Desde la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, el Tren de Aragua (TdA) se convirtió en uno de los principales objetivos de la gestión. No solo fue una cuestión mediática durante la campaña electoral y de los primeros pasos de su segunda presidencia, sino que concentró recursos y colaboraciones internacionales para neutralizar a la agrupación transnacional.
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Estados Unidos en guerra contra el Tren de Aragua
Apenas asumió en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para contrarrestar las actividades en el país.
Esta normativa, casi tan antigua como el propio EE. UU., le permitió al mandatario usar su investidura para dictar la deportación de cientos de presuntos miembros del grupo criminal, lo que derivó en una guerra contra la justicia penal tras denuncias de posibles violaciones al debido proceso.
El destino de los deportados fue el Centro de Reclusión para Terroristas (CECOT), un acuerdo que se produjo tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a El Salvador. Esta prisión de máxima seguridad ubicada cerca de la capital de San Salvador, alberga a 238 integrantes acusados de pertenecer al Tren de Aragua, así como a los violentos pandilleros de la mara Salvatrucha.
Sin embargo, Washington enfrenta la intervención de la justicia tras denuncias de posibles violaciones al debido proceso, lo que implicaría que las detenciones fueron infundadas o no acreditaron pruebas que vinculen a los detenidos con el TdA. El proceso de deportaciones había sido suspendido hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió finalmente la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que concedía un estatus legal temporal en el país a más 350.000 venezolanos.
El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que protege de la deportación y da permisos de trabajo a víctimas de crisis humanitarias o desastres naturales. Apenas asumió, el gobierno estadounidense decidió remover exclusivamente del programa a los venezolanos.
Hasta que no se presenten más recursos legales en cada caso particular, Donald Trump podrá deportar a migrantes venezolanos señalados por su participación criminal en el Tren de Aragua y otras organizaciones, o incluso expulsar a aquellos que se encuentran en una situación irregular en Estados Unidos.
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El análisis de la 10.ª Conferencia de Seguridad Hemisférica
En este contexto, la Conferencia de Seguridad Hemisférica conformó un panel exclusivo para analizar la problemática que representa el Tren de Aragua en todo el continente americano. La mesa estuvo integrada por Douglas Farah, Pablo Zeballos, Eduardo Gamarra y Myah Havertong.
Douglas Farah –asesor sénior sobre crimen transnacional de la Fundación TAEDA– describió la naturaleza y la diversidad de sus operaciones, que van desde el narcotráfico hasta el tráfico de personas, la ciberdelincuencia y la venta de armas.
“El Tren de Aragua se integra a la migración irregular venezolana a través del hemisferio. Y, a medida que lo hace, comienza a adquirir poder y a avanzar económicamente de diferentes maneras. El modelo principal es el control territorial, no el control de los productos”, afirmó Farah.
A partir de las rutas migratorias, hizo referencia a la presencia del grupo en Chile, donde aparecen vinculaciones con “Los Gallegos” y “Los Piratas”, dos bandas locales. También cuenta con negocios en Colombia y Perú, y hay registros de actividades esporádicas en Ecuador, Bolivia y Brasil.
Pablo Zeballos, asesor sénior de la Fundación TAEDA, se refirió a un punto clave sobre el modelo de crimen organizado que practica el Tren de Aragua, el reclutamiento en las principales prisiones de Venezuela, un factor que llevó a su fundación en la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua y hace que el grupo sea complicado de neutralizar.
Eduardo Gamarra, director asociado del Instituto Jack D. Gordon, planteó la creación de un tribunal internacional al estilo Nuremberg para concentrar los procesos penales contra el TdA en vez “de atomizar la persecución penal de los distintos delitos cometidos en los distintos países de la región”.
“Podemos implementar un proceso penal dirigido contra individuos en todo el hemisferio, obviamente, de una manera muy efectiva, pero a la vez compatible con los tratados de derechos humanos que firmamos, y que todos nuestros países firman”, sostuvo Gamarra.
