El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avanzó con el despliegue de la Guardia Nacional para proteger instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Portland, Oregón ante crecientes ataques de manifestantes.
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Nuevo despliegue de la Guardia Nacional
El mandatario estadounidense denunció que el ICE se encontraba bajo asedio por “ataques de Antifa y otros terroristas nacionales” en su cuenta de Truth Social.
“Estoy ordenando al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que provea todas las tropas necesarias para proteger al Portland devastado por la guerra y a cualquiera de nuestras instalaciones de ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas nacionales”, dijo Trump, quien autorizó el uso de “fuerza letal” en caso de ser necesario.
La medida provocó el rechazo de las autoridades de Oregón y en los distintos sectores del Partido Demócrata. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, declaró que “no existe ninguna amenaza a la seguridad nacional en Portland. Nuestras comunidades están seguras y tranquilas”.
En la misma línea se expresó el alcalde de Portland, Keith Wilson, que señaló que “el número de tropas necesarias es cero, ni en Portland ni en ninguna otra ciudad estadounidense”.
La jefa de Gobierno solicitó más información a la Casa Blanca, que desde la llegada de Donald Trump recurrió a los despliegues de la Guardia Nacimiento para apoyar las redadas del ICE en distintas ciudades estadounidenses.
El principal argumento del presidente fueron los incidentes reiterados contra agentes de fuerzas de seguridad y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Hasta el 8 de septiembre, la Fiscalía General había presentado cargos federales contra 26 personas por delitos que incluyen incendio provocado, agresión a un agente de policía y resistencia al arresto.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había informado que manifestantes habían “atacado y sitiado repetidamente un centro de procesamiento del ICE” en Portland.
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La Administración Trump y su agenda contra Antifa
Desde el asesinato de Charlie Kirk, una figura estrechamente relacionada a Donald Trump, Washington acusó a Antifa y otros grupos extremistas de izquierda de generar un clima de odio, que derivó en la muerte del influencer republicano y en una ola de violencia generalizada en Estados Unidos.
El pasado 23 de septiembre, Trump firmó un decreto que designó formalmente a Antifa como organización terrorista nacional.
Según el documento que acompaña la orden ejecutiva, el movimiento utiliza “ataques violentos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros agentes del orden” como parte de su estrategia para lograr objetivos políticos mediante la coerción y la intimidación.
La orden de Trump permite a todos los departamentos y agencias federales utilizar todas sus facultades para investigar, desmantelar y perseguir cualquier operación ilegal vinculada, incluyendo el apoyo directo a su accionar.
