La inhabilitación de Juan Guaidó para ejercer cargos públicos durante 15 años marca una nueva escalada de la crisis abierta en enero entre el régimen de Maduro y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

“El diputado Guaidó ha usurpado funciones públicas y ha cometido acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela y su patrimonio público”, afirmó el contralor general de la República, Elvis Amoroso, al anunciar la inhabilitación política de Juan Guaidó por un lapso de 15 años. La medida ha sido inmediatamente rechazada por la Asamblea Nacional, que considera a Amoroso carente de autoridad por no haber sido designado por el Parlamento.

El 23 de enero último, Juan Guaidó se había proclamado “presidente encargado”, con el apoyo de la mayoría opositora que controla la Asamblea Nacional. Logró el inmediato apoyo de EE. UU., del Grupo de Lima y, posteriormente, se sumaron 19 países de la Unión Europea. El legislador del partido Voluntad Popular, fundado por el opositor Leopoldo López en 2009, denunció a Nicolás Maduro por usurpación del cargo. Este último había asumido su segundo mandato presidencial de seis años el 10 de enero, luego haber sido ungido en las elecciones del 20 mayo de 2018. La Asamblea, de mayoría opositora, al igual que gran parte de la comunidad internacional, no reconoce el resultado electoral.

Maduro, cada vez más aislado

Las relaciones del gobierno de Maduro con la comunidad internacional ya venían golpeadas por la ola de detenciones y represión que siguieron a las multitudinarias protestas opositoras de 2014.

La persecución de la oposición se dio en el marco de lo que la ONG Human Rights Watch denomina “un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia” por parte del chavismo, lo que, a juicio de esta organización constituye una innegable violación de la separación de poderes. Por su parte, un panel de expertos internacionales –integrado por el argentino Santiago Cantón, el canadiense Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura Robles– presentó en julio de 2017 un informe a la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que sostiene, entre otros cuestionamientos, que “la privación de los derechos fundamentales de que han sido objeto las víctimas de persecución política en Venezuela forma parte de un ataque generalizado y sistemático” que se corresponde a la definición de “varios crímenes de lesa humanidad”. En septiembre del año pasado, las conclusiones de este grupo de juristas, sumadas a las constataciones hechas por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llevaron a seis países de la OEA  –Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú– a promover ante la Corte Penal Internacional (CPI) de Roma la apertura de un proceso contra el gobierno de Maduro.

Un actor clave en este proceso de acorralamiento de Maduro ha sido el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien tomó posesión del cargo en 2015 y que paradójicamente contó para su elección con el respaldo de Caracas. La situación llegó a un punto límite en abril de 2017, cuando Venezuela anunció su decisión de retirarse de esa organización “para romper con el intervencionismo imperial”. En agosto de ese mismo año se conformó el denominado “Grupo de Lima”, que integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Desde ese foro se fueron adoptando una serie decisiones, que incluyeron el desconocimiento del proceso electoral celebrado en mayo de 2018, que consagró la reelección de Maduro, y, con la única excepción de México bajo el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el reciente reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, ante el supuesto vacío de poder generado por la ilegitimidad de Maduro.

El rol de EE. UU. en la crisis en Venezuela ha sido clave. A través de su vicepresidente, Mike Pence apoyó desde el primer momento a Juan Guaidó. A su vez, a pocas horas de su proclamación, el presidente de EE. UU. Donald Trump fue el primer mandatario en reconocer la legitimidad de Guaidó como presidente: “Alentamos a otros gobiernos en las Américas a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Guaidó, como el presidente interino de Venezuela, y trabajaremos constructivamente con ellos para apoyar sus esfuerzos para restaurar la legitimidad constitucional”, declaró Trump.

Una economía al borde del colapso

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo, registra una contracción acumulada del 44,3 % en su PBI desde 2013 hasta la fecha, a lo que se suma una inflación galopante, que de acuerdo a estadísticas independientes superó en 2018 la cifra de 1.000.000 % (algunos datos señalan que estaría en el orden de 1.700.000 %) y, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), este año sería superior a 10.000.000 %. A este panorama ha contribuido el deterioro en la performance de la estatal PDVSA, cuya producción de crudo se redujo de 3,2 millones de barriles diarios en 2008 a 1,09 millones en el último trimestre de 2018. También ha impactado fuertemente la caída del precio de la denominada “cesta Venezuela”, que pasó de un promedio de 103,4 dólares por barril en 2012 a 67,7 en 2018.

