El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su segundo mandato con una orden ejecutiva en la que designó al Tren de Aragua y a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. La agrupación venezolana, se convirtió en una verdadera amenaza en su país de origen y en toda Latinoamérica con la construcción de una economía marcada por la actividad ilícita.
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El origen de la organización venezolana
En el nuevo auge de los grupos criminales, el Tren de Aragua (TdA) ocupa un rol que puertas adentro de la organización puede ser entendido como contraproducente. La trascendencia en medios públicos le otorga una visibilidad indeseada que llegó proveniente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El Tren de Aragua es una de las tantas organizaciones criminales que surgieron en las cárceles latinoamericanas. Desde la cárcel de Tocorón en el Estado de Aragua, Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, asumió como líder tras una alianza con ex-sindicalistas presos y rápidamente se proyectó hacia el exterior. Con la prisión como bastión seguro para la cúpula de mando, Niño Guerrero se expandió al barrio de San Vicente y, gracias a pactos con bandas menores dentro y fuera del sistema penitenciario, rápidamente llegó al ámbito nacional.
El enfoque inicial de la banda fue el contrabando y el control territorial a través de tributos, una situación que solo fue posible gracias a la connivencia con el gobierno de Nicolás Maduro. Su crecimiento estuvo acompañado de una ampliación de la gama de delitos: la extorsión, el secuestro, la trata de personas con fines de explotación sexual, el tráfico de migrantes, el contrabando, la minería ilegal, el narcomenudeo, la ciberdelincuencia y el robo que ya hacen parte de la economía de la agrupación.
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Tren de Aragua: su proyección a Colombia, Perú y Chile
Dos años más tarde, el TdA decidió irrumpir internacionalmente y desafiar las rutas del tráfico de drogas y de personas, y el contrabando con Colombia. Allí encontró un frente abierto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las fuerzas de Gaitanistas de Colombia (AGC). Las disputas se centraron sobre el dominio de los principales pasos fronterizos, un factor clave para garantizar la viabilidad del negocio.
La organización de Aragua encontró en la población fronteriza colombiana de La Parada, con fuerte presencia de migrantes venezolanos, una base para su primer salto transnacional. La crisis migratoria fue ampliamente explotada con métodos extorsivos, viajes clandestinos a Colombia y haciéndose con el control de varios centros del mercado de la prostitución de las migrantes con préstamos y pasajes imposibles de pagar.
Entre 2018 y 2023 las operaciones se expandieron principalmente a Colombia, Perú y Chile, con informaciones de presencias esporádicas en Ecuador, Bolivia y Brasil, con vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), el principal actor criminal del país.
Hace dos años, la agrupación perdió su base de operaciones en la cárcel de Tocorón tras un operativo de seguridad del gobierno venezolano y, a pesar de no haber sido capturados, los líderes fueron forzados a dispersarse.
