Mientras la sociedad sigue esperando la sanción definitiva de la ley de etiquetado frontal de alimentos, conversamos con diversos especialistas sobre este serio problema, agravado hoy en el contexto de la pandemia. Por Susana Rigoz

Sancionado en la Cámara de Senadores en octubre pasado, a fines de abril se debatió en Diputados el proyecto de ley de promoción de una alimentación saludable, un etiquetado informativo visible y la prohibición de publicidad de bebidas analcohólicas envasadas (gaseosas, jugos y aguas saborizadas, entre otras) que contengan sello de advertencia. Su objetivo primordial es combatir el sobrepeso y la obesidad, considerados un grave problema de salud pública.

Si bien se trata de una realidad global –la obesidad se duplicó entre 1980 y 2014 en el mundo–, según datos de la ONU; en Latinoamérica y el Caribe, es especialmente crítica y afecta a uno de cada cuatro adultos. Se calcula que más de 600.000 personas mueren al año por enfermedades relacionadas con alimentación deficiente, como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.

Por esta razón, diversos organismos internacionales, entre ellos OPS/OMS y UNICEF, solicitaron a los países que buscaran soluciones para enfrentar el aumento de la malnutrición que afecta, sobre todo, a las personas de menos recursos, porque la comida saludable suele ser más cara.

Argentina no escapa a estos números preocupantes. La Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud determinó que, en nuestro país, el 41,1% de los menores de entre 5 y 17 años presenta exceso de peso, porcentaje que llega al casi el 68% en los mayores de 18 años.

“El proyecto contempla un sistema de etiquetado frontal en alimentos y bebidas que advierta a los consumidores el exceso de determinados nutrientes críticos, como azúcar, sodio y grasas saturadas”, expresa la doctora Virginia Busnelli (MN110351), directora del Centro de Endocrinología (CRENYF), y añade que una de sus metas principales es “disminuir la obesidad infantil mediante un cambio en los hábitos de compra y de consumo de los chicos”.

LA LEY DEL ETIQUETADO Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Ignacio Porras (M7270), director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR), subraya que esta ley defiende derechos que no están siendo respetados: “El derecho a la información, que es manipulado por la industria alimentaria a través de vericuetos en el actual Código Alimentario Argentino. El de poder, como consumidores, elegir una alimentación adecuada. Y también el derecho a la salud, porque consumir exceso de determinados nutrientes está relacionado con el desarrollo de enfermedades crónicas”, afirma.

Esta es la razón principal por la cual Porras considera que la sanción de esta norma es imperiosa y urgente. “Parece increíble que, pese a estar inmersos en una epidemia de enfermedades crónicas no trasmisibles, sigamos sin saber qué comemos. A esta realidad compleja de por sí, hoy se le suma la pandemia de COVID-19, que vino a poner al desnudo la fragilidad de los cuerpos enfermos, como evidencia el hecho de que las personas padecen diabetes, obesidad o cáncer, etc. y tienen mayor riesgo de requerir internación, terapia intensiva, e incluso pueden llegar a morirse”.

Pese a que es general el consenso acerca de la importancia del etiquetado frontal en los alimentos, hay quienes se preguntan en qué se diferencia de la tabla nutricional que ya en la actualidad posee la mayoría de los alimentos envasados. Busnelli piensa que esta tabla falla a nivel comunicacional por varias razones: “Porque no todos saben leerla, porque aun después de hacerlo,  no es sencilla de comprender y porque, también, es necesario entenderla para uno mismo, ya que todos somos distintos. El etiquetado frontal busca facilitar la comprensión y fortalecer la libre elección como derecho de los consumidores, pero para tomar decisiones inteligentes tenemos que tener información, y no solo advertencias”. Porras es más terminante: “La tabla es ilegible y, según evidencia científica, solo el 13% de la población argentina la lee y entiende. Diría, incluso, que es casi una elite la que accede a la información, la comprende y tiene posibilidades de decidir”.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA

