Luego de implementar Bitcoin (BTC) como moneda de curso legal, El Salvador vuelve atrás con la decisión. El gobierno de Nayib Bukele lo había presentado como una revolución económica que llevaría al país a la vanguardia de la innovación financiera, pero aparecieron obstáculos importantes que precipitaron una drástica decisión sobre la criptomoneda. ¿Qué pasó?
En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. Esta iniciativa, promovida por el presidente Nayib Bukele, buscaba generar empleo y promover la inclusión financiera para miles de personas fuera de la economía formal. Sin embargo, menos de cuatro años después, el país revirtió esta decisión.
El 30 de enero de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó reformas a la Ley Bitcoin, eliminando su estatus de moneda de curso legal y dejando su uso a discreción de los usuarios. Esta medida responde a condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar un préstamo de 1400 millones de dólares al país.
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Marcha atrás: los motivos para sacar al bitcoin como moneda legal
El FMI había expresado preocupaciones sobre la volatilidad del bitcoin y su impacto en la estabilidad económica, condicionando el crédito a la reducción de riesgos asociados con la criptomoneda.
A pesar de la promoción gubernamental y la inversión en infraestructura, la adopción del bitcoin entre la población salvadoreña fue limitada. En 2024, solo el 8.1% de la población utilizaba la Chivo Wallet, la billetera digital respaldada por el gobierno.
Además, la pobreza en el país aumentó, y los resultados económicos esperados no se materializaron. La información sobre las transacciones de bitcoin en el país ha sido opaca, con reportes de corrupción y mal manejo.
Con las reformas aprobadas, la aceptación del bitcoin ya no será obligatoria para los comercios y no se utilizará para el pago de impuestos. El uso de la criptomoneda queda ahora a discreción de los usuarios, sin imposiciones legales.
Esta decisión marca un cambio significativo en la política económica de El Salvador, que había sido pionero en la adopción del bitcoin a nivel nacional.
