Estabilidad política, reformas y crecimiento son los grandes retos que tiene el nuevo presidente de Brasil, tras la destitución de Dilma Rousseff. Además, lejos de haber finalizado, las investigaciones por el Lava Jato promete traer más dolores de cabeza para el oficialismo. Por Guido Nejamkis / Especial para DEF (Desde Brasil)

Reformas en las leyes laborales y en el sistema de la seguridad social, atracción de inversiones extranjeras para una economía anémica y la fijación de un límite para la ampliación del gasto público por dos décadas. Esos son los asuntos que dominan la agenda del nuevo gobierno encabezado por el presidente Michel Temer, con los que el nuevo jefe de Estado apuesta a poner en pie a Brasil tras dos años de una dolorosa recesión y el torbellino político que terminó con el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) tras 13 años en el poder.

La agenda es acotada pero ambiciosa, y su implementación, ansiosamente aguardada por el mercado financiero, aún demandará meses y épicas batallas en el Congreso.

Se trata del mismo Poder Legislativo que se pronunció macizamente a favor del impeachment a la ahora expresidenta Dilma Rousseff, pero que puede ensayar resistencias a reformas impopulares, como la que tratará de instituir una edad mínima de jubilación y la que busca flexibilizar las condiciones de contratación de nuevos empleados. Se trata, para Temer y su ministro de Hacienda Henrique Meirelles, de reformas clave para crear empleos en un país cuya economía destruyó más de 1,5 millones de puestos de trabajo formales sólo en el 2015.

El diputado Paulinho da Forca, jefe de la central gremial “antipetista” Força Sindical y líder del partido Solidaridade, fue uno de los dirigentes políticos que más apoyó el impeachment a Rousseff. Sin embargo, una vez que el Congreso votó el apartamiento definitivo de la mandataria, comenzó a militar contra reformas propuestas por Temer. “Cortar derechos no genera empleos”, rezaban afiches con los que central sindical empapeló varias capitales de estado, lo que le valió a Paulinho una convocatoria para discutir las propuestas de reformas con el gobierno. Por lo pronto, ambos proyectos quedarán para el 2017.

En tanto, este año, el Poder Legislativo deberá tratar la propuesta de enmienda constitucional que impone un techo al crecimiento del gasto público atado a la inflación del año previo, lo que seguramente ocurrirá tras las elecciones municipales de octubre, cuando el desprestigiado Partido de los Trabajadores (PT) perdería su último gran baluarte, el gobierno de la mayor ciudad del país: Sao Paulo.

“El techo de gastos nosotros los vamos a aprobar este año. La reforma de la seguridad social (…) involucra una discusión más amplia (…) Entonces va a quedar ésta para el año que viene”, dijo Temer recientemente tras una conferencia ante inversores.

¿AMNISTÍA PARA POLÍTICOS?

El Congreso, también, da muestras de buscar legislar en causa propia, como el intento –hasta ahora fracasado– de aprobar una enmienda con una amnistía para políticos involucrados en acciones de financiamiento irregular de campaña relacionadas con empresas involucradas en la Operación Lava Jato, abortada por una rebelión de pequeñas agrupaciones de izquierda (PSOL) y centroizquierda (Rede).

La amnistía fue públicamente apoyada por un ministro del círculo íntimo de Temer, Geddel Vieira Lima –también exministro de Luiz Inácio Lula da Silva y hoy a cargo de las articulaciones políticas del gobierno–, lo que llevó al mandatario a referirse a la posición de su funcionario como “una opinión personalísima que no involucra ni la opinión del gobierno ni la mía”.

Se trata de un Legislativo que ya no tiene en su seno al diputado Eduardo Cunha, motor y cerebro del impeachment a Rousseff y quien también tuvo su mandato revocado, pero que parece insistir en una lenta pero sostenida batalla contra los fiscales del caso que conmociona desde hace dos años a la política y la economía de Brasil: el Lava Jato.

Una muestra de ello la dio el investigado presidente del Senado, Renan Calheiros, quien dijo públicamente –luego de la denuncia de los fiscales de Curitiba contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, al que acusaron de lavado de dinero y corrupción pasiva y al que describieron como el “comandante máximo” de una “sobornocracia”– que el Lava Jato tiene que “terminar con el exhibicionismo”.

La presentación de esa denuncia, encabezada por el fiscal Deltan Dallagnol, un joven abogado con estudios en Harvard amante del surf y predicador evangélico, fue caracterizada como un “espectáculo” por jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) citados por Folha de S.Paulo, mientras que analistas como Reinaldo Azevedo –acérrimo crítico de Lula y el PT, a los que efectivamente acusa de montar en Brasil un esquema delictivo–, recomendó al juez federal Sergio Moro devolver la denuncia al Ministerio Público, tras caracterizarla como débil.

El magistrado, convertido en una celebridad global por su lucha contra la corrupción, resultó inmune a los pedidos e imputó al expresidente, acusado por recibir sobornos por contratos con Petrobras.

