El caso de la pesca ilegal de merluza negra en aguas argentinas sumó un nuevo capítulo judicial. El abogado Daniel Sallaberry presentó una denuncia penal contra funcionarios del sistema de control pesquero nacional por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal.
La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 12, actualmente vacante y subrogado por el juez Julián Ercolini, donde deberá evaluarse si existió responsabilidad penal por omisión en el manejo del caso.
La denuncia apunta contra el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Juan Manuel López Cazorla; el exdirector nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera Julián Suárez; el director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Otto Wöhler; una inspectora pesquera embarcada y dos observadores científicos que participaron en la marea del buque Tai An durante febrero y marzo de 2024.
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Caso merluza negra: la denuncia que originó la demanda por pesca ilegal
El caso se remonta a las operaciones del buque pesquero Tai An, de la empresa Prodesur SA, propiedad del empresario chino Liu Zhijiang, que entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024 habría capturado 175 toneladas de merluza negra dentro del Área de Protección de Juveniles de Merluza Negra (APJMN), al utilizar redes de arrastre de fondo a profundidades prohibidas.
Según la denuncia, el buque superó ampliamente el límite permitido de 5 toneladas por viaje de pesca incidental, además de operar sin la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) correspondiente para esa especie desde el año 2020.
La operatoria también habría implicado otras infracciones: pesca a profundidades menores a las permitidas al sur del paralelo 54°, uso de artes prohibidos y una captura de 55% de ejemplares juveniles, muy por encima del máximo autorizado del 20%.
El punto central: una omisión que habría permitido el daño
El eje de la denuncia no está dirigido contra la empresa armadora, sino contra funcionarios que –según el escrito– tenían conocimiento de lo que ocurría a bordo y no actuaron para detenerlo.
El documento sostiene que el 10 de febrero de 2024 el buque ya había capturado 12 toneladas de merluza negra en un solo lance, más del doble del límite permitido. En ese momento, afirma el denunciante, correspondía ordenar el regreso inmediato a puerto.
Sin embargo, el buque continuó operando dentro del área protegida durante varias semanas, realizando nuevos lances en zonas cercanas.
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Según la denuncia, esa omisión permitió que se sumaran 163 toneladas adicionales de captura ilegal, agravando el daño ambiental al ecosistema marino y comprometiendo la sostenibilidad de uno de los recursos pesqueros más valiosos del Atlántico Sur.
El escrito sostiene además que el INIDEP contaba con información diaria sobre las capturas realizadas por el buque, transmitida por observadores científicos a bordo. Incluso cita declaraciones públicas del director del organismo, Otto Wöhler, quien en un seminario afirmó que el instituto estaba “informado día a día de lo que ocurría en el buque Tai An”.
Pese a ello, el informe técnico oficial del organismo se habría emitido recién el 21 de marzo de 2024, cuando el episodio ya se había hecho público y el daño ambiental estaba consumado.
Cámaras de control a bordo: el sistema que nunca se implementó
La denuncia incorpora además un nuevo elemento que apunta a la responsabilidad de las autoridades pesqueras: la falta de implementación del sistema de cámaras de vigilancia a bordo de los buques.
Según el escrito, desde 2021, existe una normativa que establece la instalación obligatoria de cámaras de video PTZ (pan–tilt–zoom) en los buques pesqueros argentinos para permitir el monitoreo remoto de la actividad y prevenir la pesca ilegal. Sin embargo, la implementación del sistema fue sucesivamente postergada por decisiones administrativas de la Subsecretaría de Pesca y de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera.
Para el denunciante, esa demora dejó al sistema de control sin una herramienta clave para detectar en tiempo real capturas ilegales, uso de artes prohibidas o presencia de juveniles, lo que habría contribuido a que el Tai An operara durante semanas sin control efectivo.
Un caso que pone en debate el sistema de control pesquero
La denuncia plantea que la suma de omisiones –la falta de denuncia inmediata, la demora en los informes técnicos y la ausencia de herramientas de control como las cámaras a bordo– podría configurar responsabilidad penal de funcionarios públicos por omisión consciente.
El caso del Tai An ya había generado repercusiones en el sector pesquero y en organizaciones vinculadas a la defensa del recurso. Ahora, con la apertura de esta nueva causa penal, la Justicia federal deberá determinar si existieron responsabilidades en la cadena de control estatal que permitieron que la pesca ilegal se extendiera durante más de un mes.
