Más de 200 presos políticos en Venezuela iniciaron una huelga de hambre en el penal El Rodeo I para exigir su liberación y la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía recientemente aprobada. Entre los detenidos que se sumaron a la medida se encuentra el gendarme argentino, Nahuel Agustín Gallo, arrestado desde diciembre de 2024.
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La protesta se da en un contexto de creciente tensión política bajo el gobierno de Delcy Rodríguez, mientras organizaciones de derechos humanos advierten que la normativa sancionada deja fuera a un número significativo de personas acusadas de delitos como terrorismo o traición.
Presos políticos: el gendarme argentino y la huelga de hambre como protesta
La huelga de hambre comenzó dentro del penal El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, en las afueras de Caracas. Los internos denuncian que, pese a la sanción de la Ley de Amnistía, muchos de ellos no fueron incluidos en los listados de posibles beneficiarios.
Según trascendió a través de familiares y abogados, los detenidos reclaman la liberación inmediata e incondicional, mejores condiciones de reclusión y atención médica adecuada. También solicitan la presencia de organismos internacionales que constaten su estado de salud.
Entre los huelguistas se encuentra Nahuel Gallo, integrante de la Gendarmería argentina, cuya detención generó tensión diplomática con Venezuela. Su pareja confirmó que se sumó a la medida para visibilizar su situación y exigir asistencia consular.
Los familiares de los presos sostienen que las condiciones en el penal son extremadamente precarias y responsabilizan al Estado venezolano por cualquier deterioro físico que puedan sufrir los detenidos como consecuencia de la protesta.
La huelga de hambre, una medida extrema dentro del sistema penitenciario, busca presionar a las autoridades para que revisen los casos excluidos de la amnistía y aceleren los procesos judiciales que permanecen paralizados.
Ley de Amnistía en Venezuela: qué es y qué establece
La Ley de Amnistía fue presentada por el oficialismo como un gesto para aliviar la presión internacional y reducir la población carcelaria vinculada a causas políticas. Sin embargo, diversas ONG señalaron que la norma excluye a quienes enfrentan cargos por delitos considerados graves por el Estado.
La organización Foro Penal, que monitorea la situación de presos políticos en el país, advirtió que un número considerable de detenidos no fue alcanzado por el beneficio. Según sus registros, muchos expedientes siguen sin revisión judicial efectiva.
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Los huelguistas también reclamaron la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja para que pueda constatar las condiciones de detención y el estado de salud de quienes participan en la medida. Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial que confirme cambios en la aplicación de la ley ni en la situación del gendarme argentino.
