La crisis social en Estados Unidos se profundizó en las últimas semanas a raíz de las actividades del Immigration and Customs Enforcement (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, desplegadas para reforzar las deportaciones y el control migratorio. El operativo, denominado Operation Metro Surge, generó un fuerte descontento entre los residentes de Minneapolis, al interpretar su accionar como una intervención excesiva y confrontativa en una ciudad con políticas tradicionalmente más flexibles en materia migratoria.
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El principal punto de tensión surgió tras el asesinato de Renee Nicole Good, quien perdió la vida luego de recibir disparos por parte de un agente del servicio de inmigración. Sin embargo, la posterior muerte del enfermero Alex Jeffrey Pretti, abatido durante otro operativo federal, fue el detonante definitivo de las protestas masivas y de la presión política que obligó al gobierno estadounidense a revisar su estrategia en la ciudad más poblada del estado de Minnesota.
Minneapolis: el foco del descontento con los servicios migratorios
Desde finales de diciembre de 2025, el gobierno federal de Estados Unidos había puesto en marcha Operation Metro Surge, una ofensiva migratoria descrita por las propias autoridades como “la mayor operación de control migratorio realizada hasta el momento en Minnesota”. La iniciativa incluyó el despliegue de miles de agentes federales de ICE, la Patrulla Fronteriza y otras unidades, con el objetivo de efectuar arrestos y deportaciones por violaciones a la ley migratoria.
Si bien la administración aseguró que el operativo estaba dirigido principalmente a personas con antecedentes de crímenes graves, reportes periodísticos indicaron que solo una proporción reducida de los detenidos contaba con antecedentes vinculados a delitos violentos. Esta discrepancia alimentó las críticas de autoridades locales y organizaciones civiles, que denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza y detenciones indiscriminadas en espacios públicos.

Previo al asesinato de Renee Nicole Good, ocurrido el 7 de enero de 2026, la actividad de los agentes de migración se había intensificado en distintos puntos de Minneapolis. Ese día, varios civiles se acercaron a uno de los centros donde se encontraban desplegadas las fuerzas federales, observando y grabando el desarrollo del operativo como forma de protesta. En ese contexto, Good se encontraba dentro de su vehículo y se aproximó al lugar donde operaban los agentes, en un intento de interferir o cuestionar su accionar.
Según relataron testigos, uno de los oficiales le ordenó a Good que se desplazara a otro sector para permitir la continuidad del operativo, mientras que otro agente le exigió que descendiera del vehículo.
En medio de la tensión, la mujer habría intentado acelerar para abandonar el lugar, momento en el que un agente abrió fuego y efectuó tres disparos mortales. Las autoridades federales sostuvieron que Good intentó embestir a uno de los oficiales con su automóvil y calificaron el hecho como un caso de “defensa propia”, versión que sigue siendo cuestionada por familiares y organizaciones de derechos civiles.

El episodio provocó conmoción a nivel nacional, pero especialmente en Minneapolis, donde las detenciones no cesaron tras el hecho. Por el contrario, los operativos continuaron y comenzaron a registrarse manifestaciones espontáneas de residentes, acompañadas de enfrentamientos aislados entre civiles y fuerzas de seguridad.
La situación se agravó aún más el 24 de enero de 2026, cuando Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, murió tras recibir un disparo durante otro operativo de ICE. Pretti se encontraba en la zona donde actuaban los agentes y, junto a otras personas, intentó acercarse para observar lo que sucedía.
Mientras algunas fuentes oficiales afirmaron que el enfermero estaba armado y representaba una amenaza directa, otros testimonios y registros audiovisuales sostienen que el objeto que tenía en sus manos era el teléfono celular con el cual grababa el procedimiento.

La muerte de Pretti, sumada al antecedente del caso Good, terminó de consolidar a Minneapolis como el epicentro del rechazo a los operativos antimigratorios federales y abrió un debate a escala nacional sobre los límites del uso de la fuerza por parte de los servicios de inmigración en Estados Unidos.
Las consecuencias en Minneapolis: despidos y retirada parcial de los agentes del ICE
Tras varios días de protestas masivas, cierres de comercios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, el gobierno federal comenzó a modificar su postura. Autoridades confirmaron el retiro parcial de agentes federales de Minneapolis, una medida que busca descomprimir la tensión social y responder a los reclamos del gobierno estatal y municipal.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, habían denunciado que el despliegue federal era excesivo e incluso potencialmente inconstitucional, al operar sin coordinación con las autoridades locales y generar un clima de militarización en la ciudad.

Si bien la retirada no implica el fin de los operativos migratorios, marca un punto de inflexión en la estrategia del gobierno federal, que enfrenta crecientes cuestionamientos por el impacto humanitario de sus políticas de deportación.
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En paralelo al retiro parcial de los agentes federales, el gobierno estadounidense avanzó en cambios dentro de la conducción del operativo. Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza y una de las figuras más visibles de Operation Metro Surge en Minneapolis, fue apartado de su rol en la ciudad y reubicado fuera de Minnesota, en medio de fuertes cuestionamientos políticos y sociales por su responsabilidad en el despliegue.
Si bien desde la administración federal evitaron calificar la medida como un despido, autoridades locales y sectores críticos interpretaron la decisión como una consecuencia directa de las protestas y de los dos asesinatos ocurridos durante los operativos, en un intento por descomprimir la tensión y reordenar la estrategia migratoria en la región.




