Hace una década, 43 normalistas -estudiantes de magisterio- de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, México y hasta la fecha sigue sin saberse con certeza qué fue lo que ocurrió.
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Se trató de una cacería sin precedentes que tuvo implicancia de las fuerzas de seguridad y el encubrimiento desde las altas esferas del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
El caso Ayotzinapa persiste como un reclamo en todo el país y como una deuda pendiente de la política nacional.
A 10 años del septiembre trágico en Iguala
El 26 de septiembre de 2014, la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Isidro Burgos y de otras 15 instituciones comenzaron los preparativos en Ayotzinapa para conmemorar a las víctimas de la Masacre de Tlatelolco.
Cada 2 de octubre se realizan marchas de concientización por el asesinato en masa de más de 300 estudiantes en Ciudad de México en 1968. Se constató que el Ejército Nacional y el grupo paramilitar Batallón Olimpia fueron los responsables directos de este crimen de lesa humanidad.
Para esta nueva movilización, los estudiantes habían recibido del Estado un solo autobús con capacidad para 40 personas, pero estaba prevista una asistencia de 540. Un grupo aproximado de 100 alumnos se reunió en búsqueda de más vehículos para el viaje y eligieron Iguala como ciudad objetivo.
Según estudiantes y profesores, esta era una conducta normal y conocida por la comunidad. Los autobuses eran retenidos para las protestas y los gerentes de las empresas de transporte recibían un acta de notificación con el chofer y la unidad retenida en cuestión.
La misión de los normalistas era regresar con el nuevo vehículo, pero el conductor del Costa Line pidió ir a Iguala y modificó el plan. El camión arribó a la terminal por la noche y encerró a los estudiantes, evento que dio inicio a la jornada fatídica. El resto de los autobuses fueron informados y al llegar comenzaron una serie de enfrentamientos con la seguridad privada del lugar, que alertó a la policía, hasta poder salir de las instalaciones con más autobuses en su poder.
Con una marcada desorganización, los camiones se dividieron y se conformó un grupo mayoritario con cuatro vehículos, mientras que el restante se dirigió al sur. Este nuevo grupo fue atacado con armas de fuego a lo largo de toda la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre por distintas fuerzas de seguridad -la Policía de Cocula, Huitzuco y de Iguala, la policía estatal, ministerial y federal y el 27 Batallón de Infantería-, causando seis muertos, de los cuales tres eran normalistas.
El operativo conjunto, marcado por violencia extrema y una brutalidad sin sentido, también derivó en 57 detenciones, de los cuales 43 serían luego conocidos como los desaparecidos de Ayotzinapa.
La “Verdad histórica” y la relación con los investigadores independientes
En la mañana del 27 de septiembre, algunos estudiantes que habían asistido a ayudar a sus compañeros en Iguala lograron advertir a la prensa de lo ocurrido en la ciudad y se consiguió la rápida difusión de los hechos. Sin embargo, el proceso sería largo y complicado.
Desde un inicio corrieron rumores de que el 27 Batallón de Infantería los tenía retenidos en su cuartel, mientras que en el Ministerio Público no se registraron ingresos ni había algún tipo de información oficial. Datos que luego fueron desestimados por los investigadores.
La investigación fue encabezada inicialmente por el Gobierno de Guerrero y la primera determinación fue que los normalistas habían interrumpido un acto organizado por la esposa del alcalde José Luis Abarca Velázquez y que este había organizado un ataque de respuesta compuesto por la banda delictiva Guerreros Unidos y la policía local.
Cuando el Ministerio Público local reportó tener indicios de la responsabilidad del Ejército y buscó peritar las armas, el Estado Nacional le sacó la investigación y la transfirió a la Procuraduría General de la Nación. A lo largo de la investigación, el procurador Jesús Murillo Karam y los forenses construyeron una verdad histórica que el 27 de enero de 2015 fue comunicada al público.
Guerreros Unidos y la fuerza local detuvieron, privaron de su libertad, incineraron los 43 cuerpos en el basurero de Cocula y tiraron las bolsas con los restos al río San Juan, donde fueron encontrados tras detectar numerosas fosas. En ese mismo lugar, se halló un resto sin calcinar perteneciente a uno de los desaparecidos, Alexander Mora Venancio, el único normalista del que se conoce su destino final.
