El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción de 60 días que abarca nueve provincias y tres municipios, en respuesta a la grave escalada de violencia del crimen organizado que dejó al país con uno de los niveles de homicidios más altos de Latinoamérica en 2025.
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Ecuador ante un nuevo estado de excepción
El Decreto Ejecutivo Nº 277 suspenderá durante los 60 días del estado de excepción los derechos de inviolabilidad del domicilio, permitiendo allanamientos sin orden judicial, y de inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, para facilitar labores de inteligencia y recopilación de información.
Estas restricciones buscan agilizar las operaciones de seguridad, aunque plantean debates sobre la protección de libertades en un contexto donde las autoridades argumentan que las medidas son necesarias para enfrentar una crisis de seguridad sin precedentes.
Esta medida alcanza a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Mientras que entre los municipios afectados se encuentran La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
En estas áreas, las fuerzas policiales podrán realizar allanamientos sin orden judicial previa, recopilar información estratégica y activar operativos directos contra organizaciones criminales que operan en corredores logísticos claves del país.
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Ola de violencia y récord de homicidios en Ecuador
La ampliación del estado de excepción se da tras un aumento sostenido de la violencia en todo el país. Entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025, solo en las regiones afectadas se registraron más de 1.200 homicidios, lo que refleja una nueva de violencia criminal que supera a los registros de años anteriores.
De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio del Interior, Ecuador cerró el año 2025 con más de 8.800 asesinatos, consolidando uno de los peores récords de violencia en su historia reciente y una tasa estimada de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El gobierno ecuatoriano sostiene que la criminalidad no solo persistió, sino que se expandió territorialmente y se articuló en corredores estratégicos, conectando diversas zonas del país y desafiando las respuestas de seguridad tradicionales.
Grupos como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones fueron señalados por las autoridades como responsables de actos violentos de alto impacto, incluyendo asesinatos selectivos, enfrentamientos armados y control de rutas de narcotráfico y logísticas criminales que afectan la seguridad nacional.
Con la ampliación del estado de excepción, el presidente Daniel Noboa repite la estrategia y busca responder a la profunda crisis de violencia que atravesó Ecuador en 2025, caracterizada por cifras récord de homicidios y la expansión de bandas criminales.
