El Gobierno dispuso el aumento que regirán en la tarifa de gas y que representa un incremento en promedio de hasta 300% en las boletas del servicio. Así lo hizo a través de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía publicadas en el Boletín Oficial, que además de fijar las nuevas pautas del negocio para las operadoras, establecen los criterios para la tarifa social.
Se determinó que a los usuarios inscriptos en el Registro de Exceptuados a la Política de Redireccionamiento de Subsidios del Estado Nacional, se les bonifique el 100% del precio del gas natural o del gas propano que consuman. Quedarán incluidos los jubilados o pensionados que cobran un monto menor o igual a dos veces el haber mínimo nacional; los trabajadores formales que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos, y los titulares de programas sociales.
También pagarán tarifa social los anotados en el régimen de Monotributo Social; los incorporados en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico; quienes perciban el seguro de desempleo; y aquellos que cuenten con certificado de discapacidad.
Para evitar inclusiones indebidas en el beneficio se cruzará el padrón de fallecidos y se excluirá a titulares de más de un inmueble, propietarios de automotores de hasta 15 años de antigüedad, o de aeronaves o embarcaciones de lujo. Además, quienes registren un ahorro en su consumo igual o superior al 15% respecto del mismo período del año anterior, tendrán bonificaciones.
Junto con el aumento de tarifas de gas se dejó sin efecto la aplicación de los cargos en las facturas de los usuarios, que se habían establecido en 2008 cuando se creó el fondo fiduciario para atender las importaciones de gas natural.
La resolución 28 justifica el nuevo esquema de precios del gas natural “para promover inversiones en exploración y explotación de gas natural, a fin de garantizar su abastecimiento y de emitir señales económicas claras y razonables”.
La medida, dice la norma, apunta a la incorporación de reservas y el aumento en la producción doméstica del hidrocarburo, y permitirá “lograr que en el mediano y largo plazo dichos precios resulten de la libre interacción de la oferta y la demanda”.
El ministro Juan José Aranguren instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a establecer los cuadros correspondientes a la tarifa social, y a llevar a cabo las modificaciones y/o instrucciones necesarias para implementar el pago mensual de las facturas bimestrales.
Fijó además el plazo de un año para llevar adelante el procedimiento de revisión tarifaria integral, previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación celebradas con las licenciatarias.
Por último, la resolución 31 establece que las firmas concesionarias “no podrán efectuar distribución de dividendos sin la previa acreditación ante el Enargas del cumplimiento del Plan de Inversiones Obligatorias”.
Fuente: Télam