“La reducción de los ingresos fiscales de origen petrolero ha sido acompañada por una importante contracción simultánea en los ingresos fiscales no petroleros, consecuencia de la mera en el nivel de actividad interna y de los efectos de la hiperinflación sobre la recaudación impositiva”, advierte el informe de coyuntura de diciembre de 2018, publicado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). “El déficit financiero del sector público se ha estado financiando, esencialmente, con emisión monetaria por parte del Banco Central”, añade el reporte, al tiempo que especifica que entre las vías de dicho financiamiento destacan los créditos directos de la autoridad monetaria a las empresas del Estado, la entrega de “utilidades cambiarias” desde el Banco Central al gobierno y la expansión del crédito bancario de los entes financieros del Estado a los diferentes entes públicos.

El informe de la UCAB concluye alertando sobre “la severidad de la restricción externa, que impide el retorno de la economía al crecimiento económico sostenido”. Y, a modo de advertencia de cara al futuro, advierte: “El ritmo de actividad económica no se podrá recuperar sin una fuerte inyección de recursos externos que, en el corto plazo, no pueden ser generados por la industria petrolera dada la notable destrucción de su capacidad productiva, ni por ingresos de capitales voluntarios dados los elevados niveles de riesgo y la inestabilidad política predominante. Los recursos necesarios solo pueden provenir de la ayuda externa y de los organismos multilaterales diseñados expresamente para ayudar a países afectados por crisis económicas como las que han afectado a Venezuela en los últimos años”.

El colapso económico, sumado a la grave crisis política y a la falta de oportunidades, han provocado un éxodo masivo de refugiados a países vecinos en la región. Se trata de los movimientos de población masivos más grandes en la historia de América Latina, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Colombia alberga al mayor número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, con un total de más de un millón. Le siguen Perú, con más de 500.000 y Ecuador, con más de 220.000.  Por su parte, Argentina acoge a 130.000, Chile a más de 100.000 y Brasil, a 85.000. “Los países de América Latina y el Caribe han mantenido en gran medida una encomiable política de puertas abiertas para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Sin embargo, su capacidad de recepción está ya bajo presión, por lo que se requiere una respuesta más sólida e inmediata de la comunidad internacional para continuar con esta generosidad y solidaridad”, dijo, en noviembre, Eduardo Stein, representante especial conjunto de la Acnur y de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) para esta crisis.

China, un actor cada vez más influyente

En la última década, las inversiones y, en particular, los créditos chinos han tenido en Venezuela un destino privilegiado. De acuerdo a las cifras que maneja la China-Latin America Financial Database del Inter-American Dialogue y de la Global Governance Initiative de la Universidad de Boston, entre noviembre de 2007 y noviembre de 2016 el financiamiento del gigante asiático al país sudamericano ascendió a 62.200 millones de dólares. La actual deuda de Caracas con Pekín está en el orden de los 23.000 millones de dólares, lo que convierte a China en el mayor acreedor de Venezuela.

El mecanismo, conocido como oil for credits o loans for oil, permite al gobierno venezolano saldar su deuda mediante la venta de petróleo, tal como se estableció en el acuerdo bilateral de 2007 que creó el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano, sucesivamente renegociado y renovado. Allí se estableció el compromiso del Estado venezolano de “vender combustible y/o petróleo crudo” en “cantidades no menores a 230.000 barriles diarios” y el depósito del dinero en una cuenta de cobro, que sería utilizada como “fuente (no exclusiva) de financiamiento para el prestatario con el fin de facilitar el reembolso […] del capital, los intereses y otros montos adeudados”. Las dificultades en el repago de esos créditos y la caída de la producción de PDVSA han despertado cierta inquietud en China. De hecho, no se registraron nuevos préstamos en 2017 y 2018, y dos claro signos de ese desgaste fue la demanda presentada por la filial estadounidense de Sinopec contra PDVSA, en diciembre de 2017, por el impago de 23,7 millones de dólares correspondientes a un contrato de compraventa de varillas de acero.

