A dos años de la firma del protocolo de Minsk, que estableció un alto al fuego en las regiones de Donetsk y Lugansk, el conflicto de Donbas está lejos de resolverse y siguen siendo más las cuentas pendientes que los avances concretos en la negociación.

Tras el estallido del conflicto en el este de Ucrania, los mediadores internacionales intentaron alcanzar un principio de acuerdo entre las partes contendientes para allanar el camino hacia la estabilización de la zona. El primer intento frustrado fue el denominado “Protocolo de Minsk”, firmado el 5 de septiembre de 2014 en la capital de Bielorrusia por representantes del denominado Grupo de Contacto Trilateral integrado por Ucrania, Rusia y la Organización para la Cooperación y la Seguridad Europea (OSCE). Allí se establecieron doce puntos para lograr un cese del fuego, el intercambio de rehenes y prisioneros, así como el monitoreo, la verificación del desarme y de la “desmilitarización” de la frontera ruso-ucraniana por parte de la OSCE.

Por otra parte, el gobierno de Ucrania se comprometió a iniciar un diálogo inclusivo de todos los sectores políticos y a no perseguir penalmente a personas vinculadas con los eventos que se sucedieron en las áreas de conflicto de Donbas. Asimismo, el Parlamento de Kiev (Verkhnovna Rada) debía aprobar la legislación que permitiese un proceso de descentralización del poder que incluiría una ley especial para garantizar el autogobierno de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Posteriormente y ante el estancamiento del proceso, el 12 de febrero de 2015 se firmó un segundo acuerdo, conocido como Minsk II, en el que se especificaron las condiciones del primer protocolo. Allí se estableció el retiro de la artillería pesada de una zona de seguridad de entre 70 y 140 kilómetros, según el tipo de armamento. Además el gobierno ucraniano se comprometió a aprobar una ley especial de autogobierno local en Donetsk y Lugansk, así como una reforma constitucional que debía efectividad la descentralización del poder a nivel regional. Esta reforma del texto constitucional debió haber sido sancionada a fines de 2015, pero aún se encuentra pendiente.

El analista Gordon M. Hahn, experto en geopolítica de Rusia y Eurasia de la Geostrategical Forecasting Corporation (GFC), atribuye el fracaso de ambos acuerdos (Minsk y Minsk II) y la parálisis del proceso de negociación a la actitud de grupos políticos ultranacionalistas y neofascistas en Ucrania, que “son fuertes y han ganado terreno a la sombra del colapso económico, la descomposición social y la radicalización ideológica” de ese país. “Desde el 17 de marzo de 2015 Kiev ha venido violando no menos de siete artículos y nueve obligaciones que asumió en el acuerdo de Minsk II”, asegura este experto, quien considera que “a menos que Occidente presione a Kiev para que aborde el problema del neofascismo y deje de apoyar ideologías radicalizadas, la administración Poroshenko y cualquiera que lo suceda será incapaz de cumplir con los acuerdos”.

“Cada disparo en Donbas socava el peso político de la frágil coalición del presidente Poroshenko y su flexibilidad para conseguir resultados concretos en la Verkhovna Rada, pues el estancamiento del conflicto hará que surjan nuevos extremismos en ambos lados del espectro ideológico”, apunta, por su parte, Carl Hvenmark Nilsson, experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). “Para mantener su credibilidad internacional y contar con mayores posibilidades de introducir enmiendas a la Constitución, la coalición gobernante en Ucrania deberá permanecer unida y resistir las tentaciones populistas impulsadas por las crecientes tensiones en el Parlamento”, apunta.

En lo que respecta al autogobierno de las regiones ocupadas por los rebeldes en Donetsk y Lugansk, Carl Hvenmark Nilsson sostiene que “la realización de algo cercano a elecciones libres y limpias en las zonas disputadas de Donbas (…) no es un escenario realista, especialmente si se tiene en cuenta que la mitad del electorado ha sido desplazado por la fuerza debido a la prolongación del conflicto”. En ese sentido, sugiere, “un proceso electoral legítimo debería establecer canales seguros a través de los cuales se les permita participar a la población desplazada internamente y a los refugiados”.