Sin embargo, la hipótesis oficial fue rápidamente desmentida científicamente por el equipo argentino de antropología forense y el experto en fuego José Torero del Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI), que emprendieron un proceso de investigación paralelo a la Procuraduría General con el apoyo de las familias de los desaparecidos.
Torero había calculado que para incinerar los cuerpos hasta el punto de calcinar los huesos y hacer imposibles las pruebas de ADN se precisaba un fuego de 60 horas, 30.100 kilos de madera y 13.000 kilos de neumáticos. Una logística imposible de llevar a cabo en tan poco tiempo, incompatible con la versión oficial e imposible de creer, teniendo en cuenta que durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre había llovido en Iguala y las zonas aledañas.
El organismo dependiente del Gobierno Federal buscó acomodar la teoría y redujo a 17 los cuerpos incinerados en Cocula, aunque la desconfianza creciente de las familias y la complicada relación de trabajo con los expertos internacionales terminó de desacreditar cualquier iniciativa o declaración proveniente de Karam y las autoridades nacionales, incluido el presidente Enrique Peña Nieto.
Las sospechas sobre el accionar del Ejército en Iguala
Una de las teorías no oficiales vinculan al Ejército y un supuesto cargamento de droga valuado en dos millones de dólares ubicado en dos autobuses que debía ser protegido por los militares, que coincidentemente resultaron ser los más atacados por las distintas fuerzas de seguridad.
Esta línea de investigación cobra más fuerza con las anteriores afirmaciones del Ministerio Público referidas a los efectivos militares y las pericias balísticas en los lugares del ataque, la información de la activación de algunos celulares de los estudiantes en el cuartel del 27 Batallón de Infantería y la existencia allí de un crematorio que ayudaría a explicar la rapidez y efectividad en la quema de los 43 cuerpos.
De hecho, cualquier intento de peritar las armas o entrevistar a los militares fue obstaculizado por los distintos funcionarios y esquivado por el propio Peña Nieto. El principal y único argumento fue que los interrogatorios a los soldados podían vulnerar el debido proceso de la investigación. Esto simplemente no era compatible con la facilidad que tuvieron los medios de comunicación y los diferentes equipos de investigación para acceder a los 120 detenidos.
Durante las reuniones con ellos, el GIEI había informado que estas personas privadas de su libertad registraban más lesiones, en la medida que su tiempo de detención avanzaba. Sus confesiones carecían de cualquier sustento por haberse logrado por medios ilegítimos, como la tortura y las amenazas.
El Estado mexicano hizo un esfuerzo en ocultar y poner en duda la implicación del Ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas, la muerte de seis personas y la detención ilegítima de más de un centenar de personas que agravó los hechos del 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Hasta la fecha se desconocen las motivaciones reales de la intervención militar en Iguala y de donde provinieron las órdenes que habilitaron el accionar del 27 Batallón de Infantería.
Una década sin avances en la investigación del caso Ayotzinapa
Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no hallaron los medios para avanzar con la investigación y encontrar a los verdaderos culpables del caso Ayotzinapa. A una década del trágico septiembre de 2014, los familiares de los normalistas obtuvieron una evidente mentira histórica que fue disfrazada de verdad, obstáculos a su búsqueda de justicia y los investigadores independientes se fueron de México sin poder llevar a cabo su cometido de esclarecer los hechos.
El sexenio de López Obrador concluirá sin ningún tipo de novedades acerca de los 43 desaparecidos. En su último informe de Gobierno publicado y en plena salida, el presidente de México reconoció el caso como una asignatura pendiente y desligó al Ejército de responsabilidades.
Estas declaraciones se dieron después de que los padres de familia dieran por terminadas las reuniones de trabajo, tras haber concluido que no había avances desde 2022 y que los encuentros con AMLO solo terminaban en confrontaciones.
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Una vez más, otro mandatario finaliza su período sin llegar a la verdad del caso Ayotzinapa y el reclamo de la sociedad mexicana recaerá en Claudia Sheinbaum, la primera presidente mujer de México y a quien se le exigirá una respuesta verdadera.
