Pese a que el uso de pilas y baterías crece a la par del índice de consumo, generando un tipo de residuo que afecta la salud y el ambiente, en la Argentina aún sigue sin tener una solución definitiva su disposición final.

En este como en otros temas, el ciudadano común parece tener una percepción de los problemas más clara que los tomadores de decisiones. Esto quedó demostrado cuando en noviembre de 2008 la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, APRA, lanzó una campaña de recolección de pilas y baterías agotadas para su reciclado. La respuesta no se hizo esperar y los Centros de Gestión y Participación Ciudadana recibieron cerca de diez toneladas de desechos que los vecinos rescataron de los cajones, botellas o lugares similares donde las tenían confinadas, ante la ausencia de un destino mejor, con la conciencia de que se trata de un elemento riesgoso.

UN VIAJE INCONCLUSO

La campaña orientada a concienciar a la ciudadanía, sacar de circulación las pilas y baterías acumuladas durante años y proporcionar un tratamiento ambientalmente adecuado a estos residuos se transformó en un problema complejo debido a la resistencia de los vecinos de distintas comunas –como la de Bouwer, en Córdoba, o la provincia de Buenos Aires- a recibirlas. Esta fallida propuesta de enterrar las pilas en rellenos de seguridad puso en evidencia la falta de claridad de las normas. “Es un problema de definición. Las pilas en sí mismas no son tóxicas, pero sí los metales que las componen. Este hecho hace que queden en una franja indefinida entre distintas leyes y es aquí donde se genera el conflicto”, explica el licenciado Javier Corcuera, titular de la APRA, para quien este inconveniente inicial fue el puntapié para resolver el conflicto con una solución de fondo. “En un primer momento y aunque estamos convencidos de que la mejor disposición de largo plazo es el reciclado que permite la recuperación de los materiales que pueden ser aprovechados en nuevos procesos productivos, se planeó el envío a un relleno de seguridad porque es un mecanismo válido y, además, el único del que disponemos en la Argentina”, afirma. Y Mariana Vello, coordinadora de consumo responsable de la Agencia, explica que las tecnologías habilitadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación son dos: “el entierro en un relleno de seguridad y la exportación para su reciclado, ya que aunque existe la capacidad y la tecnología, no tenemos ninguna planta habilitada para ello”. Fue ante esta situación que la APRA inició una difícil negociación con las empresas del sector para definir el destino de las famosas diez toneladas que permanecen desde entonces en un predio de Florencio Varela.

UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE

“No fue nada fácil, pero lo logramos”, manifiesta Corcuera en referencia al convenio firmado a fines de 2010 entre el gobierno de la CABA y Procter & Gamble –Duracell- y Energizar Argentina que establece que exportarán el material para su reciclado integral. Y remarca la trascendencia de la aplicación de lo que se conoce como la “responsabilidad extendida del productor”, REP. Se trata de un principio que considera que los fabricantes deben hacerse cargo de todo el ciclo de vida de sus productos. “Esta es una tendencia creciente a nivel internacional: la responsabilidad empresaria se extiende desde el proceso de producción hasta la etapa posterior al uso, incluidos los impactos ambientales que generen”, asevera el titular de APRA.

Otro elemento a destacar del convenio es que los gastos de la gestión serán asumidos por estas empresas -que cubren más del 85 por ciento de pilas primarias del mercado-, pese a que en el lote de las diez toneladas hay pilas de todas las marcas, incluso muchas de origen dudoso como las que suelen entrar de prueba en los juguetes. “Pagar la exportación de pilas ajenas fue un punto difícil de sortear. Sin embargo, pese a la resistencia inicial, las empresas firmaron este convenio voluntario, hago la aclaración porque es importante destacar que no existe ninguna normativa que los obligue”, detalla Mariana Vello.

Sobre el acuerdo suscripto -que contó con la colaboración de la organización ambientalista Greenpeace-, el licenciado Corcuera destaca la transcendencia de que las empresas hayan asumido la responsabilidad extendida del producto, a costo cero para los vecinos. “Es una señal clara que marca un cambio de rumbo en el sector”. Otro dato importante es que ya está firmado el acuerdo con la empresa que se encargará del proceso de exportación para el reciclado integral.

