El régimen del ahora detenido Nicolás Maduro debió enfrentar, en la última década, sanciones que afectaron a su industria petrolera, que en rigor ya se encontraba golpeada por la mala gestión y la dramática caída de la producción de crudo, que pasó de 3,5 millones de barriles diarios en 1999 a apenas 1,14 millones de barriles diarios, según el dato correspondiente a noviembre de 2025.
La economía venezolana depende casi exclusivamente de los ingresos por las exportaciones de petróleo, que suponen el 95% de sus ventas al exterior. El principal destino es China, que concentró en noviembre pasado cerca del 80% de ese flujo, con 746.000 de los 900.000 barriles diarios exportados. Paradójicamente, y a pesar de la tensión con Washington, Estados Unidos ea el segundo mayor importador de crudo venezolano, con 150.000 barriles diarios.
La gran pregunta es cómo se realiza esa comercialización, en un sector que en teoría es monopolizado por la estatal PDVSA. El informe titulado “Privatización controlada por las familias en el poder y militarizada”, que acaba de publicar la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, da cuenta de la realidad de esta industria.
Opacidad y discrecionalidad en una industria clave
“Entre 2018 y 2025 las fórmulas de negocio en la industria petrolera fueron ampliando el espacio de participación del sector privado, mientras PDVSA lo perdía”, afirma el reporte. En él, se denuncia “la discrecionalidad y opacidad con la que escogen los socios”.
Desde 2019, explican sus autores, “la comercialización del petróleo venezolano ha operado en un ecosistema diseñado para sobrevivir a las sanciones, la fragmentación institucional y la necesidad de la élite de mantener ingresos donde la estructura tradicional de PDVSA ya no sostiene el peso de la industria”.
En este nuevo esquema para resistir las sanciones impuestas por Estados Unidos, participan intermediarios temporales y empresas efímeras; y se verifican operaciones de transferencia de crudo en alta mar, pagos en criptomonedas y rutas trianguladas a través de regiones como Malasia, todo “bajo una densa sombra de discreción”.
Privatización clandestina, a la sombra del poder venezolano
La “privatización clandestina” que el reporte ilustra se da en el marco jurídico de los nuevos acuerdos de servicios compartidos, los acuerdos de servicios productivos y los contratos de participación productiva. Estos últimos consisten en licencias petroleras, otorgadas a finales de 2023, que otorgan al privado la responsabilidad de la operación, el control y la venta del crudo, mientras el Estado recibe un porcentaje de la renta petrolera que oscila entre el 40% y el 65%.
A partir de 2020, tras las sanciones de Washington a la rusa Rosneft Trading y a TNK Trading, su filial registrada en Suiza, “la comercialización del petróleo venezolano entró en su fase más fragmentada y menos visible”. El nuevo esquema, tal como explica el informe de Transparencia Venezuela, “abrió la puerta a intermediarios sin historial en el negocio energético, muchos de ellos constituidos en jurisdicciones opacas como Hong Kong, Panamá, Belice, Emiratos Árabes Unidos o Uganda, apenas semanas o meses antes de comenzar a operar con PDVSA”.
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“Esta red de intermediarios no ha sido una casualidad comercial, sino un esquema articulado que evidencia la fusión entre élites de poder, empresarios y negocios petroleros opacos”, señala el trabajo. Entre los implicados, aparecen figuras como Álvaro Pulido (socio de Alex Saab, sindicado cómo testaferro de Maduro y quien regresó al país en diciembre de 2023 tras un canje de prisioneros con Estados Unidos) y Alejandro Betancourt, ligado directamente a Nicolás Maduro; así como Majed y Khalil Majzoub, relacionados con la nueva presidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge; y el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, vinculado a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su sobrino Carlos Malpica Flores.
Citando un artículo de The New York Times, el informe puntualiza que Carretero Napolitano ha sido responsable de la gestión del petróleo entre Venezuela y Cuba y uno de los principales protagonistas de la comercialización del crudo sancionado en los últimos años.
PDVSA, los servicios de inteligencia y un sospechoso ciberataque
Por último, Transparencia Venezuela señala que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tomó control de instalaciones clave de la petrolera estatal PDVSA. En octubre pasado, asumió la presidencia de la empresa el exjefe del Sebin entre 2014 y 2018, el militar Gustavo González López. En esos años al frente de los servicios, su gestión estuvo marcada por detenciones arbitrarias, uso sistemático de la tortura y el control de centros de reclusión utilizados para castigar el disenso.
El informe concluye dando cuenta de un incidente ocurrido el pasado 15 de diciembre, cuando PDVSA denunció un “ataque cibernético” dirigido a detener su operatividad y apuntó a Estados Unidos como responsable. Sin embargo, según un exempleado de la empresa citado por Transparencia Venezuela, se habría tratado de una orden de desconectar computadoras y laptops, que dejó a PDVSA en una “completa oscuridad operativa”. De acuerdo con esta versión, el supuesto ciberataque fue, en verdad, una “desconexión inducida para evitar ser detectados”.