Acerca de si alcanza con saber si un producto tiene excesos de sodio, grasas, azúcares o calorías, Busnelli no duda en sostener que “centralizar la educación alimentaria en los excesos es un error, porque lleva a pensar que hay alimentos prohibidos y que la solución del exceso de peso y la obesidad está en no consumirlos. La calidad de los productos es un aspecto central en la salud, de allí la importancia de una ley de etiquetado que permita saber cuáles son los ingredientes que los componen. Sin embargo, al focalizar en los nutrientes que en exceso pueden no ser saludables y, a su vez, dejar de lado la información sobre la presencia de nutrientes protectores, no se ayuda al consumidor a realizar una buena elección, solo se fomenta la prohibición de alimentos y prohibir nunca es la solución”.

Por su parte, Leticia Abinal, licenciada en Nutrición (MN 5042) –quien junto a la chef naturista Cecilia Mantinese dicta cursos y talleres de alimentación saludable–, hace hincapié en otro factor clave: “En mi práctica diaria, aplico la educación alimentaria y enfatizo sobre la importancia de armar una alacena saludable que permita que mis pacientes autogestionen su alimentación de modo consciente. Por eso, estoy convencida de que, aunque la ley no sea la solución total, es clave para los profesionales de la nutrición, porque colabora en el abordaje integral de esta gravísima problemática que estamos padeciendo. Creo que la alimentación se vincula cada vez más con el concepto de bienestar integral del consumidor y con atributos de inocuidad, calidad y características especiales”.

Teniendo en cuenta que los alimentos son aprobados antes de su comercialización, la pregunta es por qué se espera que impacte tanto esta norma. “Porque la connotación negativa que otorga el etiquetado a numerosos alimentos va a modificar su elección. Y sabemos que la industria trabaja y produce a demanda de la población. A largo plazo, esperaría que se modifiquen nuestros patrones de consumo y, por ende, las estadísticas de sobrepeso y obesidad”, afirma Busnelli.

Lo que resalta Porras son los errores de la normativa actual, que “está centrada en la calidad bromatológica y carece de una visión preventiva de enfermedades crónicas. Dicho en criollo, uno está seguro de que un determinado alimento no va a provocar diarrea, vómitos, salmonelosis, etc., pero no prevé que el consumo frecuente puede generar diabetes tipo 2, sobrepeso, esteatosis hepática o cáncer”, detalla. Por lo tanto, espera que la sanción de esta norma sea el puntapié de otras políticas públicas, como, por ejemplo, que los productos etiquetados paguen un impuesto que se destine a promover el consumo de alimentos saludables, o que el Estado elija para la asistencia alimentaria artículos sin sellos. “Hoy los sectores vulnerables tienen un 30% más de riesgo de malnutrición. Un informe reciente de la Universidad Católica Argentina señala que los principales productos comprados con la tarjeta de asistencia alimentaria son golosinas y bebidas azucaradas. Por su lado, el Conicet señaló que, durante 2020, aumentó el consumo de galletitas, alcohol y otros productos nocivos para la salud”.

EL IMPACTO DE LA LEY DEL ETIQUETADO EN LA OBESIDAD Y EN LA NIÑEZ

El alto índice de obesidad en menores de cinco años es alarmante. Según datos del Programa Nacional de Salud Escolar, PROSANE, de 2019, de un total de 11.000 niños que fueron controlados en 1.° y 6.° grado, en 2012 y 2017, respectivamente, el sobrepeso aumentó de 21,1% a 26,6%; y la obesidad, de 14,5% a 22,7%. Abinal recalca que, en la Convención de Derechos del Niño, se destaca la importancia de “suministrar alimentos nutritivos y agua segura para combatir las enfermedades y la malnutrición. Dicho de otro modo, el etiquetado contribuye en el desarrollo de los derechos del niño y de la población en general”.

En relación a la publicidad de los  productos destinados a los menores, la ley establece que, se prohíbe en aquellos alimentos o bebidas que tengan una de estas advertencias. “Aclara también que,  en productos con sellos o que contengan edulcorantes, no se podrán incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, regalos o cualquier otro elemento, ni la participación en concursos, juegos, eventos de cualquier índole”, detalla Busnelli. Y en relación a los establecimientos educativos, “la ley especifica que es responsabilidad del Consejo Federal de Educación promover actividades didácticas y de políticas que establezcan contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en las escuelas de todo el país”. Puntualiza también que “en esos espacios, no se podrán comercializar ni ofrecer alimentos que contengan algún sello de advertencia”.

