El Salvador y Venezuela protagonizaron un complejo intercambio de prisioneros que involucró a Estados Unidos. El gobierno de Nayib Bukele deportó a 252 venezolanos que estaban alojados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses retenidos por el régimen chavista.
El acuerdo se concretó, pero la tensión alcanzó un nuevo nivel después de que los funcionarios de ambos Estados cruzaron acusaciones que van desde chantaje hasta violaciones de los derechos humanos.
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El largo proceso detrás del acuerdo entre El Salvador y Venezuela
Las primeras gestiones para un canje entre ambos países habían comenzado en mayo, cuando el gobierno venezolano rechazó la propuesta de Bukele de liberar a los migrantes alojados en el CECOT a cambio de los prisioneros políticos retenidos en Caracas.
Un comunicado del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había calificado de “cínica” la iniciativa y presentó un habeas corpus ante la justicia de El Salvador para conseguir el regreso de sus ciudadanos.
Dos meses más tarde, El Salvador y Venezuela llegaron a un acuerdo que consistió en la deportación de 252 venezolanos que habían llegado al país producto del acuerdo con Estados Unidos para alojar a delincuentes peligrosos. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro liberó a 10 ciudadanos estadounidenses retenidos.
Cuando llegaron los primeros vuelos de deportación, funcionarios chavistas anunciaron la apertura de una investigación penal contra Bukele y altos funcionarios de su gabinete, entre ellos el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
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El chavismo acusa al CECOT de tortura y amenazas
Saab especificó que investigarán las denuncias de los detenidos de supuestos golpes, amenazas, maltrato físico y deficiencias alimentarias durante su paso por el centro penitenciario de alta seguridad.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo y el sistema penal salvadoreño ya habían sido denunciados por Amnistía Internacional por la detención de más de 85.000 personas “sin pruebas admisibles suficientes, muchas veces basándose en perfiles discriminatorios y denuncias anónimas”. La organización sin fines de lucro considera que mayoritariamente se viola el debido proceso y los derechos de los detenidos.
El presidente salvadoreño desestimó las acusaciones de Venezuela y señaló que son “estrategias de distracción”, porque la dictadura de Nicolás Maduro ya no puede condicionar las políticas de Estados Unidos contra Caracas tras liberar a sus ciudadanos.
La líder opositora María Corina Machado, a su vez, respaldó a El Salvador y sostuvo que Maduro usó a los detenidos como instrumentos de presión a la Administración Trump. “Maduro ha utilizado a los ciudadanos como secuestrados para extorsionar, para chantajear”, afirmó la política, que especificó que el régimen buscaba mejores condiciones económicas, reconocimiento y legitimidad para su gobierno.
Nicolás Maduro es acusado, entre otros delitos vinculados al crimen organizado, de perpetuarse ilegítimamente en el poder al manipular los datos electorales de las últimas elecciones a presidente, el 28 de julio de 2024, y de las parlamentarias realizadas en mayo de ese año que le permitieron aumentar su control sobre la Asamblea Nacional.
