Cinco claves DEF para entender las protestas en Hong Kong
Hong Kong se encuentra en el centro del debate internacional, por la nueva Ley de Seguridad Nacional aprobada por el parlamento chino. ¿Cuál es el objetivo de la legislación y por qué es tan polémica? En esta nota, la respuesta a algunas de esas preguntas.
¿Qué fue lo que puso a Hong Kong en el ojo de la tormenta?
Desde que Hong Kong fue devuelta a China por parte del Reino Unido, esta la primera vez que los temores de los habitantes de la isla en relación a perder algunos de sus derechos tienen sustento. El pasado 30 de junio, el régimen chino sancionó una nueva Ley de Seguridad Nacional para el territorio y los detractores de la misma afirman que pretende minar la autonomía de la excolonia. La nueva legislación tiene como objetivo criminalizar “actos de secesión, subversión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional”, aunque la polémica está puesta sobre el derecho a las protestas y la libertad de expresión.
¿Qué se pretende con esta ley, según el gobierno?
El régimen chino pretende garantizar la seguridad nacional, luego de que las relaciones con Estados Unidos hayan alcanzado un nuevo punto de tensión, el cual se desató tras la pandemia. Tras promulgar la legislación, la Oficina de Asuntos para Hong Kong y Macao celebró la sanción y afirmó que “para una vasta mayoría de los residentes de Hong Kong (…) esta ley es un espíritu guardián de sus libertades. Pero, para una pequeña minoría esto será una espada pendiendo sobre sus cabezas”.
¿Qué se pretende con esta ley, según la oposición?
El consejo legislativo de la isla denunció que el proyecto nunca tuvo la oportunidad de ser discutido y que fue aprobado unilateralmente por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular. La oposición sostiene que esto podría significar “el fin de Hong Kong”, que solo pretende acallar las voces contrarias al régimen de Pekín, el cual ahora tendría la capacidad de atribuir amplios poderes que nunca antes había tenido para moldear la vida de la excolonia.
¿Cuál es la postura del Reino Unido sobre esta situación?
Tras desatarse esta situación, la respuesta del premier Boris Johnson no se hizo esperar y condenó la promulgación de la ley. “Estamos ante una clara violación de las obligaciones de China”, en relación al acuerdo firmado en 1984 entre ambas naciones para devolver la isla al país que hoy comanda Xi Jinping; además, anunció que -de mantenerse esta situación- evaluarán la posibilidad de cederles la ciudadanía británica a más de 3.500.000 hongkoneses.
¿Qué dijo China sobre la postura del Reino Unido?
Ante las declaraciones de Boris Johnson, el régimen de Xi Jinping anunció que tomará las “medidas correspondientes” si observa que se lleva adelante la flexibilización de las ciudadanías británicas para los habitantes de la isla. “Si la parte británica hace cambios unilaterales en la práctica pertinente, violará su propia posición y sus compromisos, así como el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”, expresó, en un comunicado, la Embajada China en Londres.
La pandemia, las libertades individuales y el orden mundial
Por Natalia Peritore (*)
El desarrollo de la pandemia del coronavirus ha abierto múltiples interrogantes: desde su impacto a nivel individual, hasta su repercusión sobre el orden mundial. Actualmente, se habla, de forma acertada, acerca de una crisis del multilateralismo y de la falta de un liderazgo a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud no está atravesando, de hecho, un momento de gran legitimidad. Asimismo, se perciben Estados más competitivos que cooperativos, sobre todo entre aquellos que detentan mayor poder y que se disputan, por ejemplo, el triunfo por la vacuna contra el COVID-19. Ciertamente, hoy no hallamos ese liderazgo ni en la figura de un Estado ni en la figura de una organización internacional.
¿Y qué sucede en materia de derechos? El debate acerca de la cuarentena decretada por causa de la pandemia, su extensión, sus consecuencias y su legalidad se inscribe en ese ámbito. Así, por ejemplo, ha sido materia de debate la constitucionalidad de las medidas dispuestas por los decretos 260 y 297 en la República Argentina. En un interesante escrito sobre el particular, Alberto Castells se pregunta si el estado de excepción nos coloca frente a un nuevo paradigma de gobierno sobre la base de “deslices constitucionales”. No lo sabemos. Pero la incertidumbre reinante a nivel global y local no parece clarificar el panorama.
¿Nos encontramos ante un nuevo punto de inflexión en el primer cuarto del siglo XXI? Sin lugar a dudas, los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11S) marcaron el primer punto de inflexión del siglo en el ámbito de las relaciones internacionales. Si bien ya se había comenzado a teorizar acerca de la existencia de actores de naturaleza no estatal desde las últimas décadas del siglo XX, con el 11S los grupos terroristas transnacionales irrumpieron en la escena internacional y dejaron al Estado al desnudo: ¿podía la nación más poderosa del mundo, vencedora de la Guerra Fría, hacer frente a esta amenaza? La posterior sucesión de hechos ha evidenciado que no.
