El gobierno argentino instrumentó la reforma a través de un decreto de necesidad y urgencia y ya suscitó dudas sobre el alcance y responsabilidades de los organismos de seguridad.
La iniciativa busca transformar el actual Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y adaptarlo a los desafíos contemporáneos como ciberamenazas, crimen organizado, influencia extranjera y defensa de soberanía.
