La batalla legal entre Elon Musk y OpenAI sacudió a la industria de la inteligencia artificial (IA), exponiendo una profunda grieta entre uno de los empresarios más influyentes del mundo y la organización que ayudó a fundar. Este conflicto no sólo gira en torno a cuestiones legales, sino también a un debate ético y estratégico sobre el futuro de la IA, quién la controla y para qué fines.
Inteligencia artificial: la situación legal de Elon Musk con OpenAI
Todo comenzó en 2015, cuando Elon Musk, junto a otras figuras destacadas del mundo tecnológico, cofundó OpenAI con la intención de desarrollar inteligencia artificial de manera segura y accesible para toda la humanidad. La premisa central era clara: evitar que el desarrollo de sistemas de IA quedara en manos de unas pocas corporaciones y asegurar que sus beneficios se distribuyeran de forma equitativa.
Por lo tanto, OpenAI nació como una organización sin fines de lucro, una decisión deliberada para mantener su independencia ética y operativa frente a las presiones del mercado.
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Sin embargo, en 2018, Musk abandonó el consejo de administración de OpenAI. Según versiones públicas, su salida se debió en parte a un potencial conflicto de interés con Tesla, que también estaba comenzando a incursionar en el desarrollo de inteligencia artificial para vehículos autónomos. No obstante, con el tiempo se hizo evidente que existían diferencias más profundas entre Musk y la conducción de OpenAI.

Mientras Musk sostenía una visión más abierta y comunitaria del desarrollo de la IA, OpenAI, bajo el liderazgo de Sam Altman, comenzó un giro estratégico hacia un modelo híbrido: creó una estructura de “capped-profit” que permitía generar ingresos significativos a través de productos como ChatGPT, al tiempo que seguía manteniendo un núcleo fundacional sin fines de lucro. Este cambio, sumado a una millonaria inversión de Microsoft y la integración de los modelos GPT en sus productos, como Bing y Azure, fue visto por Musk como una traición a los principios fundacionales.
En febrero de 2024, Musk decidió llevar su disputa a los tribunales y presentó una demanda contra OpenAI, Altman y el cofundador Greg Brockman. En la demanda, alegó que OpenAI había abandonado su misión original para convertirse en una subsidiaria de facto de Microsoft, traicionando su compromiso con la humanidad y favoreciendo los intereses comerciales de una empresa privada.
También acusó a los directivos de actuar de manera deshonesta al restringir el acceso abierto a sus modelos más avanzados, como GPT-4, en contradicción con el espíritu original de código abierto que había motivado su fundación.
Sin embargo, en un giro inesperado, Musk retiró la demanda en junio de 2024, apenas un día antes de una audiencia clave en la que los abogados de OpenAI buscarían su desestimación formal. El retiro fue interpretado por algunos como una estrategia para reposicionarse legalmente o como una forma de evitar una exposición judicial que pudiera volverse en su contra. En ese momento, pareció que la batalla legal había llegado a su fin, pero en realidad solo estaba tomando una nueva forma.

En abril de 2025, OpenAI volvió con una contrademanda que cambió el foco de la disputa. En esta nueva acción legal, OpenAI acusó a Elon Musk de llevar adelante una campaña sistemática de acoso y desestabilización contra la organización. Según OpenAI, Musk habría utilizado tanto medios legales como mediáticos para atacar su reputación, interferir en sus relaciones comerciales y socavar su trabajo.
Cómo son las contrademandas de OpenAI y el impacto
En el corazón de la contrademanda se encuentra la acusación de que Musk, a través de declaraciones públicas, publicaciones en redes sociales y maniobras corporativas, intentó sabotear a OpenAI para beneficiar a su propia empresa de inteligencia artificial, xAI, la cual fue lanzada en 2023 como competidora directa en el desarrollo de modelos de lenguaje avanzados.
Uno de los elementos más llamativos de la contrademanda es que OpenAI afirma que Musk hizo una oferta de adquisición por 97.4 mil millones de dólares, con la aparente intención de integrar a OpenAI dentro de su imperio tecnológico. Según la organización, dicha propuesta fue más una jugada desestabilizadora que una intención real de fusión, y forma parte de una estrategia más amplia para interrumpir el crecimiento de OpenAI en un momento en el que se consolida como una de las fuerzas más poderosas en el ámbito de la IA.

La contrademanda también menciona que Musk presionó para que se liberen los modelos más poderosos de OpenAI bajo la bandera del “código abierto”, al mismo tiempo que su propia empresa, xAI, no ha seguido ese principio.
En primer lugar, Musk se expone a una evaluación judicial que podría imponer restricciones sobre su comportamiento en relación con OpenAI o incluso sanciones económicas si se prueba que actuó de mala fe. Pero, más allá de lo legal, el daño reputacional podría ser considerable. Musk ya fue una figura polarizante por sus posturas en Twitter, su apoyo a teorías conspirativas y su estilo confrontativo. Esta demanda podría reforzar la percepción de que utiliza su poder económico y mediático para atacar a competidores cuando no controla directamente una organización.
Además, la batalla con OpenAI se da en un momento clave: xAI está intentando posicionarse como una alternativa a los modelos de OpenAI y Google, y ha anunciado el desarrollo de “Grok”, su propio asistente conversacional, integrado en la red social X (ex Twitter). Si la contrademanda revela prácticas cuestionables por parte de Musk o demuestra que su interés en OpenAI es más destructivo que colaborativo, podría socavar la credibilidad de su proyecto.

Las consecuencias de la guerra entre Elon Musk y Sam Altman
La situación también tiene potenciales efectos colaterales en el ecosistema de la inteligencia artificial a nivel global. Lo que empezó como una disputa contractual entre un fundador y una organización que ayudó a crear, se ha convertido en una pelea ideológica sobre quién debe tener el control de las tecnologías más poderosas del siglo XXI.
Si el caso avanza a juicio —algo previsto para 2026— podría sentar precedentes importantes sobre los límites de la intervención de antiguos socios fundadores, el rol del capital privado en organizaciones con misiones públicas y los criterios de transparencia y acceso abierto en modelos de IA.
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Aunque existe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo extrajudicial para evitar el escándalo y los costos de un juicio prolongado, lo cierto es que ninguno de los dos actores parece dispuesto a ceder. OpenAI busca proteger su autonomía y su modelo híbrido de desarrollo, mientras que Musk parece decidido a desenmascarar lo que considera una traición a la misión original de la empresa.
En última instancia, este enfrentamiento no es sólo una cuestión de egos o de millones de dólares, sino un reflejo de la tensión creciente entre las visiones del futuro de la inteligencia artificial: una como bien común y otra como activo estratégico bajo control empresarial.