Una pléyade de artículos académicos ha dado cuenta de las “nuevas” amenazas a la seguridad internacional, calificándolas de ese modo cuando, en realidad, la mayor parte de ellas no eran novedosas en sí mismas. Sí, lo era su jerarquización en la agenda internacional y la transnacionalidad como marca característica. A partir del 11S vimos cómo se ha apelado a la necesidad de la cooperación internacional en detrimento del accionar eminentemente unilateral y punitivo que ha manifestado Estados Unidos en la era Bush (h). Fuimos testigos de un liderazgo fuerte asumido por este país, aunque cierto es que el multilateralismo no fue su estandarte.
Comenzamos a hablar acerca de la porosidad de las fronteras, así como de la difusión de la división existente entre política interior y política exterior. Fuimos testigos del avance sobre los derechos civiles. Podemos mencionar la instalación de equipos de vigilancia en lugares de gran concentración de personas, así como la aprobación de la Patriot Act en Estados Unidos que dio lugar, por ejemplo, al monitoreo de conversaciones telefónicas de sospechosos de terrorismo sin necesidad de orden judicial y a la intercepción del correo electrónico.
Vivimos un desequilibrio en la relación entre la seguridad y la libertad. La sociedad civil es el nuevo campo de batalla elegido por el enemigo “deshumanizado”, la protección de la población debía ser la piedra angular de toda política seguida por los Estados. Esta responsabilidad máxima legitimaba el avance sobre las libertades individuales dado el estado de excepción reinante.
A este respecto, es válido señalar lo manifestado por Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, acerca del estado de excepción. Sobre el particular, la experta señaló que los poderes que poseen los gobiernos en tiempos de emergencia deben ser limitados y que las restricciones impuestas en consecuencia deben servir como medio para el retorno del normal funcionamiento del sistema legal de protección de derechos.
Así como se “legitimaba” el avance sobre la privacidad de las personas en Estados Unidos en pos de la seguridad nacional (no sin sus detractores, claro está), hoy sucede en pos de la seguridad humana bajo la figura de la cibervigilancia, el reconocimiento facial, el uso de drones, el monitoreo por medio de aplicaciones, etc.
Del mismo modo que, por causa del 11S, la incertidumbre caracterizaba el fin del mundo conocido y las incipientes líneas del naciente, ¿podríamos hoy plantear esta incertidumbre frente a la pandemia del coronavirus? Nos encontramos frente a una situación en la que los Estados deben enfrentar una amenaza no convencional y proteger a su población. Pero el eje ya no pasa por la seguridad del Estado, sino por la seguridad humana. Más allá de manifestaciones de cooperación que han surgido, se evidencia una vuelta “hacia dentro” de los Estados, haciendo gala de su soberanía y del monopolio del uso legítimo de la fuerza.
Evidentemente, estamos ante un nuevo punto de inflexión. Y no muy alejados de aquel 11S. La historia nos ha enseñado que, tras el fin de grandes guerras, han surgido nuevos órdenes geopolíticos. Ciertamente, no estamos en medio de un conflicto bélico. Pero sí en medio de un escenario que, dada su envergadura, configurará una nueva distribución y naturaleza del poder. ¿Será que también producirá una nueva mirada acerca de los “deslices constitucionales” a los que Castells hace referencia en el marco de regímenes democráticos? El tiempo nos responderá.
(*) La autora de este artículo es Magister en Estrategia y Geoplítica, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y profesora.
Río Paraná: una bajante histórica
Barcos encallados, barcazas varadas, desmoronamientos en las barrancas costeras y dificultades en el suministro de agua potable a las poblaciones ribereñas han sido algunas de las consecuencias de la inusual bajante que afecta al río Paraná. En diálogo con DEF, el ingeniero Juan Borús, subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA) señaló: “Esta bajante es muy parecida a la de 1971, pero la supera en cuanto a la persistencia que está teniendo y que todo hace prever que va a mantener”. Puntualizó, además, que “nunca en la historia registrada –es decir, desde que se tienen registros hidrométricos a partir de 1884– se dio una situación similar en otoño”. El experto detalló que esta anomalía empezó a manifestarse el año pasado aguas arriba, en la cuenca del río Paraguay, y luego se extendió al Paraná.
