En medio de la guerra con Rusia, las calles de distintas ciudades de Ucrania fueron cubiertas por grandes protestas. El motivo principal fue por la reciente aprobación de un proyecto de ley que acabaría limitando la independencia de dos grandes instituciones anticorrupción.
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Estas entidades fueron creadas luego de la Revolución de la Dignidad, en 2014, como resultado de las protestas por la decisión de fortalecer vínculos con Rusia por sobre la Unión Europea. Son consideradas herramientas fundamentales para la lucha contra la corrupción sistemática en Ucrania y, hasta el momento, habían sido preservadas como independientes desde su fundación.
Proyecto N.º 12414: la reforma que desató la ola de protestas en Ucrania
El proyecto de ley N.º 12414, aprobado por la Rada Suprema y firmado por el presidente Volodímir Zelenski, fue el desencadenante directo de los reclamos – que estallaron en varias ciudades de Ucrania.
Entre sus puntos más polémicos, la ley transfiere amplios poderes al Fiscal General, nombrado por el Ejecutivo, sobre la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción Especializada (SAPO). Esto incluye la posibilidad de emitir instrucciones obligatorias, acceder a investigaciones en curso, reasignar o cerrar casos, e intervenir directamente en procedimientos que antes estaban protegidos de la injerencia política.
Estos cambios representan, según los protestantes, un retroceso en materia de transparencia y justicia. La ley es percibida como una amenaza a la independencia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción de alto nivel.
Los manifestantes, por su parte, exigen tres cuestiones puntuales. En primer lugar, vetar la reforma. Seguido a esto, proponen restablecer la independencia de los organismos para garantizar que actúan sin interferencia política. Por último, solicitan la transparencia y la sinceridad legal en Ucrania.
La respuesta de Zelenski ante la presión social
Inicialmente, el presidente ucraniano defendió la reforma como una herramienta para “limpiar de infiltración rusa el sistema anticorrupción”. No obstante, la magnitud de las movilizaciones y la presión de aliados internacionales lo obligaron a retroceder.
En una serie de mensajes públicos, Zelenski reconoció que “la sociedad espera justicia garantizada y un funcionamiento eficaz de cada entidad del Estado”, y prometió enviar al Parlamento un nuevo proyecto de ley que restablezca la independencia institucional.
Además, anunció la elaboración de un plan conjunto con los organismos afectados para fortalecer su capacidad operativa y reconstruir la confianza pública.
A pesar del creciente malestar ciudadano, las protestas no se dirigieron directamente contra el presidente ni cuestionaron su liderazgo.
En un contexto excepcional, atravesado por más de tres años de guerra y con las elecciones presidenciales postergadas, el centro de la protesta estuvo puesto en la defensa de la institucionalidad democrática.
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Lejos de ser un rechazo al gobierno, las movilizaciones reflejaron el compromiso de una sociedad que, incluso en tiempos de conflicto, sigue exigiendo límites al poder y garantías reales de transparencia y justicia.