TIPOS DE PILAS

Según la tecnología empleada para su fabricación, las pilas y baterías se clasifican en dos grandes grupos: las primarias o desechables y las secundarias o recargables. Ambos tipos contaminan, ya que contienen metales como mercurio, cadmio, plomo, litio, manganeso y zinc; y ambas también pueden reciclarse. “La capacidad de reciclado de la pila primaria es de alrededor del 50 por ciento y de las recargables, más de un 80”, detalla Vello.

LAS NORMAS

En la legislación nacional existen distintas normas relacionadas con el tema. Una de ellas es la Ley 26.184 de Energía Eléctrica Portátil que prohíbe la comercialización de pilas y baterías cuyos contenidos de metales superen los máximos autorizados (0,0005% de mercurio, 0,015% de cadmio y 0,200% de plomo), pero no establece qué hacer con ellas una vez desechadas. Por su parte, la Ley 25.916 –de presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos domiciliarios- determina que cada jurisdicción debe hacerse cargo de la gestión de esta clase de desechos cuando presenten características de peligrosidad. Y la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos que incluye las pilas por los componentes químicos que contienen, pero excluye los domiciliarios.

En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1.854 de Residuos Sólidos Urbanos dictamina la responsabilidad de los productores, importadores y distribuidores en la disposición de residuos que tengan características de toxicidad y la resolución 262/08 establece que quienes produzcan o comercialicen pilas y baterías recargables deben presentar un plan de gestión integral de las mismas que permita a los usuarios desprenderse de ellas gratuitamente en distintos puntos de recolección.

Por su parte, el licenciado Corcuera hace hincapié en que la peligrosidad que puede generar la falta de claridad de las normas. “En el transcurso de los años hubo diferentes iniciativas, como la inclusión de pilas en cemento, botellas de vidrio o plástico, entre otras opciones cuyo objetivo era dejar para el futuro la resolución del problema”. Y explica que no basta con aislar los elementos contaminantes porque, tarde o temprano, la humedad hace que los metales pesados terminen liberándose al ambiente. “Son muchísimos los municipios del país que llevaron adelante programas locales de gestión. Algunos intendentes, por ejemplo, me contaron que incluyen estos desechos en bloques de cemento que después se usan para la construcción, sin tener en cuenta que estaban generando nuevos problemas ambientales a futuro ya que los materiales mantienen su toxicidad”, manifiesta.

Más allá de la normativa mencionada, se encuentra en debate desde hace tres años un proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos presentado por el senador nacional Daniel Filmus que plantea el mismo principio de Responsabilidad Extendida del Productor.

EL CONSUMO RESPONSABLE

Un elemento que no puede ignorarse es el aumento exponencial en el uso de las pilas y baterías y que el volumen está directamente relacionado con el impacto que generan. Aunque respeten los límites permitidos por la ley, todas las pilas contienen materiales contaminantes, en especial metales pesados, que corren el riesgo de ser liberados e impactar en el ambiente o la salud, si no reciben el tratamiento adecuado. “Todas las pilas –incluso las que aclaran que no tienen “agregado de mercurio”- poseen metales, solo que las que cumplen con la ley como la proporción es muy reducida pueden descartarse en la basura común. Esto es lo recomendado por el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el caso de ciudades que cuentan con rellenos sanitarios como disposición final”, declara Corcuera.

EL FUTURO

Mariana Vello afirma que durante la negociación con las empresas estas convinieron en que aceptarían un plan de gestión, “si el reciclado pudiera hacerse en el país”. El licenciado Corcuera sintetiza que la Argentina se debe una discusión de fondo sobre el tema. “La tecnología existe, pero lo cierto es que aún no tenemos una respuesta integral. Las empresas aceptaron su responsabilidad y quieren participar de la discusión. Creo que esto es el comienzo de una solución a través de un símbolo concreto que son las diez toneladas”.