El premier británico Rishi Sunak y su par italiana Giorgia Meloni encendieron la polémica en Europa tras los acuerdos migratorios firmados, respectivamente, con Ruanda y Albania. A través de tales instrumentos, ambos gobiernos conservadores se proponen derivar a estos países a los solicitantes de asilo.
El objetivo declarado es frenar la oleada migratoria y desmantelar las redes delictivas que se esconden detrás de los desembarcos en la orilla italiana del Mediterráneo y en la costa británica del canal de la Mancha.
“Es una crisis ética, con bandas criminales que se aprovechan de la miseria de los más vulnerables”, afirmaron Sunak y Meloni en una carta conjunta que publicaron hace un par de meses en el diario italiano Corriere della Sera.
“Solo frenando el flujo de migrantes ilegales, podemos mantener el rol histórico de nuestras dos naciones como lugares de asilo y refugio”, añadieron, en la misiva, los dos líderes conservadores.
Sin embargo, sus detractores hablan de una “tercerización” o “externalización” de las obligaciones primarias del Reino Unido e Italia como países de acogida.
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Reino Unido y las objeciones al acuerdo con Ruanda
Todo comenzó en abril de 2022, cuando el gobierno británico –entonces liderado por Boris Johnson– firmó con las autoridades ruandesas un Acuerdo de Desarrollo Económico y Migratorio. El texto preveía un desembolso inicial de 140 millones de libras esterlinas (unos 175 millones de dólares) por parte del Reino Unido.
Sin embargo, dos meses más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos frenó la primera deportación de un ciudadano iraquí a Ruanda. Las objeciones también se dieron dentro del Reino Unido. La peor noticia para el gobierno británico llegaría en noviembre de 2023, cuando el acuerdo fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo. En su fallo, la Corte consideró que había fundamentos suficientes para creer que “los solicitantes de asilo enfrentarían un riesgo real de maltrato en caso de ser expulsados a Ruanda”.
El gobierno de Rishi Sunak no se dio por vencido y acaba de firmar un nuevo tratado con Ruanda. En el texto, suscripto el pasado 5 de diciembre, el país africano se compromete a procesar las solicitudes individuales de asilo respetando el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y en cumplimiento de los máximos estándares internacionales sobre derechos humanos. Está por verse si la nueva versión del acuerdo supera los últimos escollos en el Parlamento británico, donde Sunak enfrenta una rebelión dentro del propio Partido Conservador.
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Italia y el freno del Tribunal Constitucional albanés
Mientras tanto, la primera ministra italiana Giorgia Meloni firmó en noviembre pasado un acuerdo de similares características con su par albanés Edi Rama. A través de este instrumento, Albania se comprometía a facilitar a Italia el uso del puerto de Shengjin y el establecimiento de dos centros de acogida a migrantes en su territorio. La previsión inicial era de tramitar 3.000 solicitudes mensuales, lo que permitiría llegar a 36.000 al año.
Aquí también intervino la Justicia, aunque en este caso fueron los tribunales albaneses. El Tribunal Constitucional suspendió la ratificación parlamentaria del acuerdo y deberá tomar una decisión final en enero. Fue en respuesta a un recurso de diputados de la oposición, quienes alegan que el texto viola la soberanía albanesa, ya que los centros de tramitación de asilos serán supervisados por autoridades italianas.
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Críticas de ACNUR y ONG internacionales
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también expresó su preocupación respecto de la “externalización” de las obligaciones de asilo y los graves riesgos que plantea para las personas refugiadas. En ese sentido, la agencia de la ONU abogó por alternativas que contemplen la cooperación con otros países europeos para gestionar los flujos migratorios.
En el caso italiano, la ACNUR recordó que “la responsabilidad principal a la hora de gestionar las solicitudes de asilo y conceder protección internacional descansa en el Estado al que el solicitante llega”. En el mismo sentido, la ONG Amnistía Internacional cuestionó el acuerdo firmado por Italia y Albania. Y recordó que “las personas rescatadas en el mar están bajo jurisdicción italiana y no pueden ser llevadas a otro país antes de que se examinen su solicitud de asilo y sus circunstancias personales”.
Con similar tono crítico, Médicos Sin Fronteras alegó que “la tramitación extraterritorial de las solicitudes de asilo y la detención de personas en un tercer país representan un nuevo ataque al derecho de asilo”. “Todos los intentos anteriores de experimentar con soluciones extraterritoriales han resultado infructuosos”, declaró esta organización.
