Estalló el escándalo en Colombia por la denuncia de nexos entre el gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), encabezada por alias Calarcá. La investigación fue realizada por el medio local Noticias Caracol, que recabó pruebas durante un año y pone en vilo al Ejecutivo y las Fuerzas Armadas colombianas.
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FARC: revelan vínculos entre Calarcá y el Estado de Colombia
En una reciente emisión televisiva en la cadena Caracol, el medio colombiano expuso decenas de correos, chats, cartas y fotografías que habrían sido incautados a la disidencia liderada por Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, y que apuntan a una red de conexiones con altos mandos del Estado.
Entre los implicados figuran el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Más allá de las pruebas contundentes, varios miembros de las disidencias de las FARC ratificaron la veracidad de las mismas y afirmaron que Huertas y Mejía facilitaron información clasificada para ayudar a Calarcá y su estructura guerrillera en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar.
A su vez, un líder disidente del Estado Mayor Central (EMC) también reveló que estos funcionarios permitieron la creación de sociedades de seguridad para legitimar operaciones ilegales con la excusa de “proteger a líderes sociales”.
En una carta fechada el 8 de febrero de 2024, se describe una propuesta para establecer una compañía “legal” de seguridad para la que el general Huertas conseguiría los permisos, mientras que los disidentes aportarían el personal y las armas. Este plan, de acuerdo con los chats filtrados, preveía la circulación de fusiles bajo cobertura legal en caso de fracaso de procesos de paz.
Un supuesto pacto de no agresión con las guerrillas
Los documentos también atribuyen a Mejía, apodado “El Chulo”, el papel de conectar a las disidencias con “fuentes” en las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia, facilitando movimientos operativos.
El nexo también implicaba un pacto de no agresión y un sistema de inteligencia para avisar sobre operativos contra la facción de Calarcá.
La Fiscalía General y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia (Dijin) con acceso a ubicaciones estratégicas de las disidencias y el seguimiento de sus miembros. Entre los documentos encontrados, se menciona incluso la vigilancia de un cabo en Tibú que informaría sobre las actividades de los disidentes.
El Ministerio de Defensa ya informó que el Ejército abrió una investigación formal ante las denuncias, que podrían desencadenar un debate público sobre la infiltración criminal en los órganos de seguridad e inteligencia del Estado colombiano.
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¿Las guerrillas financiaron la campaña presidencial de Gustavo Petro?
La otra gran sospecha que se cierne sobre el gobierno nacional es sobre el financiamiento de la campaña electoral que convirtió a Petro en presidente de Colombia, el 7 de agosto de 2022.
Al respecto, Caracol mostró conversaciones entre Calarcá e Iván Mordisco, el principal objetivo de las fuerzas militares, en las que sugieren tener pruebas de que los fondos para la candidatura del actual mandatario provinieron de actores ilegales. Puntualmente, las pruebas apuntan contra la vicepresidenta Francia Márquez como articuladora de la gestión con las disidencias.
Asimismo, esfuerzos políticos como la Paz Total y el pasado de Gustavo Petro en la militancia de la organización paramilitar Movimiento 19 de abril aumentan las sospechas de que los nexos del presidente con las guerrillas aún continúan. La publicación de la investigación de Noticias Caracol sobre los documentos de alias Calarcá generó una ola de críticas y respuestas políticas. David Luna, precandidato presidencial, declaró que “si se confirma la denuncia, Petro debe renunciar”, mientras que la senadora María Fernanda Cabal advirtió que el escándalo pone en riesgo la credibilidad del Estado y demanda explicaciones urgentes.
