Con 38 votos a favor y 27 en contra, la comisión especial sobre el juicio político votó a favor del dictamen de su instructor, el diputado Jovair Arantes (PTB), quien recomendó someter a Rousseff a juicio político por incumplimientos a la Ley de Responsabilidad Fiscal en los presupuestos de 2014 y 2015.
El gobierno -con el ex presidente Lula da Silva como ministro con designación suspendida por la justicia- negocia contrarreloj con posibles nuevos aliados de la administración Rousseff con el fin de que voten contra el juicio político el próximo domingo en el pleno de la Cámara de Diputados. La oposición necesita 342 votos para cubrir los dos tercios requeridos por la Constitución para elevar el proceso al Senado, que es la cámara juzgadora.
El Senado debe votar por mayoría simple si acepta o rechaza el proceso y en caso positivo la mandataria tiene que tomar licencia de 180 días hasta que la cámara alta vote nuevamente sobre su destitución, pero esta vez necesita dos tercios de los 81 legisladores.
La dirección del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vicepresidente Michel Temer decidió pasarse a la oposición, pero su bloque de Diputados tiene bastantes fieles al gobierno, como el jefe de la bancada, Leonardo Picciani.
Paralelamente, esta semana también debe continuar la negociación para montar una comisión de juicio político contra Temer, como ordenó el juez del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) Marco Aurelio Mello, que obligó a Cunha tomar con el vicepresidente el mismo criterio que usó con Rousseff sobre los decretos de créditos internos dentro del presupuesto que configurarían delito de responsabilidad.
