con Uruguay”, concluyó.
LA DEUDA DE YACYRETÁ Y LA LICITACIÓN DE AÑA CUÁ
Otro de los puntos acordados en febrero había sido el desendeudamiento de Yacyretá a través de un “mecanismo de ingeniería financiera” que permitiera reducir “sustancialmente” su acreencia con el Tesoro argentino y el plazo de cancelación. Esa deuda se originó a partir de un crédito abierto en 1978 por el Banco Nación a favor de la estatal paraguaya ANDE por 50 millones de dólares, con una tasa de interés pactada del 6% anual. Por efecto de la nota reversal firmada por ambos países el 9 de enero de 1992, que fue posteriormente rechazada por el Senado paraguayo en 1995, se difirieron los rendimientos por utilidades de capital. Desde entonces, el pasivo de la EBY ha ido creciendo año a año. Según datos de un estudio preliminar, al 31 de diciembre de 2010, la deuda estaba compuesta por un capital de 5773 millones de dólares, en tanto que los intereses -no reconocidos por Paraguay- ascendían a 8685 millones, lo que arrojaría un total de 14.459 millones.
Según lo expresado en su momento por el jefe del Gabinete Civil paraguayo, Miguel Ángel López Perito, el objetivo de las negociaciones en curso es llegar al año 2013 con “deuda cero” evitando recurrir a la forma jurídica de la “novación”, que implicaría la cancelación de la deuda de la EBY con la venta de energía a la Argentina a un precio diferencial. Esa fue la opción que habían barajado ambos gobiernos en noviembre de 2006, cuando alcanzaron un preacuerdo para la reestructuración de esa deuda y para la financiación de las obras del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY). Allí se había acordado una novación por un monto de 6218 millones de dólares, que correspondería a la cesión de 350.700 GW/hora a la Argentina durante un plazo de 42 años.
Al analizar la situación global de la deuda, el ingeniero Juan Fernando Ruttia, asesor de la Vicepresidencia del Paraguay, explicó a DEF que de no tomarse las medidas correctivas, considerando que el monto del pasivo aumenta de manera progresiva y geométrica anualmente, la situación “conduciría de manera inexorable a la quiebra técnica del proyecto hidroeléctrico”. Aclaró, además, que “hasta la fecha no pudieron arrimarse documentos legales que acrediten la deuda reclamada por la Argentina”. Y advirtió que “si consideramos los daños causados y el lucro cesante generados al Paraguay por la no culminación de la obra en tiempo y forma, cuya exclusiva responsabilidad recae en el Gobierno argentino, sumados a la energía retirada por ese país por debajo del costo y a la no facturación de potencia -eliminada por la nota reversal de 1992-, se determina que no existe tal deuda y que, si eventualmente pudiera haber existido, fue hartamente cancelada”.
En relación con el llamado a licitación de las obras para la ampliación del parque generador de Yacyretá en el brazo Aña Cuá, el ingeniero Ruttia objetó la decisión de la Entidad Binacional por “la simple y llana razón de que su maquinización no se encuentra contemplada en el Tratado de Yacyretá”, donde se habla únicamente de la construcción de “un vertedero de hormigón” y no se hace mención alguna a “la instalación de unidades turbogeneradoras”. Por lo tanto, la instalación de cinco turbinas de 54,6 MW por unidad en Aña Cuá -como ha sido previsto en la licitación- implicaría la modificación de un tratado internacional y requeriría la aprobación de los Poderes Legislativos de ambos países. Esa posición no es compartida por el director paraguayo de la EBY, Miguel Fulgencio Rodríguez, quien entiende que esta nueva obra “no necesita pasar por el Congreso, ya que el Tratado de Yacyretá tipifica claramente que la EBY puede intervenir en toda su área de influencia a los efectos de mejorar su capacidad de generación de energía eléctrica”.
“Los argentinos no tienen la más mínima voluntad de desendeudar a Yacyretá y emprender luego la maquinización de Aña Cuá”, aseguró, por su parte, el diputado del partido opositor paraguayo Patria Querida, Carlos Soler, quien consideró que su país no debería dejar pasar esta “brillante oportunidad” para negociar una solución a la deuda de la EBY antes de embarcarse en un nuevo emprendimiento. En ese sentido, la Cámara de Diputados del vecino país exhortó al Poder Ejecutivo a suspender el proceso licitatorio de Aña Cuá y dar previo cumplimiento al compromiso asumido en febrero de desendeudar totalmente a Yacyretá.