“Todos los cursos de agua de la alta cuenca del río Paraná en Brasil presentan caudales inferiores a lo normal”, consignó el INA en su último informe mensual de posibles escenarios hidrológicos en la cuenca del Plata, difundido el pasado 6 de junio. Una situación similar se presenta en la cuenca del Iguazú, afluente del Paraná, que “presenta una condición caracterizada por sequía y bajante en todos los cursos fluviales”, lo que provocó la postal insólita de unas Cataratas con apenas un hilo de agua. La bajante extraordinaria se extiende hacia el tramo argentino-paraguayo y aguas abajo del río Paraná, lo que ha generado graves problemas de navegabilidad en la Hidrovía. “No solo se reducen las profundidades efectivas, sino también el ancho de navegación, que se complica especialmente en los pasos críticos”, especificó el ingeniero Borús.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó el costo de la bajante para el complejo agroexportador argentino en 244 millones de dólares durante el primer cuatrimestre del año. En relación con la logística de la comercialización de los granos dirigidos a mercados externos, la BCR enumeró, en un reciente informe, tres grandes problemáticas. Por un lado, la necesidad de ajustar el volumen de carga en los puertos del Gran Rosario hace que las empresas se vean obligadas a salir con menos mercadería por falta de profundidad. Por otra parte, la bajante también redunda en un castigo que se traduce en un menor precio del aceite de soja argentino respecto de otros orígenes, como el brasileño. Y, por último, los mayores costos de transporte de la soja que baja en barcazas a través de la Hidrovía, especialmente aquella procedente de Paraguay, se traduce en retrasos en la industrialización del poroto en las plantas del Gran Rosario y eso lleva, a su vez, a una ralentización del programa de embarques.
“La altura del río en el puerto de Rosario implica enormes problemas logísticos, de transporte y de industrialización, al resentir la navegación y carga máxima de los buques y barcazas”, alertó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)
Por su parte, el ingeniero Gustavo Villa Uría, subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, advirtió que la bajante se ha visto agravada por la disminución de la demanda eléctrica en Brasil, que depende en buena medida de la hidroelectricidad y la del Paraná es una de sus principales cuencas de aporte. “La disminución de la demanda eléctrica hizo que cayeran los caudales erogados, lo que, agravado por la sequía extraordinaria que ya se estaba produciendo, ha hecho que tengamos esta bajante histórica en el río Paraná”, especificó el funcionario, quien participó junto con la Cancillería de las negociaciones con la contraparte brasileña para conseguir la liberación de un mayor caudal de las represas ubicadas aguas arriba, de manera de paliar la situación aguas abajo.
El funcionario recordó que, en 1969, luego de una bajante que afectó gravemente la zona, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de la Cuenca del Plata, que entró en vigencia en agosto de 1970. Un punto clave del acuerdo fue la creación del Comité Intergubernamental Coordinador (CIC) como órgano permanente del sistema.
“Lamentablemente, a pesar de ser uno de los primeros comités de cuenca del mundo –que, definitivamente, es la forma de gestionar un río interjurisdiccional–, el CIC no ha desarrollado todas las actividades que tenía previstas”, afirma Villa Uría. Una década más tarde, se firmó un convenio tripartito entre Buenos Aires, Brasilia y Asunción. Tal como se encargó de señalar el subsecretario de Obras Hidráulicas, ese instrumento es previo a la construcción de Itaipú y contemplaba, a su vez, el proyecto de Corpus por parte de Argentina y Paraguay, obra que nunca llegó a concretarse. “Allí se hablaba de niveles máximos [de operación de los embalses], pero no preveía niveles mínimos”, indicó Villa Uría, quien agregó que “de ahí en más no hubo ningún avance sobre tratados específicos con Brasil”.
“En estos momentos nos toca el difícil papel de ir a disputar con Brasil, en el mejor sentido de la palabra, las necesidades de uso del recurso hídrico aguas abajo, especialmente el consumo de agua potable en importantes localidades argentinas que están a la vera del río Paraná, así como también el problema de la navegación”, admitió. Por eso, cabe destacar como un gran logro de la diplomacia argentina el acuerdo para la apertura de compuertas de Itaipú, la hidroeléctrica binacional brasileño-paraguaya, con el objetivo de reactivar el dinamismo comercial de la Hidrovía. La medida, puesta en marcha el 18 de mayo y que se prolongó durante doce días, no solo ha beneficiado a la Argentina, sino que ha permitido, asimismo, la navegación de las barcazas paraguayas con rumbo a los puertos del Gran Rosario.
“En estos momentos nos toca el difícil papel de ir a disputar con Brasil, en el mejor sentido de la palabra, las necesidades de uso del recurso hídrico aguas abajo”, admitió el subsecretario de Obras Hidráulicas, Gustavo Villa Uría.
De cara al futuro, Villa Uría advirtió: “Los meses que nos quedan son de muy poca lluvia y las represas van a seguir bajando su nivel para entregar más agua de la que está aportando la cuenca. Tenemos que hacer durar esta agua hasta los últimos meses del año, tratando de tener un piso alto para poder abastecer todas las tomas de agua potable, mientras estamos haciendo arreglos para tomar el agua desde más abajo y estamos poniendo algunas restricciones a la navegación”.
Desde el Instituto Nacional del Agua (INA), Borús reconoció que “la persistencia de lluvias inferiores a lo normal y la disminución de los caudales, especialmente del Paraná, nos presenta limitaciones severas a la hora de hacer pronósticos o prospecciones a mediano plazo”. No vislumbra grandes cambios en el próximo trimestre (junio-julio-agosto), que considera “perdido”, y, desde su punto de vista, “habrá que esperar bien entrada la primavera” para determinar alguna modificación en las condiciones climáticas que incida en un incremento del caudal en la cuenca del Paraná.
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