El coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia dialogó con DEF en el marco del 6to Special Global Workshop sobre las finanzas terrorismo y el crimen organizado.
¿Cuál es la hoja de ruta para la Argentina en materia de combate al lavado de activos y financiación del terrorismo?
Lo primero que viene es el compromiso político, que ya lo tenemos, después, el reconocimiento de la problemática, pero no puramente discursivo, sino a través de una evaluación nacional de riesgos, que estamos haciendo. De todas formas, no nos quedamos solo en el diagnóstico, debemos pasar a la acción, eso se logra a través de una estrategia nacional, que se diseña a partir de los riesgos detectados. Los recursos del estado son limitados, entonces, una vez que uno identifica los riesgos, cuando diseña la estrategia, se puede definir en qué casos se aplican los mayores recursos y en qué casos se pueden flexibilizar los controles, porque el riesgo se advierte como menor. Después, hay que poner en práctica la estrategia, fortalecer el estado, fortalecer la Justicia, darle herramientas para que pueda investigar. De allí la importancia del Código Procesal Penal, que está aprobado, pero que tenemos que aplicar prontamente, así como generar estructuras de cooperación y diálogo informal entre agencias, no solo públicas, sino también privadas. Es muy importante el involucramiento del sector privado, porque el delito de lavado es el único en el que la responsabilidad de la prevención está en el sector privado.
¿Cuáles son los plazos previstos para completar la evaluación de riesgo nacional?
La evaluación de financiamiento al terrorismo está en una etapa intermedia, ya hemos recibido información importante de más de 50 agencias públicas y privadas, y tenemos programado terminar de analizar toda la información en marzo de 2018. Eso se publicará formalmente a mediados de 2018. Hay una segunda evaluación, la de lavado de dinero, para la que estamos iniciando negociaciones con el BID, para que nos otorgue asistencia técnica y financiera. Creo que en febrero o marzo próximo estaremos empezando a trabajar en ella. Son evaluaciones complejas. Es un trabajo difícil porque hay que ir a buscar los problemas, no es grato. Demoran un año o un año y medio. El GAFI vendrá a evaluarnos en 2020, nos pedirá la evaluación y la estrategia. Después, a partir de ellos, comenzarán el monitoreo. Esperamos llegar a tiempo.
¿Cómo se hace para prevenir estos flagelos sin perder de vista el respeto por el estado de derecho?
Es algo primordial, porque si no, estaríamos usando las mismas técnicas que los enemigos. El Estado no hace nada por fuera del respaldo normativo. Más allá de esto, en mi opinión, los estándares y las garantías de los imputados y los estándares probatorios de la Argentina están por las nubes. La modificación del Código Procesal Penal va a cambiar mucho. Hoy en la etapa de instrucción se exige un nivel probatorio que es propio de una etapa de juicio oral, no de una etapa investigativa. Además, las garantías procesales y el derecho de defensa han llevado a que haya una cantidad de vías recursivas para los imputados que hacen que los procesos por delitos complejos duren no menos de diez años. Acá se necesita no solo un nuevo Código Procesal Penal, sino un cambio cultural de jueces, fiscales y abogados.
¿No se corre así el riesgo de vulnerar derechos?
Las garantías constitucionales para el imputado nacen de la existencia de un Estado fuerte, con el monopolio de la fuerza, sobre la parte más débil, el imputado. Eso está pensado para delitos de hace 50 años, pero cuando nos enfrentamos con organizaciones criminales con estructura, con dinero, con financiamiento, con poder de fuego, me parece que esa ecuación de fuerza-debilidad se invirtió. Hoy el Estado está en condiciones de debilidad en algunos países frente al crimen organizado.
