El Parlamento de Venezuela aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El objetivo es fomentar inversiones para aumentar el volumen de petróleo producido. Las modificaciones parecen estar en línea con los reclamos estadounidenses para inyectar capital en una industria sometida, hasta hace pocas semanas, a sanciones por parte de Washington.
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El texto presentado a la Asamblea Nacional consta de 18 artículos e implica una modificación de la legislación aprobada en 2006, durante el gobierno de Hugo Chávez, que ya había sido objeto de “parches” y retoques en los últimos años, a través de distintos decretos y de la denominada “Ley Antibloqueo”.
Menores regalías petroleras para el Estado y mayores incentivos al capital privado
La primera modificación consiste en la incorporación a la ley orgánica de las nuevas modalidades de contratos de PDVSA con empresas privadas para la operación de actividades primarias, ya previstos en la legislación antibloqueo. A través de ellos, la empresa interesada firma contrato de arrendamiento de activos en una determinada área petrolera, elabora un plan de desarrollo y se compromete a realizar las inversiones necesarias y asumir los gastos de la operación.
“Las empresas de exclusiva propiedad de la República (léase, PDVSA) o sus filiales no asumirán compromisos financieros ni deudas derivadas del desarrollo de estas operaciones”, prevé la reforma. Asimismo, aclara, “la República conservará la propiedad sobre los yacimientos de hidrocarburos sobre los cuales las empresas operadoras desarrollarán las actividades primarias”.
El segundo punto se refiere a la viabilidad económica de los yacimientos que no sean económicamente explotables, conocidos como“greenfield”. En ellos, se reducen las regalías del Estado del 30% a un mínimo del 20% en el caso de los contratos de operación de actividades primarias, o un 15% en las empresas mixtas, como las de la Faja del Orinoco.
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La comercialización directa de los hidrocarburos
Una última reforma se refiere a la “comercialización directa” de los hidrocarburos por parte de las empresas privadas “siempre que éstas puedan comprobar que los precios de venta estarán por encima de los precios logrados por las empresas de exclusiva propiedad de la República”. Aclara que esa venta directa del petróleo y el gas “no implicará, en ningún caso, la transferencia de la titularidad de los yacimientos ni la autorización para la constitución de garantías reales sobre los yacimientos o sobre los derechos de soberanía”.
Según su impulsor, el diputado oficialista Orlando Camacho, el proyecto “nace como una necesidad imperativa de adaptar la legislación venezolano a los nuevos tiempos, lo que permite el desarrollo conjunto entre sectores públicos y privados, y hace posible el incremento volumétrico petrolero”.
