La Sala I de la Cámara Federal, de la Justicia argentina, instruyó al juez de primera instancia, Sebastián Ramos, a que llame a declaración indagatoria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su actual ministro del Interior, Diosdado Cabello. Para ello, se deberá disponer su captura internacional a través de Interpol. El objetivo es la extradición de los jerarcas venezolanos a nuestro país.
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Así lo dispusieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, en respuesta a la requisitoria de los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli. La causa se da en el marco de la aplicación del “principio de jurisdicción universal”, que permite la persecución de graves crímenes contra los derechos humanos más allá del país donde hayan sido perpetrados y de la nacionalidad de sus autores.
Graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela
“Se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado, cuanto menos, desde el año 2014 hasta el presente”, señala el fallo.
La denuncia inicial había sido presentada en enero de 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). En junio del año pasado, se abrió otra causa por iniciativa de la Fundación Clooney, que pidió investigar los casos de dos víctimas de violencia indiscriminada y homicidio.
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En febrero de 2024, la FADD amplió su propia denuncia, al incorporar el caso de la defensora de derechos humanos y titular de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien fue detenida arbitrariamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía. La querella solicitó al Tribunal que investigara su desaparición forzada y su encierro en el centro de torturas El Helicoide.
Aplicación de la “jurisdicción universal”
Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens ordenaron investigar la responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en el marco del principio de justicia universal.
En su fallo, indicaron que correspondía asumir “la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento”.
El 17 de septiembre, el Tribunal realizó una audiencia en la que víctimas venezolanas, representantes del FADD y la Fiscalía solicitaron que se ordenara el arresto de Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista.
En la audiencia expusieron sus testimonios cinco víctimas venezolanas, quienes relataron la persecución, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas de las que fueron víctimas en su país.
De esta forma, la Sala I revierte la decisión del juez Ramos, quien inicialmente había decidido inhibirse en favor de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Ese Tribunal viene sustanciando desde 2018 un proceso contra Maduro por crímenes de lesa humanidad.
La Cámara Federal determinó que la investigación de la Corte Penal Internacional no representa un obstáculo para que la Justicia argentina también avance en el llamado a declaración indagatoria de los jerarcas venezolanos.
