Luego de la violencia desatada tras la operación policial contra el Comando Vermelho en las favelas del Complexo do Alemão y del Complexo da Penha, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, pidió mayor apoyo del gobierno central brasileño. Habló, en concreto, del apoyo de las Fuerzas Armadas y de “un trabajo de integración mucho mayor con las fuerzas federales”.
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Qué son las operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO)
Ahora bien, ¿en qué casos la Constitución y las leyes autorizan la participación de militares en cuestiones de seguridad interior? Se trata de las operaciones de “garantía de la ley y el orden”, conocidas por su sigla GLO y contempladas por el artículo 142 de la Carta Magna y reguladas por una ley complementaria, votada por el Congreso en 1999, y un decreto, firmado en 2001 por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso.
“La GLO es una operación compleja”, reconoció el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Lewandowski, quien puntualizó que “uno de los requisitos o precondiciones es que los gobernadores reconozcan las falencias de los órganos de seguridad y transfieran las operaciones de seguridad al gobierno, específicamente a las Fuerzas Armadas”.
Se trata de una solución temporal y excepcional para situaciones de inseguridad puntuales, o bien ante eventos públicos que requieren especiales medidas de protección, por ejemplo, por la presencia de dignatarios extranjeros. Fue el caso de las Cumbres del G-20, en noviembre de 2024, y de los BRICS, en julio de 2025, ambas desarrolladas justamente en Río de Janeiro.
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En la última Cumbre de los BRICS de este año, en el marco de la GLO decretada por el gobierno de Lula, se movilizaron 20.000 militares, junto con aviones cazas con misiles, sistemas de defensa anti-drones y francotiradores de élite.
La intervención federal y el antecedente de Río en 2018
Existe otra alternativa, también prevista por el marco constitucional brasileño: el artículo 34 establece que el gobierno federal podrá intervenir alguno de los Estados o el Distrito Federal, entre otras hipótesis, para “poner fin a una alteración grave que comprometa el orden público”.
Fue lo que ocurrió en 2018, cuando el entonces presidente Michel Temer decretó la intervención de la seguridad pública del estado de Río de Janeiro. Para justificar su decisión, el mandatario alegó que el crimen organizado había “tomado el control del estado” y la metástasis se esparcía por todo el país y amenazaba la tranquilidad de la población.
En concreto, las Fuerzas Armadas asumieron, entre febrero y diciembre de 2018, el mando de la Secretaría de Seguridad, las Policías Civil y Militar, el cuerpo de bomberos y el sistema carcelario del estado de Río de Janeiro. La conducción recayó en el general Walter Souza Braga Netto, quien se encontraba al frente del Comando Militar del Este, con sede en la capital carioca. Hoy, ese militar, quien fue ministro del gobierno de Jair Bolsonaro, cumple una condena de 26 años de prisión por el fallido intento de golpe de Estado.
Justamente, tras el intento de golpe de Estado del 7 de enero de 2023, el gobierno de Lula dispuso la intervención federal de la seguridad del Distrito Federal. Ante la inacción de las Fuerzas Armadas y de seguridad frente a la invasión de las sedes de los tres poderes en Brasilia, se decidió que el mando de la operación recayera, esta vez, sobre un civil: el entonces secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli. La intervención se prolongó hasta el 31 de enero de 2023.