Para Porras, este es un primer paso, pero le deben seguir políticas regulatorias que impidan que los productos sellados se vendan o promocionen en las escuelas o se publiciten en los medios. “Nuestras estadísiticas señalan que el 41% de los niños tienen sobrepeso y obesidad entre los 5 y los 17 años. Nuestra encuesta anual de nutrición y salud indica que el 25% de los adolescentes compró un alimento promocionado, y el 20% de los padres adquirió en la semana un producto que los chicos habían visto en una publicidad. Hoy tenemos cerca de 60 publicidades semanales destinadas a la infancia, de las cuales 9 de cada 10 son productos de baja calidad nutricional”, detalla el especialista.

En el mismo sentido, Abinal asevera que, en la difusión de la información, intervienen sectores económicos, desinteresados en la salud. “Grandes empresas, algunas multinacionales, que con publicidad sesgada y engañosa nos indicen a creer que sus productos industrializados y procesados son los mejores. La realidad es que siempre ingerimos los mismos alimentos de baja calidad (harinas, azúcares, grasa y sal), combinados de formas distintas y con el agregado de sustancias nocivas para la salud, como emulsionantes, texturizantes, colorantes, jarabe de maíz de alta fructuosa, etc., que pueden producir trastornos metabólicos, adicción, hiperactividad, asma, entre otras afecciones”. Abinal también explica que, si bien la obesidad infantil es la que figura como principal consecuencia de la mala alimentación, existen “problemas hormonales, caries, cambios de temperamento y conducta y debilitamiento inmunológico, entre otros, que los vuelven más propensos a enfermarse”.

LA CONVIVENCIA ENTRE LA LEY Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) asegura que no se opone al etiquetado siempre y cuando no tienda a la demonización. Sobre este punto, Busnelli manifiesta su acuerdo y agrega: “La gran herramienta de las famosas dietas restrictivas es justamente eso: la restricción. ¿Por qué? Porque esto hace que las personas centren toda su atención en aquello que sí y que no deben comer, hecho que puede provocar numerosos trastornos y provocar ganancias de peso con un gran impacto metabólico. El sistema de advertencia es un modelo punitivo que provoca temor y que genera la sensación de que la solución al sobrepeso y obesidad, objetivo de la presente ley, es la restricción de aquellos productos con al menos un octógono negro”.

Porras, por su parte, describe a la industria como una “maquinaria difícil de enfrentar” y que, aunque la realidad demuestra que cada vez hay más chicos enfermos y más enfermedades de adultos en niños, “las empresas, en vez de mejorar la producción, quieren triplicarla, sin tener en cuenta que la experiencia llevada a cabo en otros países demuestra que mejorar el perfil alimentario no afecta la economía. Por lo tanto, decir que la ley traerá pérdidas económicas y laborales es mentir”.

Si bien los funcionarios declaran de manera unánime que este es un tema prioritario, ya que implica una cuestión de salud pública, la problemática no termina de resolverse. Acerca de cuáles son las verdaderas razones de esto, Porras ironiza: “La industria paga muchos sueldos, congresos, viajes… Y hay funcionarios públicos que son exgerentes de empresas azucareras… Yo mismo escuché argumentar en la Cámara que el problema de la Argentina es el agregado de azúcar en el mate”.

Por último, sostiene que debemos estar tranquilos en cuanto a la génesis de esta norma. “Si bien la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), atravesada por la industria alimentaria, está apostando a una medida de menor eficacia, con topes más laxos, soy optimista, porque la ley fue elaborada con la mejor evidencia científica –generada por el Ministerio de Salud de la Nación– y libre de conflictos de interés. Espero que los diputados legislen para los 45 millones que somos y no para los intereses de unos pocos. Creo que oponerse hasta daría vergüenza”, concluye Porras.

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