Inestabilidad política, fraude electoral y denuncias de una supuesta intervención de Rusia componen el escenario complejo que atraviesa Georgia. Para sumar más tensión e incertidumbre, el gobierno decidió suspender las negociaciones con la Unión Europea (UE) hasta 2028, lo que implica una alarmante postergación del proceso y un preocupante alejamiento de Occidente.
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Georgia: elecciones parlamentarias marcadas por las denuncias
El 26 de octubre de 2024, Georgia celebró elecciones legislativas vistas por el arco político como una definición clave para el futuro tratamiento de un referéndum para adherirse a la Unión Europea. Los comicios perseguían la renovación de los 150 asientos del Parlamento y presentaban a Sueño Georgiano, el partido gobernante, como el primer partido de la historia del país en buscar un cuarto mandato consecutivo.
Como se presumía, el oficialismo arrasó en las elecciones con el 53,93% de los votos y conservó 89 de los 90 asientos que había obtenido en 2020. La mayoría renovada por los próximos cuatro años deja virtualmente en el olvido las negociaciones con la UE, una iniciativa de la presidenta Salomé Zurabishvili.
No es la primera vez que Zurabishvili y Sueño Georgiano discrepan. En junio de este año, se aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que exige que las organizaciones que cuenten con financiamiento extranjero se registren como entidades “que defienden los intereses de una potencia foránea”. La norma, entendida como prorrusa, fue impulsada por el partido gobernante y vetada por la mandataria, aunque su contramedida no prosperó en el cuerpo legislativo y finalmente fue promulgada por el primer ministro Irakli Kobakhidze.
El resultado de las elecciones fue desconocido por numerosos actores como Salomé Zurabishvili, los cuatro partidos de la oposición, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. El proceso fue denunciado por fraude electoral, violación del voto secreto, compra de votos, y el supuesto apoyo de Rusia para evitar un resultado que acerque a Georgia a Occidente.
La Comisión Electoral Central (CEC) desestimó las intimaciones y oficializó los resultados del 26 de octubre. “Hemos celebrado las elecciones conforme a los altos estándares europeos. No se ha violado el secreto de voto, como dicen los opositores, y no hay pruebas de ello”, afirmó Gueorgui Kalandarishvili, presidente de la CEC.
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Sueño Georgiano aleja a Georgia de la Unión Europea y Estados Unidos
Después de que el pleno de la oposición convocara a protestas para un nuevo llamado a elecciones y realizara un boicot al Parlamento, Sueño Georgiano dio un paso más para alimentar las tensiones y suspendió las negociaciones con la Unión Europea. El gobierno de Irakli Kobajidze, en contra de Salomé Zurabishvili, desechó las conversaciones hasta 2028 y fijó 2030 como el posible año para la adhesión. Sin embargo, esta postergación unilateral podría significar un alejamiento definitivo de Occidente.
La controversial decisión de Kobajidze masificó las manifestaciones, que ya llevan desarrollándose hace cuatro días, y registra más de 220 detenidos y cientos de heridos en las fuerzas de seguridad.
Ante la expectativa de su renuncia, la presidenta Salomé Zurabishvili anunció que no abandonará el cargo. “Como no hay un Parlamento legítimo, no habrá presidente legítimo ni una investidura. Mientras no haya nuevas elecciones y un cuerpo legislativo que elija un nuevo presidente, según nuevas reglas, mi mandato continuará”, afirmó la mandataria, quien contó con el apoyo de Estados Unidos.
Washington profundizó su castigo contra el gobierno con la suspensión de la asociación estratégica con Georgia, firmada en 2009, un año después de la guerra ruso-georgiana. El acuerdo entre EE. UU. y el país del Cáucaso estableció grupos de trabajo bilaterales en cuatro apartados prioritarios: democracia; defensa y seguridad; cuestiones económicas, comerciales y energéticas; e intercambios entre pueblos y culturas.
“Las diversas acciones antidemocráticas de Sueño Georgiano han violado los principios básicos de la Asociación Estratégica, que se basaba en valores compartidos y compromisos con la democracia, el Estado de derecho, la sociedad civil, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y las iniciativas de lucha contra la corrupción”, sentenció el comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
