La crisis desatada por el colapso e intervención de Ueno Bank escaló a un conflicto institucional directo en Paraguay, que derivó en la renuncia del presidente de la Nación, Santiago Peña. Bloques de la oposición, junto a sectores disidentes del Partido Colorado, presentaron formalmente en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el ahora expresidente y su vice Pedro Alliana, por presunta responsabilidad política y fallas graves de supervisión financiera.
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Qué pasó con Ueno Bank: las claves del escándalo financiero
La intervención de la entidad por inconsistencias en los fondos detonó la peor tormenta financiera de los últimos años en el país. La medida dejó a cerca de tres millones de clientes con dificultades o bloqueo de acceso a sus cuentas.
Ueno Bank administraba cerca de 850 millones de dólares correspondientes a fondos del Estado, de los cuales alrededor de 380 millones pertenecían a colocaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), afectando las reservas de pensiones y salud.
El escándalo derivó primero en la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y la detención de directivos de la entidad bancaria tras denuncias elevadas ante la Fiscalía.
Ante las protestas de ahorristas en las calles, el Parlamento y el Ejecutivo tramitaron medidas de emergencia para liberar desembolsos iniciales mediante el fondo de garantía de depósitos.
Juicio político: ¿seguirá igual con Santiago Peña?
El proceso de juicio político en Paraguay está reglamentado por el artículo 225 de la Constitución Nacional y consta de dos etapas obligatorias.
En primer lugar, la etapa de acusación (admisibilidad). Se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde se exige una mayoría calificada de dos tercios para admitir el trámite. Esto equivale a reunir al menos 53 votos sobre un total de 80 miembros. El rápido tratamiento contó con la unanimidad de todos los partidos políticos con representación.
Solo quedaba la etapa de juzgamiento, pero Santiago Peña comunicó su renuncia como presidente del Paraguay. Ambas cámaras deberán tratar y aceptar su renuncia, de no ser así, el Senado podrá asumir su rol de tribunal y decretar la destitución del mandatario si reúne un mínimo de 30 votos.
