El fenómeno de los sicarios y la lucha entre grupos de narcotraficantes por el control territorial del comercio de las drogas amenaza con extenderse por distintas zonas de Argentina, un país que en los últimos diez años ha pasado de ser consumidor, a productor y exportador de estupefacientes. Aunque no hay cifras precisas, los hechos violentos y el número de muertes relacionadas con el narcotráfico se han incrementado notablemente en el último año, en especial en la provincia de Santa Fe, donde, según datos oficiales, un 16% de los crímenes cometidos en 2013 estuvieron relacionados con el tráfico de drogas.
La pelea por tomar el control del comercio de los narcóticos se ha desplazado en cinco años desde la capital argentina hasta distintas áreas del centro del país, con la ciudad de Rosario, situada a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, como una de las más castigadas por la violencia entre los grupos de narcotraficantes. La ciudad santafesina ha sido el escenario en los últimos dos meses del asesinato acribillados a tiros de dos miembros del conocido como “clan Bassi” en venganza, supuestamente, por la muerte del líder de “Los Monos”, la banda narcocriminal contraria.
El fenómeno de los sicarios es más o menos nuevo en Argentina, donde operan desde hace una década seis extensiones de cárteles internacionales procedentes de Perú, Paraguay, Colombia, Bolivia y México, dedicadas a la producción, comercio y exportación de “paco”, marihuana y cocaína, principalmente. Según los expertos, hasta ahora el narcotráfico en el país no necesitaba armas, porque no era perseguido ni por las fuerzas policiales ni por la Justicia federal.
Sin embargo, los grupos tienen un gran poder económico que les permite pagar el dinero suficiente para actuar con tranquilidad al amparo de socios con una elevada influencia en el plano político, social y judicial, algo que se ve reflejado en el constante recambio de las cúpulas policiales vinculadas con el narcotráfico. Especialistas en la lucha contra las drogas apelan a una “decisión política completa” acompañada de la acción del Ejército sobre los lugares de venta y en particular sobre los sitios donde los grandes capos de la droga se han instalado.
El trabajo de las fuerzas armadas ayudaría también a controlar el espacio aéreo en Argentina, único país de América que lo prohíbe, lo que ha permitido que existan más de 1.500 pistas clandestinas en la zona norte por la que ingresan aeronaves procedentes de Perú, Bolivia, Paraguay y Colombia. Desde el Gobierno argentino la posibilidad de una intervención del Ejército supondría “un grave retroceso”, dado los resultados de la misma experiencia en países vecinos que, a juicio del ministro de Defensa, Agustín Rossi, “más que mejorar la situación la ha empeorado y se ha generado mayor nivel de violencia”.
Al concepto de “narco-república” del que hablan los expertos contribuye también el mercado de lavado de divisas existente en el país al que, sin grandes inconvenientes jurídicos, acceden los narcotraficantes para convertir en legal el dinero obtenido por la venta de las drogas. Según Naciones Unidas y el departamento de Estado de EE.UU., Argentina ocupa en la actualidad el primer puesto en consumo de cocaína de todo América y el tercero de marihuana.
El aumento en el número de consumidores contrasta con la escasez de campañas preventivas en los medios de comunicación nacionales que se sostengan en el tiempo, así como de una asistencia gratuita para las personas con problemas de adicción, restringida a la capital y a su área urbana.
Desde las asociaciones antidrogas denuncian también la existencia de “grupos de reducción de daños”, que enseñan a los jóvenes a drogarse con éxito en lugar de evitar que lo hagan, favoreciendo el incremento de la venta y producción de los estupefacientes.
Fuente: EFE
