Ante la ola de crímenes y protestas en Estados Unidos, Donald Trump desplegó a la Guardia Nacional. Frente a esto, algunos tribunales estatales dictaminaron prohibiciones temporales a estas distribuciones, por lo que el líder republicano expuso su intención de activar la “Ley de Insurrección”. Esta normativa le permitiría utilizar las Fuerzas Armadas para restablecer el orden.
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Ley de Insurrección: la norma inactiva desde 1992 que Trump pretende utilizar
Originalmente creada en reemplazo de la Ley de Convocatoria de 1792, el Insurrection Act autoriza al Poder Ejecutivo a desplegar fuerzas militares dentro de los Estados Unidos. En principio, está pensada para escenarios donde sea necesario reprimir una rebelión o disminuir la violencia interna, o para hacer cumplir la ley en determinadas situaciones.
En la actualidad, sus disposiciones se encuentran en las Secciones 251 a 255 del Título 10 del Código de los Estados Unidos de América.
A diferencia de otras leyes, esta permite el uso del Ejército y la Guardia Nacional en tareas policiales, algo que está normalmente prohibido por el Posse Comitatus Act de 1878, que impide a las fuerzas militares realizar este tipo de actividades.
En este caso, la invocación de la Ley de Insurrección suspende temporalmente esa restricción y coloca el control de las fuerzas desplegadas bajo la autoridad del presidente, incluso por encima de los gobernadores estatales.
Puntualmente, la ley puede aplicarse en tres tipos de circunstancias:
- Cuando un estado solicita ayuda para sofocar disturbios o rebeliones.
- Cuando hay obstrucciones graves a la aplicación de las leyes federales.
- Cuando los estados niegan la protección de los derechos constitucionales de sus ciudadanos.
Cuántas veces se invocó la Ley de Insurrección en Estados Unidos
Desde su proclamación en 1807, esta normativa se utilizó en más de 30 ocasiones. Su primer uso registrado fue en 1808, por el entonces presidente Thomas Jefferson, para hacer cumplir una ley conocida como el Embargo Act. Luego, en 1861, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, volvió a utilizarse esta herramienta, pero esta vez en búsqueda de reprimir la secesión de los estados del sur durante la Guerra Civil.
En el siglo XX, durante la administración Dwight D. Eisenhower, se activó la normativa en 1957 con el objetivo de garantizar la integración escolar de nueve estudiantes afroamericanos en Little Rock, Arkansas, tras ser declarada inconstitucional la segregación.
Años más tarde, y bajo el mandato de Lyndon B. Johnson, en 1965 se utilizó nuevamente esta herramienta para proteger a activistas de los derechos civiles en Selma, Alabama. Johnson volvió a recurrir a este instrumento para contener los disturbios raciales de Detroit en 1967 y las protestas tras el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968.
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A su vez, George H. W. Bush la invocó tanto en 1989 como en 1992 para restablecer el orden tras el huracán Hugo, en las Islas Vírgenes, y durante los disturbios de Los Ángeles que siguieron a la absolución de los policías que golpearon al taxista afroamericano, Rodney King.
Desde entonces, la ley no se volvió a aplicar formalmente. Aunque Donald Trump amenazó con hacerlo en 2020, durante las protestas por la muerte de George Floyd, y nuevamente este año, ante tensiones internas, nunca llegó a firmar una orden ejecutiva que la activara oficialmente.
