Estados Unidos había dado un paso audaz con la deportación de casi 300 venezolanos a El Salvador, pero la medida encontró resistencia en el Tribunal de Distrito de Columbia, que emitió una orden judicial que paraliza por 14 días la expulsión de inmigrantes. La Casa Blanca hizo caso omiso y abrió un nuevo frente que podría complicar las políticas migratorias de Donald Trump.
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James Boasberg, en guerra con Donald Trump
El pasado 16 de marzo llegó a El Salvador el primer avión de deportados desde Estados Unidos, producto del acuerdo entre ambos países. El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, y el Secretario de Estado estadounidense, habían acordado en un encuentro en febrero que el CECOT iba a alojar a los inmigrantes expulsados desde Norteamérica a cambio de un rédito económico que le permita hacer sustentable el sistema penitenciario.
Para ello, el presidente de los EE.UU., Donald Trump, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 que permite a Washington deportar a extranjeros de naciones consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
El vuelo inaugural de esta alianza regional inició con la deportación de casi 300 venezolanos, presuntamente relacionados con las operaciones ilegales en el Tren de Aragua (TdA).
Las ambiciones de Donald Trump encontraron oposición en el presidente del Tribunal de Distrito de Columbia, James Boasberg, quien emitió una orden judicial y ordenó que los aviones regresaran al país en pleno vuelo.
La Casa Blanca ordenó que las aeronaves siguieran su curso, ya que se encontraban en espacio aéreo internacional, fuera de la jurisdicción del tribunal. El desencuentro entre el Ejecutivo y el Poder Judicial continuó con amenazas de Trump de impulsar la destitución de Boasberg.
El presidente del Tribunal de Distrito de Columbia busca conocer con precisión los horarios de despegue de los vuelos que salieron desde Texas. El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva el viernes 14 de marzo y se cree que dos vuelos salieron el sábado mientras el juez analizaba su legalidad en una audiencia.
Ese mismo día, una tercera aeronave habría despegado 10 minutos después de que se emitiera la orden judicial para que los aviones regresaran a EE. UU. hasta que se resolviera el litigio, lo que pondría a la Administración Trump en desobediencia.
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Las deportaciones de Estados Unidos siguen en litigio
El juez de Columbia le exigió al Departamento de Justicia que proporcione más información sobre las deportaciones, un pedido que fue rechazado argumentando que vulneraba la “seguridad nacional”. James Boasberg había pasado la fecha límite del miércoles 19 al jueves 20 de marzo, pero volvió a incumplirse y hay dudas de que se clarifique el proceso que llevó a la deportación de casi 300 personas al CECOT.
Además, el juez pidió suspender por 14 días una operación de expulsión a El Salvador de más de 200 migrantes a quienes se acusa de pertenecer al Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña M-13, ambas declaradas organizaciones terroristas por el Departamento de Estado.
Las confrontaciones de Donald Trump al juez James Boasberg repercutieron en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El presidente del máximo órgano judicial, el conservador John Roberts, apuntó contra el jefe de Estado. “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el proceso de destitución no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito”, una defensa a la división de poderes y un pedido de Roberts al Ejecutivo de respetar el orden constitucional.
De momento, los vuelos de deportaciones de Estados Unidos a El Salvador permanecerán suspendidos hasta que se resuelva la cuestión judicial y la legalidad de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, así como las garantías del debido proceso que también está bajo la lupa del sistema judicial.
