En medio de la crisis que la nueva obra social de las Fuerzas Armadas, OSFA, busca atravesar, un decreto del presidente de la Nación, Javier Milei, dio un paso más en la puesta en funcionamiento de la prestadora de salud destinada al personal militar y sus familias.
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El dato: con el Decreto 88/2026, el Gobierno ahora le otorga el marco normativo para realizar compras y contrataciones. Es decir, se trata de una medida que impactará en la institución y dotará al organismo de nuevas herramientas administrativas para gestionar sus recursos y contratar prestaciones de manera más eficiente.
OSFA agiliza la compra de medicamentos en todo el país
De acuerdo con el Decreto del presidente Milei, para administrar con eficiencia los recursos, la Obra Social de las Fuerzas Armadas debe contar con un régimen propio de compras y contrataciones que se ajuste a la especificidad de su misión y organización sin dejar de lado la razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, publicidad, concurrencia, competencia, igualdad de tratamiento y responsabilidad en todas las etapas de los procedimientos de selección y de la ejecución contractual.
Cabe destacar que, por su naturaleza, la obra social debe garantizar las prestaciones -médicas y farmacéuticas- de los afiliados que, por razones de servicio, se encuentran en distintas localidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Es decir: OSFA debe tener la flexibilidad y la celeridad necesarias para garantizar las asistencias.
Obra Social de las Fuerzas Armadas: las claves del decreto de Milei
A partir de la nueva normativa, la Obra Social de las Fuerzas Armadas buscará avanzar en un régimen que garantice el abastecimiento de medicamentos, insumos y prestaciones con el objetivo de no interrumpir la cobertura de los afiliados y procurando que éstos “sean obtenidos con la mejor calidad y tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible”.
Incluso, la medida incorpora principios específicos como continuidad prestacional, accesibilidad, calidad e integralidad de la cobertura. “Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden”, aclara el anexo del decreto publicado en el Boletín Oficial.
Asimismo, en uno de los artículos más destacados, se establece que se podrán hacer compras rápidas de medicamentos en casos especiales. De todas maneras, aclara que las especificaciones vinculadas a las prestaciones no deben requerir marcas determinadas. Aunque, aclara: “Cuando se aleguen razones científicas, técnicas u otras igualmente valederas, o existan en el mercado bienes cuya notoria y probada calidad aconsejen su adquisición, y estas circunstancias se encuentren debidamente fundadas, podrá solicitarse marca o marcas determinadas”.
Además, OSFA podrá recurrir a una contratación abreviada cuando un medicamento no esté contemplado en un contrato vigente, el proveedor habitual no tenga stock, el plazo de entrega sea extenso, haya que enviar medicamentos a zonas donde no existan prestadores, o se trate de emergencias.
Otra de las claves es que, en situaciones de urgencia, también se podrán llevar adelante contrataciones directas.
Mayor control y transparencia para OSFA
El nuevo régimen también dispone la digitalización integral de los procedimientos de contratación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). De esta manera, todas las etapas de las compras y licitaciones deberán tramitarse de forma electrónica a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), incluyendo la presentación de ofertas, las notificaciones y las actas de apertura. Además, el texto refuerza los mecanismos de transparencia al establecer la publicación de las contrataciones, la realización de aperturas públicas de ofertas y la utilización de herramientas informáticas que permitan fortalecer el control y el acceso a la información.
Por otra parte, el régimen otorga al Directorio de la OSFA facultades para administrar los contratos durante su ejecución. Entre ellas, podrá ampliar o reducir hasta un 20% el monto de las contrataciones, prorrogar los acuerdos cuando esa posibilidad haya sido prevista en los pliegos y rescindirlos por razones de interés institucional o cuando resulte necesario garantizar la continuidad de la atención de los afiliados. Asimismo, la normativa fija los parámetros económicos para cada modalidad de contratación: las licitaciones públicas deberán utilizarse para compras superiores a los 5.000 módulos, las privadas para montos de hasta 5.000 módulos y las compulsas abreviadas para contrataciones de hasta 1.000 módulos. El valor inicial de cada módulo fue establecido en $40.000, con la posibilidad de que el Directorio lo actualice en el futuro.
