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El Gobierno de San Juan aplicó una fuerte multa a la minera Barrick

La multa de 145 millones de pesos se aplica a Minera Argentina Gold S.A., filial local de la Barrick, por el episodio ocurrido en septiembre del 2015 en la mina Veladero.

El gobernador Sergio Uñac manifestó: “Luego del proceso de sumario administrativo por el que debió pasar la minera, se impuso a la empresa “Minera Argentina Gold S.A.” una multa de $145.696.000. Como reflexión, cabe destacar el trabajo del ministro de Minería por la celeridad con la que se desempeñó en el tema. Además, con esto estamos protegiendo el desarrollo de la actividad minera en la provincia, y cuando digo esto destaco que si hay leyes a cumplir y normas preestablecidas a las que nos atenemos el Gobierno y las empresas, debemos hacer el esfuerzo necesario para que las mismas sean de cumplimiento estricto por ambas partes. La seguridad jurídica es un camino de ida y vuelta que debemos cumplir ambas partes. El Estado Provincial ha ejercido el control establecido determinando las características del accidente e imponiendo la multa respectiva. Pero la provincia no retrocederá en cuanto al desarrollo de la actividad, por el contrario, estamos protegiendo y potenciándola, porque la ley en San Juan se cumple. Vemos con tranquilidad que ante un accidente en la industria se activarán los mecanismos de sanciones pertinentes. El Gobierno actúa como corresponde y seguimos sosteniendo que la provincia diversificó su economía y apostamos por la producción agropecuaria e industrial, el comercio, el turismo y la minería de manera razonable y sustentable”.

Por el mismo caso, el juez de Jáchal Pablo Oritja procesó esta semana a nueve ejecutivos de la empresa minera. Los ejecutivos procesados son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (también del área de Procesos), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General).

Los hechos bajo investigación de la Justicia ocurrieron el 12 de septiembre de 2015, cuando se produjo una rotura de una válvula de la tubería que transportaba solución cianurada. El magistrado aplicó en este caso los supuestos establecidos en el artículo 56 de la ley nacional de Residuos Peligrosos, a quienes provoquen una “adulteración peligrosa” para la salud del agua, aire o suelo por “imprudencia o negligencia”. El juez sanjuanino Ortija es uno de los dos magistrados que interviene en la causa, que también es investigada por el juez federal porteño Sebastián Casanello, quien en el último mes pidió diversas medidas de prueba en el caso.

En un comunicado, la empresa indicó que “sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito”.

“Barrick entiende que esta decisión será apelada ante la Cámara Penal de la provincia de San Juan por los respectivos abogados de las personas afectadas”, agrega la compañía. “Es importante destacar que las circunstancias que produjeron el incidente fueron resueltas inmediatamente. La compañía implementó un plan de acción que corrigió los factores causales del hecho con obras y aumento de controles bajo los cuales las autoridades avalaron la normalización del trabajo en la mina”, señalan. Explican en el texto que “en forma inmediata, se expandieron e intensificaron las actividades de monitoreo en toda la cuenca. Todas esas mediciones han demostrado que el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente”.

Fuentes: Télam y Gobierno de San Juan

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