En este contexto de una dependencia financiera cada vez mayor del gigante asiático, las petroleras chinas han incrementado en los últimos años su participación en las empresas mixtas que explotan distintos bloques en la codiciada Faja del Orinoco. Un caso emblemático es el de Sinovensa, creada en 2008 a partir de una asociación entre la china CNPC y la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de PDVSA. Si bien originalmente esta último tenía el 60 % de la participación accionaria, en septiembre del año pasado PDVSA aceptó desprenderse del 9,9 %, lo que dejó a CNPC en poder del 49,9 %. Otras tres empresas mixtas cuentan con participación de CNPC: Petrozumano y Petrourica, en ambas con el 40 %; y, fuera de la Faja del Orinoco, ya participaba desde antes del período chavista en dos campos marginales del lago Maracaibo (Caracoles e Intercampo Norte), transformándose en 2006 en una joint-venture con CVP, que mantuvo el 75 %.

Rusia y Turquía, aliados en clave antiimperialista

Otro aliado clave de Nicolás Maduro, en el marco de su aislamiento internacional, es la Rusia de Vladimir Putin. En rigor, las compras de armamento militar por parte de Venezuela se iniciaron allá por 2005, luego de la segunda visita oficial de Hugo Chávez a Moscú, en noviembre de 2004. Incluyen desde la compra de helicópteros y cazabombarderos Sukhoi Su-34, hasta rifles Kalashnikov y sistemas de defensa antiaéreos. En el caso de los Kalashnikov, avanza -aunque con cierto retraso respecto del plazo original- la construcción en Maracay (estado de Aragua) de una fábrica que producirá el modelo AK-103. Las FF. AA. de ambos países han venido realizando ejercicios militares conjuntos a lo largo de la última década, el último de los cuales tuvo lugar en diciembre del año pasado, lo que ha generado inquietud en Washington.

En el sector petrolero, al igual que en el caso de China, la influencia de las compañías rusas también ha ido in crescendo en la última década, a partir de la constitución de distintas empresas mixtas con la venezolana CVP. Actualmente la petrolera rusa Rosneft participa, con distintos porcentajes, en las empresas Petrovictoria (40 %), Boquerón (40 %) y Petromonagas (16,7  %) y, en conjunto con Gazprom, tiene el 40 % de otras dos, Petromiranda y Petroperija. En los últimos tiempos, dada la acuciante situación financiera venezolana, PDVSA se vio obligada a acordar con Rosneft la entrega del 49,9 % de las acciones de su filial estadounidense Citgo como garantía de un préstamo (una suerte de hipoteca) por 1500 millones de dólares.

Un actor que se ha sumado a este pequeño grupo de aliados internacionales de Venezuela es Turquía, cuyo presidente Recep Tayyip Erdogan realizó su primera visita oficial al país en diciembre pasado y ratificó en enero su apoyo al gobierno de Maduro. El intercambio comercial bilateral se dispararon en el bienio 2016-2017, al incrementarse las exportaciones venezolanas hacia Turquía en un 78,6 % y las importaciones desde Turquía en un 108,3 %. Con respecto al último año, un dato revelador es que entre enero y mayo de 2018 se exportaron a Turquía 779 millones de dólares en oro venezolano. Las sanciones de EE. UU. y el cerco internacional contra el régimen dejan pocas opciones a Caracas. De hecho, en enero de este año, el Banco de Inglaterra evitó el retiro de reservas de oro venezolanas -que ascienden a 31 toneladas, valuadas en 1200 millones de dólares- depositadas en esa institución.

En este contexto, son pocas las cartas que le quedan por jugar a Maduro. La asfixia económica, la falta de apoyos externos y una oposición fortalecida a nivel interno amenazan, como nunca antes, la viabilidad del régimen bolivariano fundado hace 20 años por Hugo Chávez.