La solicitada se titula “La verdad sobre el fraude de Chevron en Ecuador”. Allí la compañía acusa a “un grupo de abogados estadounidenses y ecuatorianos financiados por fondos buitres británicos”, los cuales obtuvieron una sentencia favorable en 2011 por daños ambientales. Según denuncia Chevron, el proceso habría estado “plagado de fraude, corrupción, extorsión y uso de pruebas falsas contra la compañía”. Puntualiza, asimismo, que Chevron Corporation nunca operó en Ecuador y que el juicio fue entablado originalmente contra Texaco, cuya subsidaria TexPet participó como socio minoritario en un consorcio con la estatal Petroecuador. TexPet habría concluido su participación en el proyecto en 1992, “cumpliendo con todas sus obligaciones de remediación ambiental”.
“Abogados y asesores de los demandantes ecuatorianos, ante la falta de pruebas contra Chevron Corporation, falsificaron informes periciales, extorsionaron a jueces, ofrecieron y pagaron sobornos a peritos y jueces, e incluso redactaron la sentencia dictada contra Chevron Corporation”, denunció la compañía en su solicitada. Por último, aclara que “desde hace más de 20 años, Petroecuador ha sido la propietaria y operadora exclusiva del área, y por lo tanto, es la única responsable por las condiciones ambientales actuales”.
Días atrás, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, había cuestionada la campaña que lleva adelante Chevron a nivel internacional. “Vamos a enseñarles a estos tipos que Ecuador es un país pequeño pero con dignidad y sabremos defender al país ante los ataques que han emprendido a nivel internacional”, sostuvo el mandatario, al tiempo que aseguró que dicha empresa ha invertido 400 millones de dólares en un plan de desprestigio contra su país.
En medio de estas turbulencias, la compañía firmó semanas atrás un acuerdo con YPF para desarrollar recursos no convencionales de gas y petróleo en dos áreas neuquinas. Previamente, la Corte Suprema había revocado la sentencia de primera instancia que condenaba a la filial local de Chevron a cumplir un embargo de U$S 19.000 millones dispuesto por la Justicia ecuatoriana.