En ese marco, Calheiros, también, pidió al Ministerio Público no hacer denuncias por movilización política y aseguró que el Lava Jato “como vimos en el episodio del expresidente Lula y en otros (…) en vez de dar prestigio, retira prestigio del Ministerio Público y obliga al Congreso a pensar en una legislación que proteja garantías individuales y colectivas”.

En ese sentido, en el Congreso brasileño tramitan propuestas como una revisión de la ley de delaciones y una nueva propuesta sobre “abuso de autoridad”, ampliamente vistas como intentos de la política de poner límites a los procedimientos de la popular operación anticorrupción Lava Jato.

Entre los posibles coletazos del Lava Jato, que para Lula conlleva el peligro de excluirlo de la contienda electoral de 2018 –la Ley de Ficha Limpia impide la postulación de políticos con condena ratificada en segunda instancia–, uno puede preocupar a Michel Temer, quien en recientes mensajes a inversores internacionales ha enfatizado “la estabilidad política extraordinaria” de Brasil al destacar que el proceso de impeachment fue conducido por el Congreso y el STF, la máxima corte de justicia del país. Se trata de una posible delación de Eduardo Cunha.

De hecho, revocado el mandato del legislador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), agrupación que Temer presidió más de una década, la consultora política Eurasia apuntó “un gran riesgo” para el gobierno: la posibilidad de que Cunha negocie una delación premiada en el ámbito de la Operación Lava Jato, trama en la que el exlegislador ha sido implicado por denuncias de que recibió sobornos para viabilizar contratos con Petrobras.

Cunha, quien mintió al Congreso al negar la existencia de cuentas a su nombre en Suiza no declaradas, podría poner al gobierno de Temer en una situación complicada si se convierte en delator.

EL PRIMER BLANCO DE CUNHA

“El miedo entre los líderes partidarios es que Cunha pueda implicar ministros del gobierno de Temer o al propio presidente en un esfuerzo desesperado por reducir su sentencia”, escribieron los analistas Christopher Garman, Joao Augusto de Castro Neves y Filipe Gruppelli Carvalho. Es justamente el factor Cunha uno de los principales puntos considerados por Eurasia para mantener en 20 por ciento las posibilidades de que Temer no pueda concluir su mandato.

El expresidente de la Cámara Diputados, quien perdió su mandato el 12 de septiembre, ya mostró en su primera entrevista como exlegislador –concedida a O Estado de S.Paulo– que buscará pegar pesado contra Temer y su núcleo duro, buscando ver cristalizada una frase que quiere transformar en profecía: “Seré recordado por haber derrumbado a dos presidentes”.

El primer blanco de Cunha fue Wellington Moreira Franco, secretario con rango ministerial que en el gobierno de Temer está a cargo del programa de concesiones y privatizaciones. Cunha dijo que el funcionario está por detrás de irregularidades en la reciente modernización de la zona portuaria de Rio de Janeiro.

“En el momento en que las investigaciones avancen, va a ser muy difícil que Moreira permanezca en el gobierno” expresó sobre el hombre que clasificó como “cerebro” del gobierno de Temer.

Moreira Franco está a cargo de otro ambicioso plan de Temer, que consiste en entregar en concesión o vender 25 proyectos de infraestructura, en las áreas de energía, aeropuertos, autopistas, puertos, ferrovías y minería. El plan contempla que 21 proyectos sean subastados en 2017 y cuatro en el primer semestre de 2018.

Serán concesionados los aeropuertos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis y Fortaleza, actualmente en manos de la estatal aeroportuaria Infraero y también serán concedidos a la iniciativa privada terminales de cargas en los puertos de Santarém (en el amazónico estado de Pará) y Rio de Janeiro. Autopistas que unen los estados de Minas Gerais y Goiás (BR-364/365) y que cruzan el meridional Rio Grande do Sul (BR-101/116/290/386) también serán ofrecidas para administración privada. El paquete de venta también tendrá represas, y seis distribuidoras de energía, en los estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondonia, Piauí y Alagoas, así como empresas de saneamiento básico.

En su análisis sobre la situación política local, Cunha, un político a la vez temperamental y obsesivo, dijo que Temer adhirió a un programa de quien perdió la elección presidencial del 2014 por lo que le será muy difícil implementar reformas “muy radicales” que no tiene la legitimidad dada por las urnas. También adelantó que publicará a fin de año un libro con todos los detalles relativos al proceso de impeachment que será como “un regalo de Navidad”.

Temer, un político frío y astuto que presidió tres veces la Cámara de Diputados, sabe que la suerte de su mandato dependerá, más que de reformas profundas, de su capacidad de poner a andar nuevamente la economía brasileña. “Si mi popularidad cae a 5 %, pero yo salvo a Brasil en estos dos años y cuatro meses, o sea, coloco al país sobre ruedas, yo me doy por satisfecho”, dijo Temer.

Según proyecciones económicas recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la recesión podría continuar en 2017, con una baja del PIB de 0,3 puntos porcentuales. El mercado financiero brasileño, sin embargo, apuesta por una recuperación ya el año próximo y ve, en promedio, una expansión de la economía de un 1,3 por ciento.