Estados Unidos y Colombia se enfrentan por la decisión de Donald Trump de imponer descertificación parcial antidrogas. Para la Casa Blanca, la contribución de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico es insuficiente y el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que no comprará armamento estadounidense.
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Narcotráfico: qué es la certificación antidrogas
La certificación fue introducida en 1987 bajo la Ley de Asistencia Extranjera como un mecanismo en poder del presidente de Estados Unidos para evaluar el desempeño de los países aliados en la cooperación contra el tráfico de drogas.
Anualmente, Washington impulsa la lucha antidrogas con fondos para combatir a los carteles de narcotráfico a nivel regional. En el caso de Colombia, significaba una asignación de 400 millones de dólares hasta que fue reducida a 209 millones para el 2026, más temprano este año.
Para el Comité de Asignaciones y el gobierno de Donald Trump, “Colombia no ha aprovechado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover las metas y objetivos comunes”.
En un informe presentado en agosto de 2025 se hizo hincapié en el evidente “aumento del consumo de drogas en los niveles más altos del Gobierno”. Sin nombrar a funcionarios, el reporte fue contundente y cuestionó el alcance y el compromiso del gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico.
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Descertificación: por qué Estados Unidos se la quitó a Colombia
A un mes de la reducción, la Administración Trump resolvió la descertificación del gobierno colombiano, que se traduce en la quita del presupuesto asignado para los años próximos. La misma decisión recayó sobre los gobiernos de Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania.
El Ministerio de Hacienda colombiano emitió un comunicado y afirmó que esta decisión no afecta la estabilidad económica y el crecimiento pronosticado para el país.
“El gobierno de los EE. UU. tomó la decisión de ‘descertificar’ a Colombia, sobre ello reafirmamos lo señalado por la cancillería colombiana en el sentido de que, en esta ocasión, se ‘siguieron lineamientos meramente políticos que desconocen la realidad en el territorio y los logros reales, medibles y de impacto alcanzados por Colombia en los últimos tres años en materia de lucha antidrogas’“, se lee en un comunicado del Ministerio de Hacienda.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro definió interrumpir la compra de armamento de origen estadounidense como respuesta a la descertificación que impactaría en el financiamiento de operaciones, compra de equipamiento y en los fondos de las fuerzas de seguridad colombianas.
¿Fin de la relación militar de Colombia y Estados Unidos?
“Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares, del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un Ejército de la soberanía nacional”, anunció Petro en una reciente sesión del consejo de ministros.
Se presume que la interrupción de los contratos vigentes es temporal porque Estados Unidos es el principal socio comercial y proveedor de armamento y, a pesar de la descertificación, se iba a continuar con la entrega de instalaciones militares de Washington a Bogotá, como uno de los puntos claves de la cooperación.
En julio de este año, el gobierno estadounidense inauguró junto a autoridades colombianas una nueva instalación de alojamiento, donada por los Estados Unidos, al Centro de Entrenamiento Avanzado de Ala Rotatoria en Tolemaida. Se trató de la primera de tres edificaciones para reforzar la colaboración bilateral y el estado de las Fuerzas Armadas colombianas.
No es una novedad por parte de Colombia, ya que Petro había avanzado con la diversificación de los proveedores militares en pos de la “independencia”, con el anuncio de la adquisición de los aviones Gripen de Suecia y el objetivo de tener las primeras incorporaciones en un plazo de 16 a 18 meses.
