En un encuentro en la Cancillería, expertos internacionales y funcionarios locales debatieron sobre las herramientas legales a disposición de los Estados.
Funcionarios, legisladores, y académicos argentinos e israelíes se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para debatir sobre legislación y combate al terrorismo internacional. Fue en un seminario organizado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Embajada de Israel en Argentina, en el que DEF estuvo presente.
Tras la apertura oficial, a cargo de Yuval Rotem, director general de la Cancillería de Israel, Ilán Sztulman, embajador de Israel en Argentina y Juan Bautista Mahiques, subsecretario de relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se desarrollaron los dos paneles previstos. En el primero, Naama Feuchtwenger, directora de Derecho Penal del Ministerio de Justicia de Israel y Eduardo Casal, fiscal general ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentaron las nuevas tendencias legislativas antiterroristas. A continuación, se abordó la detección y combate al financiamiento del terrorismo, con las exposiciones de Alberto Santa Marina, juez federal, Oren Gross, profesor de la Universidad de Minnesota y Juan Marteau, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
En su exposición, Feuchtwenger brindó detalles del origen, la redacción, los debates y finalmente la aprobación de la ley antiterrorista que entró en vigor en Israel en noviembre pasado, a la que calificó de un “hito histórico”. La norma, se plantea como un paraguas abarcativo y superador de una variedad de disposiciones preexistentes que databan de hace más de setenta años.
La funcionaria israelí explicó que además de adaptar el marco normativo, el objetivo de la nueva ley fue actualizarlo para poder hacer frente a las múltiples y flexibles modalidades actuales de terrorismo. Feuchtwenger enfatizó además los múltiples debates parlamentarios que se desarrollaron previo a la aprobación, en el marco de la búsqueda del equilibrio entre la necesidad de luchar contra el terrorismo a la vez que se aseguran los derechos propios de una democracia. “Solo una democracia vibrante, segura y estable puede proteger los derechos humanos, y solo una democracia basada en el respeto a los derechos humanos puede alcanzar la seguridad”, sostuvo la especialista.
Casal, por su parte, dio una síntesis de la normativa argentina en la materia, y de sus modificaciones a partir de los ataques terroristas sufridos en la dé- cada de los 90. El fiscal general detalló además los factores que hacen que un Estado sea más vulnerable a los atentados de este tipo, como la existencia de controles migratorios laxos y las fronteras permeables, entre otros.
Al hablar de los aspectos procesales, Casal abogó por la aplicación de ciertas medidas de coerción excepcionales, dadas las características del delito de terrorismo, como las incomunicaciones y los arrestos preventivos. Sin embargo, al igual que su colega israelí, subrayó que “cualquier respuesta tiene que respetar siempre los parámetros de los derechos humanos”.
ACTUALIZAR LA LEY
En el segundo panel de la jornada, Santa Marina destacó la importancia de que la respuesta al terrorismo sea siempre proporcional, y que la legislación debe tener esto en cuenta. Para el juez federal, la ley nacional en la materia necesita ser aggiornada para ser una herramienta efectiva en la lucha contra el terrorismo y sus modalidades actuales. A modo de ejemplo, destacó la importancia de trabajar en los delitos conexos, como la falsificación de documentos, lo que puede derivar en la prevención de posibles ataques.
El profesor Gross comenzó su disertación en español, con un mensaje en el que aseguró que “el ataque en la calle Arroyo nos enseña que el terrorista es un ataque indiscriminado”. El académico expresó además que la impunidad es la que habilita a la realización de nuevos ataques, como fue en el caso de la AMIA en 1994. Su exposición se concentró en el frente económico de la lucha contra el terrorismo, principalmente en cómo terminar con el financiamiento a los terroristas mediante demandas civiles a los bancos internacionales, que en su gran mayoría cuentan con sedes en Estados Unidos, específicamente, en Nueva York.
El especialista sostuvo que si bien hasta hace poco era muy difícil ganar este tipo de demandas, la tendencia está cambiando. “En 2014 un jurado en Brooklyn dijo que el Arab Bank era responsable por 24 cargos de brindar apoyo material a ataques terroristas en los que resultaron heridos ciudadanos estadounidenses”, explicó. Sin embargo, destacó que la cuestión sobre la responsabilidad de los bancos, aún es eje de fuertes debates en EE. UU., y que se está a la espera de una decisión definitiva de la Corte Suprema.
Tras coordinar todo el evento, Juan Marteau fue el encargado de las palabras de cierre. El coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo expresó su compromiso para “que Argentina entienda que la lucha contra el terrorismo tiene que estar presente en la agenda política”.
El funcionario detalló algunas de las principales acciones que se llevan adelante bajo su liderazgo, como la evaluación nacional de riesgo en materia de terrorismo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas, en la que actualmente trabajan unos 30 funcionarios de seis ministerios.
Marteau también abogó por la elaboración de un proyecto de ley que incluya los más altos estándares internacionales actuales. “En el país tenemos una misión ético-política en la lucha contra el terrorismo, basada en la tragedia de los ataques y en la tragedia de la tragedia que es la impunidad”, aseveró.
