Estados Unidos profundiza su conflicto con Brasil en defensa de Jair Bolsonaro y sancionó a Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal que supervisa la causa que investiga el intento de golpe de Estado en 2022 por parte del ex presidente y altos funcionarios de su gobierno.
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Por qué Estados Unidos sancionó a Alexandre de Moraes
En un comunicado, el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detallaron que las medidas contra el juez se enmarcan en la Ley Magnitsky, que autoriza a la Casa Blanca a sancionar a extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Ambos organismos acusan a Alexandre de Moraes de autorizar detenciones preventivas arbitrarias y suprimir la libertad de expresión. Casualmente, se trata del magistrado que supervisa las investigaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por presuntamente planear un golpe de Estado, tras la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
El texto indica que Moraes “ha investigado, perseguido y reprimido a quienes han participado en discursos que están protegidos por la Constitución de Estados Unidos, sometiendo repetidamente a las víctimas a largas detenciones preventivas sin presentar cargos”.
Las sanciones contra De Moraes consisten en el bloqueo de bienes e intereses del magistrado y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de efectuar transacciones con él.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la decisión y declaró que Moraes “se ha arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”. También lo responsabilizó de desarrollar “una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los Derechos Humanos y procesamientos politizados, incluso contra Bolsonaro”.
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Un juez federal problemático para Washington
Las sanciones económicas no son el primer capítulo del conflicto entre Estados Unidos y Alexandre de Moraes. En septiembre de 2024, el magistrado emitió una orden de suspensión contra la red social X, que debió dejar de brindar su servicio en todo el territorio brasileño.
La directiva se fundamentó en que Elon Musk había incumplido varios pedidos de la justicia de Brasil, entre ellos establecer una representación ilegal en el país después de haber cerrado sus oficinas.
El juez del Tribunal Superior Federal también había investigado al multimillonario por una posible implicación en el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva al permitir el funcionamiento de “milicias digitales” que impulsaron los ataques contra los edificios gubernamentales en Brasilia hace tres años.
Actualmente, la causa que investiga a Jair Bolsonaro y otros funcionarios claves de su gobierno por el rol en el planeamiento de un golpe de Estado no menciona a Musk. Estados Unidos endurece su postura contra Lula da Silva y los responsables de la causa que complica al ex presidente de Brasil, con el riesgo de posibles consecuencias en las relaciones bilaterales y el comercio.
